La CVE defiende el modelo público-privado de la gestión del agua

Ángela de Miguel, presidenta de la Confederación Vallisoletana de Empresarios, ha justificado el recurso de la CVE contra la remunicipalización de la gestión del agua por parte del Ayuntamiento. Además, ha mostrado la convicción de que el modelo de colaboración público-privada que existía hasta la fecha es el más adecuado para garantizar el estado del bienestar.

El recurso de la patronal vallisoletana, que se suma así a los presentados por la Abogacía del Estado, la propia Aguas de Valladolid y la Asociación Española de Empresas Gestoras del Agua Urbana (AGA), se enmarca en los mecanismos de un "Estado garantista en el que son los jueces los que tienen que decidir conforme a Derecho", ha explicado De Miguel, quien al tiempo que ha precisado que "el control judicial nunca debe dar miedo porque es una garantía para los ciudadanos, las empresas y la propia Administración".

De Miguel, en declaraciones recogidas por Europa Press, mantiene que si la CVE ha decidido acudir a la vía judicial contra la remunicipalización del agua es bajo la profunda convicción de que la colaboración público-privada es el modelo que "mejor garantiza el estado del bienestar. Sostenemos que es el correcto porque el dinero en manos de la empresa privada y gestionado por ella misma es muchísimo más eficiente y genera mucho más valor y riqueza que es luego lo que permite el estado del bienestar".

Pero además, la presidenta de la CVE ha incidido en la situación de incertidumbre por la que atraviesa la plantilla de Aguas de Valladolid pues, como así ha recordado, con el cambio una parte de los trabajadores tendrá que entrar en algún momento determinado por "criterios de mérito, concurrencia libre, capacidad...", algo que, en cambio, no afectará a aquellos que en su día accedieron a la antigua ASVA siguiendo los criterios que marca la norma de contratación administrativa.

"Estamos ante procedimientos nuevos y no existen muchos precedentes, de ahí que sea bueno contar con decisiones judiciales que marquen las reglas del juego tanto para las empresas como para la propia administración", ha sentenciado De Miguel.