Tres acusados de arrasar una explotación porcina en Olmedo

Tres acusados de desmantelar una explotación de porcino en Olmedo propiedad de la empresa 'Acompor Pigs S.L' se enfrentan a la petición, por parte de la Fiscalía de Valladolid, de penas que suman siete años de cárcel. Los tres imputados estaban obligados a devolver dicha explotación al propietario después de incumplir las condiciones del contrato de arrendamiento y compra futura de dichas instalaciones.

El juicio se celebrará en la Audiencia Provincial el próximo martes, 28 de febrero, donde la acusación pública llevará, con carácter provisional, la petición de tres años de prisión para María Nuria O.P. y su hijo Sergio, así como un año para Jesús M.O, los dos primeros como autores de un delito de apropiación indebida y el tercero en calidad de cómplice, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

En concepto de responsabilidad civil, madre e hijo deberían indemnizar a la mercantil perjudicada, de forma conjunta y solidaria, en la cantidad de 50.780 euros, y con carácter subsidiario el tercer investigado.

Los hechos tienen su origen en el contrato de arrendamiento y compra futura de una explotación de porcino suscrito entre la empresa 'Matesanz Ortega S.L' y la propietaria de las instalaciones, la citada 'Acompor Pigs S.L', en virtud del cual la primera, de la que era administradora María Nuria O.P, se comprometía a explotar la finca ubicada en el Camino de la Mejorada, en Olmedo, que estaba dedicada a la cría y aprovechamiento de ganado porcino y se hallaba completamente equipada y en perfecto estado de mantenimiento.

Sin embargo, el contrato fue finalmente resuelto por incumplimiento de las obligaciones contractuales de la mercantil arrendataria, según sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Medina del Campo, de fecha 22 de marzo de 2013, ratificada seis meses después por la Audiencia de Valladolid y que obligaba a 'Matesanz Ortega S.L' a abonar a la propiedad una importante suma de dinero y a desalojar las instalaciones.

Fue entonces, siempre según la tesis de la acusación pública, cuando María Nuria O.P, ayudada por su hijo y Jesús M.O, con quien mantenían una relación de negocios, se dedicaron, al menos desde el 12 de noviembre de ese año, a desmantelar las instalaciones de la finca y a llevarse el material en días sucesivos en vehículos de la familia o alquilados por el tercer acusado.

Así, habrían, supuestamente, incorporado a su patrimonio materiales por importe superior a los 50.000 euros, entre los que figuran 504 boxes con sus separadores y comederos (14,112 euros), 384 rejillas madre (7.296 euros) y 204 jaulas parideras (12.272 euros), junto con un tractor valorado en 10.700 euros y dos minicargadoras por valor de 8.200 y 8.900 euros, respectivamente.

Debido a tal actuación, al efectuarse la diligencia judicial de lanzamiento el día 19 de diciembre de 2013, la sociedad propietaria de la finca se encontró con la desaparición de la mayor parte de los elementos y maquinaria de sus instalaciones.