Todos los investigados apuntan a De la Riva como único responsable

El exconcejal responsable del Área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Valladolid, Manuel Sánchez, y el ex asesor para la operación ferroviaria, Carlos Baró, han apuntado al que fuera alcalde del PP durante dos décadas, Francisco Javier León de la Riva, como único responsable de la firma de la carta de conformidad que comprometía al Consistorio a devolver 100 de los 400 millones que un consorcio bancario concedió para la operación del soterramiento del tren a su paso por la capital.

En la línea de lo expuesto anteriormente por el ex edil de Hacienda, Alfredo Blanco; el ex interventor, Jesús Velázquez, y el secretario Municipal, Valentín Merino, que ya comparecieron en el Juzgado de Instrucción número 4, el primero como investigado y los otros dos como testigos, tanto Sánchez como Baró, igualmente en calidad de investigados, han sostenido este jueves ante la juez que la primera noticia que tuvieron de la 'comfort letter' fue en 2015 "por la prensa", a raíz de la denuncia de los hechos presentada por el Ayuntamiento, personado en las diligencias como acusación particular.

El primero en situarse al margen de la polémica carta de conformidad ha sido el exconcejal de Infraestructuras, Manuel Sánchez, que, asistido por el letrado José María Tejerina -es el mismo que representa al ex alcalde-, ha depuesto por espacio de poco más de un cuarto de hora para explicar que él tan sólo entendía de asuntos urbanísticos y ferroviarios, sin competencia alguna en materia de hacienda, así como que desconocía por completo la existencia del documento que fue firmado por León de la Riva.

Sin rastro del trabajo pagado a 500.000 euros

Tras él, el que fuera asesor de la operación ferroviaria, el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Carlos Baró, representado por el abogado Jesús Gómez Escolar, ha comparecido durante cerca de veinte minutos para defender el trabajo de consultoría y asistencia prestado para el exalcalde y el Ayuntamiento entre los años 2002 y 2015, en los que, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas, percibió honorarios por importe de 504.000 euros.

Lo llamativo del caso es que, según las mismas fuentes, en los expedientes examinados no queda rastro por escrito de dicha labor realizada a lo largo de 13 años, únicamente 'informes modelo', emitidos cada tres meses, en los que Baró se limitaba en folio y medio a indicar que había asesorado a León de la Riva en determinados asuntos relacionados con la operación ferroviaria, a excepción de la carta de conformidad, de la que asegura que no fue consultado por el ex regidor 'popular'.

A preguntas de cómo no había quedado rastro por escrito de su trabajo, el aludido mantiene que emitió muchos informes y que si éstos no habían quedado archivados era por causa atribuida únicamente al Ayuntamiento, al que, amén de la operación ferroviaria, también asesoró en materia de saneamiento y en los proyectos de los aparcamientos de La Antigua y la Avenida de Palencia, tarea por la que cobró a mayores ya que no contaba con incompatibilidad alguna.

Las diligencias abiertas en el Juzgado de Instrucción número 4, en las que hasta el momento figuran como investigados el exalcalde, el ex edil de Hacienda y el ex asesor ferroviaria, tratan de esclarecer la comisión de presuntos delitos de falsedad y prevaricación administrativa.

El principal investigado, Javier León de la Riva, fue el primero en abrir, el pasado día 22 de diciembre de 2016, el turno de interrogatorios.

Entonces se escudó en su desconocimiento de la trascendencia de lo que implicaba la polémica carta de conformidad, pues era un documento mercantil muy poco conocido en aquella época y, además, el primero que firmaba, de ahí que estampara su firma porque pensaba que no se trataba de una póliza de préstamo o línea de crédito y no formaba parte de un expediente administrativo que sí hubiera sido necesario tramitar.

La instrucción de la presente causa se produce después de que la Audiencia Provincial de Valladolid admitiera a trámite el recurso presentado por el Ministerio Fiscal y el Ayuntamiento -personado como acusación particular- contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 4 de sobreseer la denuncia que se presentó contra León de la Riva por firmar dicho documento, que fue anulado en vía administrativa tras el acuerdo del pleno celebrado en septiembre de 2016 que desvinculaba al Ayuntamiento de la obligación de afrontar la devolución de esos 100 millones de euros.