Suben un 30% las ayudas al alquiler hasta los 14,7 millones

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, destinará un total de 14,7 millones de euros para la nueva convocatoria de ayudas al alquiler de vivienda, un 30%más que en 2016.

De estas ayudas se beneficiarán en la Comunidad más de 11.000 familias, si bien la Junta, los sindicatos y la patronal estudian ya trasladar al nuevo Plan Estatal de Vivienda 208-2021 una postura de Comunidad para incrementar tanto la cuantía de las percepciones como el techo límite del alquiler, actualmente fijado en 475 euros.

La nueva convocatoria, tal y como ha explicado el titular de Fomento, Juan Carlos Suárez-Quiñones, al término de la Mesa del Consejo del Diálogo Social en materia de vivienda celebrada hoy, será publicada el próximo lunes, 8 de mayo, en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), de forma que los interesados podrán registrar sus solicitudes entre el 9 de mayo y el 8 de junio.

El presupuesto fijado para esta nueva convocatoria contrasta con los 11,3 millones de 2016 o los 5 millones de 2015, lo que supone en el primer caso un 30% más, triplicar en el segundo la cantidad asignada entonces y multiplicar por cinco la consignada en 2014, algo que, en palabras de Suárez-Quiñones, "permite atender al universo de personas interesadas que cumple los requisitos básicos exigidos", entre ellos, con carácter fundamental, presentar el justificante bancario que acredita la condición de arrendatario.

Al igual que en la convocatoria anterior, se mantiene el límite máximo de ingresos en 2,5 veces del IPREM, aunque, en función de las solicitudes presentadas y disponibilidades presupuestarias, excepcionalmente se podría llegar hasta tres veces dicho índice, mientras que por abajo ya no hay tope mínimo de emolumentos mensuales, que hasta 2015 era un IPREM (532 euros), con lo que se prioriza de este modo a los colectivos más desfavorecidos y vulnerables.

Se mantiene igualmente el porcentaje de subvención en el 40 de la renta anual, con un límite máximo de 2.400 euros anuales, que los parámetros máximos que permite el Real Decreto de prórroga del Plan Estatal de Vivienda.

Un derecho objetivo

Representantes de Cecale y de los sindicatos han acogido con satisfacción esta nueva convocatoria, entre ellos el secretario regional de Acción Sindical de CCOO, Vicente Andrés, quien se ha felicitado además de que con ella las ayudas al alquiler se convierten en un "derecho objetivo", en referencia a que las previsiones apuntan que serán cerca de 11.000 las familias solicitantes y las cuantías llegarán al cien por cien de las mismas.

"Tras una larga travesía, llegamos al objetivo del cien por cien", reitera Andrés, quien, al igual que el resto de integrantes de la Mesa del Diálogo Social en materia de vivienda, ha defendido la necesidad de incrementar en próximas convocatorias tanto las ayudas como el techo límite del alquiler fijado actualmente en Castilla y León en los 465 euros.

A tal efecto, Junta, patronal y sindicatos tienen previsto celebrar el próximo día 24 de mayo una reunión técnica a fin de consensuar una postura de Comunidad que llevar al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, al objeto de trasladar a éste, en concepto de alegaciones, distintas sugerencias en esta materia para favorecer a los colectivos más necesitados.

Pero además, en las dos próximas semanas está prevista una nueva reunión para coordinar el calendario de ayudas a la rehabilitación de edificios, que en 2016 consignó ayudas por importe de 7,1 millones de euros.

Con respecto a la convocatoria de ayudas al alquiler en 2016, por una cuantía de 10.146.141 millones, un total de 8.262 personas se benefició de ellas, de ellas, en una primera selección por cumplir los requisitos, 6.402 por un importe de 7.460.000 euros, y en una segunda de "repesca" otras 1.860 que se habían quedado fuera por falta de presupuesto y que se repartieron otros 2.686.050 euros. "Todos los que pidieron una ayuda y que justificaron el alquiler recibieron ayudas", ha subrayado el consejero.

La presente legislatura comenzó con una convocatoria extraordinaria en octubre de 2015 que dispuso de una línea de financiación de cinco millones de los Presupuestos Generales de la Comunidad, y que daba preferencia, en aquel momento, a quienes estuvieran incursos en un procedimiento judicial de resolución de su contrato de arrendamiento por impago de rentas y ayudar así a aquellas personas con especiales dificultades para acceder a una vivienda.

La convocatoria benefició a 3.473 solicitantes y fue la primera vez que eliminó el requisito de tener al menos unos ingresos de 1 IPREM (532,51 euros mensuales, en cómputo anual de catorce pagas), pudiendo desde entonces concurrir a las ayudas quien tenga ingresos inferiores.