La Sanidad continúa siendo protagonista en Castilla y León. En esta ocasión, el Defensor del Paciente ha solicitado a la fiscal superior de Castilla y León, María Lourdes Rey que abra una investigación de oficio sobre las listas de espera y la orden de "retrasarlas" a través de circulares como la que se ha conocido del Hospital Universitario de Burgos (HUBU).

La Asociación, en un comunicado recogido por Europa Press, ha explicado que se han dirigido a la Fiscalía para que abra la investigación ante lo que consideran "un presunto delito al poner en grave riesgo la salud y vida de las personas".

En este sentido, en un escrito dirigido a la fiscal, explican que como se puede comprobar la orden de retrasar las listas de espera para que los pacientes sean atendidos es una "prueba" que creen "clara" de que se está "jugando" con los pacientes.

En esta línea, han asegurado que además de desconocer lo que se hace con su salud, a los pacientes se les pone en riesgo e incluso "su vida", por lo que entienden que se debe investigar.

Listas de espera

"¿Cuántos pacientes con patologías de gravedad ya diagnosticadas están en espera aunque su médico ha puesto 'preferente'?", ha preguntado el Defensor del Paciente, que ha cuestionado qué significa "atención rápida" tanto en las esperas para intervención como pruebas diagnósticas.

La Asociación recuerda a la fiscal que los pacientes desconocen la gravedad de la patología que padecen hasta que el especialista no se lo comunica (hasta seis meses dependiendo de la especialidad, asegura), pero después la espera para la prueba y más tarde "otra vez al especialista para dar el diagnostico, después otra lista de espera para hacer preoperatorio o para recibir tratamiento otra lista de espera".

A juicio del Defensor del Paciente, este tiempo es "vital" para la mejora o curación del paciente, al que con estas listas de espera y "todavía más con el mandato de retrasarlas" hacen que sea un "atentado" contra personas que buscan la mejora de su situación y que "en muchos casos pierden no solo su calidad de vida, si no también su trabajo".

Por ello, ha explicado que la solicitud la fundamentan en que el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal obliga a los que por su cargo, profesión u oficio tuvieren noticia de algún delito público a denunciarlo inmediatamente al juez o al fiscal, algo que hacen con esta situación que entienden que pone la vida de los ciudadanos enfermos "en riesgo".