El TSJCyL investigará la presunta prevaricación y cohecho de Alfonso Centeno

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha asumido la competencia y nombrado al magistrado César Balmori para investigar presuntos delitos de prevaricación y cohecho atribuidos al procurador del PP y alcalde de Olmedo, Alfonso Centeno, quien figura inmerso en el sumario de presuntos sobornos del 'caso ADIF', que nació en Barcelona por los sobrecostes millonarios en las obras del AVE, adjudicadas a Isolux-Corsán.

El pasado día 12 de mayo se recibieron en esta Sala las anteriores diligencias previas seguidas, entre otras personas, contra Alfonso Centeno Trigos, en virtud del auto de inhibición dictado por el Juzgado de Instrucción número 6 de Valladolid respecto de la causa del Juzgado de Instrucción 9 de Barcelona que desde enero de 2014 investiga diversos delitos a raíz de la querella del fiscal contra cargos directivos de ADIF, Inocsa Ingeniería, S.L. y Corsan-Corvian Construcción, S.A.

La condición de aforado de Centeno y la presunta comisión de los delitos imputados en territorio de Castilla y León ha llevado al TJSCyL, a través de un auto, a asumir a competencia de los hechos.

De las actuaciones remitidas se desprende que Alfonso Ángel Centeno Trigos realizó junto con su esposa un viaje a Japón con un coste de 11.504 euros, gestionado y abonado por Isolux Corsán, entre los días 3 a 10 de agosto de 2007, cuando el investigado era vicepresidente de la Diputación de Valladolid, "sin que pueda por el momento precisarse si lo fue en razón de su cargo o a cambio o en retribución de alguna actuación concreta, extremos cuya investigación interesa".

Viaje cubierto por la empresa

La existencia y contenido de dos correos electrónicos de 4 y 12 de julio de 2007 alojados en el servidor de correo de la empresa Isolux Corsán "permite considerar, por el momento y sin perjuicio de lo que resulte de ulteriores actuaciones, que Alfonso Ángel Centeno Trigos, vicepresidente de la Diputación de Valladolid, y su esposa realizaron dicho viaje por cuenta de la citada empresa en las fechas referidas, por lo que resulta procedente asumir la competencia conforme propone la magistrada remitente", recoge el auto del TSJCyL.

El presente trámite de aceptación de competencia, continúa el TSJCyL, constituye únicamente una vía para la investigación judicial de unos hechos puestos en conocimiento del órgano jurisdiccional, sin que ello suponga todavía un acto de imputación judicial, aunque permita a los afectados comenzar a defenderse en el proceso.

Contra el presenta auto, por el cual el TSJCyL asume la competencia del caso y designa como instructor al magistrado César Balmori, cabe recurso de súplica en el plazo de tres días ante la propia Sala.

El aludido alegó el pasado mes de febrero, tras destaparse los hechos, que se trató de un viaje "privado" que él sufragó personalmente, para lo que entregó a los medios de comunicación una copia de la factura y del contrato de financiación, ya que la cuantía total se pagó en tres plazos.