La Renta Garantizada de Ciudadanía comenzó a regularse a finales de 2010, por lo que ya lleva seis años recogida en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Un tiempo que ha servido para que 66.311 personas hayan recibido un total de 320 millones de euros por parte de la Junta, según el informe de evaluación de la misma que se ha tratado este jueves en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Los datos más relevantes de la prestación de la Renta Garantizada de Ciudadanía indican que, a lo largo de 2016, fueron 38.560 personas las que se beneficiaron de esta ayuda, lo que supone un incremento de más de 1.000 beneficiarios con respecto a 2015, y más de 15.500 que los que se beneficiaron en 2011, primer año de su implantación.

En 2011 la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades destinó a la Renta Garantizada de Ciudadanía 27 millones de euros y en 2016 ha destinado 76,6 millones de euros, lo que supone un crecimiento presupuestario del 183%, según informa la Junta.

En todo el periodo de existencia de esta prestación, 2011-2016, la Junta ha destinado a la Renta Garantizada de Ciudadanía más de 320 millones de euros para beneficiar a 66.311 personas. La cuantía media que percibe cada titular es de 536 euros al mes.

En los últimos años se está poniendo el acento en perseguir la inserción socio-laboral de las personas y, en este sentido, en 2016 aumentaron más de un 37% los perceptores de Renta Garantizada de Ciudadanía que encontraron trabajo. Un total de 4.225 perceptores de la prestación consiguieron trabajo en 2016 frente a los 1.145 perceptores que lo consiguieron en 2015.

Respecto a los perfiles de los perceptores de Renta Garantizada de Ciudadanía, el 58,09% son mujeres y el 41,91% son hombres; el 29,56% tiene entre 36 y 45 años y el 23,56% tiene entre 25 y 35 años; el 62,57% de los titulares viven en el medio urbano y el 37,43% en el medio rural, y el 41,17% es beneficiario único y el 58,83% tiene cargas familiares.

Modificaciones

Desde su regulación a finales de 2010 ha sufrido diversas modificaciones, siempre con el acuerdo del Diálogo Social, pero las últimas y más importantes mejoras normativas se realizaron en 2016. En mayo, las Cortes de Castilla y León convalidaron con el voto favorable de todos los grupos parlamentarios el decreto-ley y a partir de ese momento se inició su tramitación como proyecto de ley.

En diciembre de 2016 se convirtió en ley con el apoyo unánime de todos los grupos parlamentarios de las Cortes. Esto posibilitó la flexibilización, ampliación y compatibilización de las principales prestaciones. Estas medidas garantizan también las necesidades básicas de subsistencia de familias sin especiales necesidades de inclusión social empobrecidas por la situación económica así como de las personas que, recibiendo prestaciones sociales por una actividad laboral, obtienen ingresos insuficientes para atender esas necesidades.

Junto a esto, y ya en enero de 2017, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades firmó un convenio con el Procurador del Común para establecer un marco jurídico de colaboración específica y de comunicación entre ambas instituciones para la coordinación de actuaciones en el marco de prestaciones previstas en el ámbito de los Servicios Sociales.

Además, se han ampliado los supuestos de compatibilidad de las prestaciones y ayudas de la Red de Protección, hasta un determinado límite, con determinadas prestaciones públicas como las prestaciones por desempleo, subsidio de desempleo, Programa de Renta Activa de Inserción (RAI), Programa de activación para el Empleo (PAE), Programa Personal de Integración y Empleo (PIE), Programa de Recualificación Profesional (PREPARA) u otras similares que normativamente se determinen.

De esta forma, se asegura que una persona que percibe la prestación por desempleo pueda compatibilizar y complementar ésta con otra de la Red de Protección, como por ejemplo la Renta Garantizada de Ciudadanía, hasta alcanzar el máximo establecido.

También se ha establecido la compatibilidad de las prestaciones de la Red con otras prestaciones sociales que antes eran incompatibles, como la percepción de prestaciones por la suspensión del contrato de trabajo por maternidad o paternidad y por riesgo durante el embarazo; las prestaciones por incapacidades temporales durante el desarrollo del trabajo, y la prestación por hijo a cargo, en los casos en los que el sujeto causante sea el hijo.

Uno de los principales objetivos de estas medidas es flexibilizar el cumplimiento de los requisitos para tener derecho a estas prestaciones fundamentalmente a través de modificaciones en las reglas de cómputo de ingresos, bienes muebles e inmuebles. De esta forma, lo que se quiere garantizar, apunta la Junta, es que se cubran las necesidades básicas de los autónomos y personas que, aunque tengan rendimientos del trabajo o propiedades de ciertos bienes inmuebles, no tengan cubiertas sus necesidades por imposibilidad de hacer efectivo su valor.

De esta manera, en aquellos casos en los que se tengan en cuenta los ingresos para el acceso, se establece para los autónomos que cuando se tengan en cuenta los rendimientos del trabajo por cuenta propia para el reconocimiento de las prestaciones, y estos fueran inferiores al 50% del importe de la base de cotización a la Seguridad Social, se computará como ingreso una cantidad igual a dicho importe.

Y, por otro lado, en los casos en los que se tenga en cuenta el patrimonio, se exceptuarán del cómputo los bienes rústicos ubicados en localidades que cuenten con menos de 5.000 habitantes; en el caso de bienes inmuebles urbanos, cuyo valor catastral sea inferior a 12.000 euros, se computarán al 50% de dicho valor y, por último, en los casos de copropiedad de un bien inmueble heredado, cuya titularidad sea compartida con personas ajenas a su unidad familiar, se excluirá del cómputo cuando el valor catastral de su parte sea inferior a dos anualidades del 80% del IPREM.