De la Riva declarará el martes por la 'comfort letter'

De nuevo, la 'comfort letter' sobre la mesa. Francisco Javier León de la Riva, exalcalde de Valladolid, además de los que fueron concejales en sus equipos de Gobierno, Alfredo Blanco y Manuel Sánchez, tendrán que declarar de nuevo este martes, 23 de mayo, en los Juzgados por la firma de la carta de conformidad que sirvió de garantía en 2011 para la suscripción del préstamo solicitado por la Sociedad Valladolid Alta Velocidad.

El pasado mes de marzo, el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid había dictado ya auto de imputación contra el exalcalde del PP por el denominado caso de la 'comfort letter' o carta de conformidad que firmó en 2011 y que comprometía al Consistorio a devolver 100 de los 404 millones que un consorcio bancario concedió para la operación del soterramiento del tren a su paso por la capital.

Asimismo, el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid estimó el pasado mes de abril los recursos del Ayuntamiento y de la Fiscalía sobre el asunto de la 'comfort letter' y revocó el sobreseimiento provisional y archivo de actuaciones que se había dictado sobre los exconcejales 'populares' Alfredo Blanco y Manuel Sánchez, al tiempo que volvía a citar a declarar al exregidor.

Según informó en su día el Ayuntamiento de Valladolid a través de un comunicado de prensa, a través de este auto se citó a declarar de nuevo a los ediles Alfredo Blanco, que sigue como miembro del Grupo Municipal Popular, y Manuel Sánchez, que dejó la política municipal en 2015, junto al exalcalde que rubricó la 'comfort letter', Javier León de la Riva, a las 09.30 horas del 23 de mayo.

Mediante el auto del pasado 5 de abril, se estiman los recursos de reforma y subsidiario de apelación interpuestos por el Ministerio Fiscal y el Ayuntamiento de Valladolid a la vista de las nuevas pruebas aportadas por la defensa del Consistorio y se revoca el auto de 6 de marzo que acordó tramitar estas diligencias por los trámites del procedimiento abreviado contra De la Riva por los posibles delitos de prevaricación administrativa y falsedad documental.

Según explican las mismas fuentes ministeriales, en ese auto, ahora revocado, se acordó el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones contra Alfredo Blanco, Manuel Sánchez y Carlos Baró. Si bien sobre este último sí que se mantiene el sobreseimento.

El auto acuerda que se libre oficio al Ayuntamiento de Valladolid solicitando la remisión de un informe de la Intervención General sobre el procedimiento que debería haberse seguido para la firma de las dos nuevas Cartas de Conformidad del 28 de julio de 2008 y 24 de septiembre de 2010, aportadas como nuevas pruebas por el Ayuntamiento el 21 de febrero de 2017 y si el contenido de las mismas era acorde con el nivel de endeudamiento del Ayuntamiento cuando se produjo su firma.

Tanto el exalcalde como los dos concejales ya habían declarado a finales de 2016 ante el mismo juzgado de Instrucción por la firma del documento en enero de 2011, pues en la denuncia promovida por el actual equipo de Gobierno formado por el PSOE y Valladolid Toma la Palabra, se advierte de que el mismo podría haberse firmado de manera irregular, al no haber seguido los trámites de debate y aprobación en comisión y Pleno municipal.

"Que arroje más claridad"

El actual regidor, Óscar Puente, ha asegurado, en declaraciones recogidas por Europa Press, que espera que con esta nueva comparecencia de León de la Riva ante el juez se "arroje más claridad" sobre el asunto, pues ha recordado que "ahora han aparecido otras dos 'comfort letter'", por lo que considera que las versiones sostenidas por su antecesor en el cargo y por Alfredo Blanco son "difíciles de mantener".

Como consecuencia del citado préstamo de 404 millones de euros, la Sociedad Valladolid Alta Velocidad tiene pendiente la devolución de la mayor parte de la misma, pues sólo uno de los socios, las entidades del Grupo Fomento, han satisfecho el reintegro del primero de los plazos, con un pago de 62,5 millones de euros. El segundo ha cumplido el pasado 31 de diciembre.

En todo caso, estas dos entidades se han comprometido a abonar la totalidad del capital pendiente si se firma un nuevo convenio entre los socios --Renfe, Adif, Ayuntamiento y Junta de Castilla y León-- en el que se está trabajando actualmente y que contempla la renuncia al soterramiento y la ejecución de un proyecto de integración ferroviaria con la construcción de pasos peatonales, túneles y el adecentamiento de los bordes de las vías.