Un gran acuerdo contra la violencia de género en Castilla y León
La lucha contra la violencia de género puede ser el primer hito de una nueva etapa política en Castilla y León. Merece la pena.
La violencia de género ha vuelto a la agenda política de Castilla y León. Hasta ahora, la presencia de Vox en el Gobierno había marcado el paso en esta materia: desde el intento por imponer la escucha del latido fetal a las mujeres que interrumpen su embarazo hasta la exigencia de eliminar ayudas para la contratación de víctimas de violencia de género como arma negociadora de los presupuestos de la comunidad en 2022, el grupo de extrema derecha ha tenido entre sus fijaciones impedir todo trabajo relacionado con este ámbito. En esta cruzada se han valido, además, de intervenciones fuera de todo lugar en las Cortes de Castilla y León con especial protagonismo del hoy exvicepresidente de la Junta, García Gallardo, que ha sido acentuadamente hiriente con una cuestión que, cabe recordar, aún hoy, cuesta vidas.
Sin embargo, la salida del Gobierno de casi todos los consejeros de Vox ha hecho que el Partido Popular haya retomado los compromisos suscritos en el Pacto de Estado contra la violencia de género. No solo se muestran favorables a mejorar la legislación en esta materia, sino que hace escasas semanas el pleno de las Cortes dio luz verde a la aprobación de un pacto de comunidad contra esta violencia gracias al voto a favor de los populares a una iniciativa del PSOE. Este hecho nos permite dos observaciones: la primera, la escasa sensibilidad que demuestra el Partido Popular en relación a la violencia machista. Su lógica de pactos deja claro que esta cuestión es negociable cuando de gobernar se trata, lo que sitúa a los de Mañueco cercanos a posiciones iliberales impropias de un Partido Popular, el de Castilla y León, que se caracteriza por decirse democristiano. Sin embargo, la vuelta de los conservadores a espacios políticos de consenso, pese a que el precio sea su credibilidad en este asunto, es muy esperanzador si pensamos en lo verdaderamente importante: las víctimas de esta violencia y sus familias.
Pues bien, ante la pérdida de influencia de Vox, el Grupo Parlamentario Socialista encontró la oportunidad de sacar adelante la necesaria reforma de la ley de violencia de género de Castilla y León y así lo anunció públicamente. En un ejercicio de política pueril, el Partido Popular se afanó en deslizar en los medios que serían ellos quienes la presentaran. La sensación que se traslada a la ciudadanía es de falta de seriedad y rigor político. Si era necesario reformar la ley con tanta premura, ¿por qué la Junta había esperado al movimiento de otro partido político para hacerlo? Llegados a este punto, ¿no resulta más operativo trabajar sobre el texto presentado por el PSOE, habiendo sido este el primero? Desde luego, el gobierno de Fernández Mañueco parece más preocupado por el control de su relato que en desarrollar políticas públicas para la ciudadanía.
Más allá de las incoherencias que señalo, lo cierto es que existe una oportunidad de desencallar, bajo un enorme consenso, la reforma de una ley muy necesaria. El texto legislativo que propone el PSOE aporta una definición actualizada de todas las formas de violencia de género con especial atención al ámbito digital o a la violencia de carácter económico, se amplían los métodos de acreditación de la situación de violencia de género, apuesta por la investigación académica de este fenómeno teniendo en cuenta variables propias de la comunidad autónoma. Además, propone la creación de un observatorio contra la violencia de género y reconoce el especial papel de las asociaciones dedicadas a la erradicación de esta violencia. Del mismo modo, apunta a la formación del cuerpo funcionarial, de los servicios sociales, de los operadores jurídicos y de las fuerzas de seguridad (incluyendo la privada). En este sentido, también aboga por la formación del profesorado y del personal no docente en los centros educativos y pone el acento en la inspección educativa en cuanto a la coeducación. Incluye como novedad, dados los efectos del consumo de pornografía en las etapas infantojuveniles, el impulso de una asignatura con contenidos en materia de igualdad y educación sexual.
Dentro de las cuestiones relativas a los recursos a disposición de la víctima, se garantiza su acceso a la atención directa en un ámbito territorial inferior a la provincia. Esto se traduce en que, si una mujer sufre violencia de género, tendrá en su entorno más cercano recursos asistenciales y habitacionales. Además, se establece un sistema de ayudas económicas, especialmente para aquellas mujeres que, desgraciadamente, sufran lesiones invalidantes fruto de la violencia de género en cuyo caso la ayuda deberá colmar su mantenimiento y el de las personas que de ella dependan. En esta misma línea, se ofrecerán ayudas económicas para los huérfanos víctimas de la violencia de género que además dispondrán, si fuera necesario, de atención específica en el sistema educativo.
Sin duda, son actualizaciones más que necesarias que nos situarían a la altura de algunas recomendaciones internacionales importantes, especialmente del Convenio de Estambul. Llegados a este punto, y tras años de un ruido tan ensordecedor como improductivo ocasionado por los de Gallardo, quizás podamos bajar el volumen, volver a señalar las discrepancias con la cortesía que exige la buena política y trabajar por acuerdos siempre que se pueda. La lucha contra la violencia de género puede ser el primer hito de una nueva etapa política en Castilla y León. Merece la pena.