Ecologistas en Acción se personará como acusación popular en las eólicas

Ecologistas en Acción se personará este miércoles como acusación popular en la investigación abierta en el Juzgado de Instrucción número 4 sobre el presunto cobro de comisiones por importe de 80 millones de euros en el proceso de autorización en Castilla y León de parques eólicos, con presunta implicación de una veintena de personas, entre ellas exaltos cargos de la Junta.

Así lo ha confirmado a Europa Press el portavoz de Ecologistas en Acción en Castilla y León, Luis Oviedo, después de que la juez estimara parcialmente su recurso y acordara rebajar de 20.000 a 3.000 euros la fianza que el colectivo ecologista habrá de depositar para poder figurar en la causa.

Por ello, el responsable de Ecologistas se presentará mañana en el juzgado para depositar la cantidad solicitada, para lo que se da la posibilidad de hacerlo mediante aval bancario o en metálico.

Oviedo recurrió el pasado viernes el auto de la instructora para lograr figurar en el proceso como acusación popular sin tener que abonar cantidad alguna o, en su defecto, una cantidad mínima, pues, como así advertía entonces, "depositar 20.000 euros supone el presupuesto del colectivo para todo el año".

El máximo responsable de Ecologistas justificó la pretensión del colectivo de sumarse al proceso dada la "trascendencia" de los hechos investigados y porque los mismos "vulneran o afectan directamente a los objetivos de la asociación", entre los que citó la lucha por conseguir energías limpias, la defensa del medio ambiente, y por entender que la actuación de las personas investigadas ha "lesionado bienes y derechos de todos".

Ecologistas en Acción figura ya como acusación popular en otros procesos que actualmente se siguen en distintos juzgados, como en el caso de la planta de residuos de Fuentepelayo (Segovia), donde no ha tenido que abonar fianza alguna, así como en la causa abierta al anterior Consejo de Administración de Caja España, en el que ha tenido que depositar 2.000 euros, o en la que investiga la presunta contaminación al medio ambiente de la fábrica de tableros Kronospan, en Burgos, tras consignar 1.000 euros.

"Lo que pretendemos es ejercer también de acusadores particulares en la trama eólica, pero sin la obligación de abonar esos 20.000 euros por entender que es exagerada para la disponibilidad presupuestaria de la asociación", advirtió la pasada semana Luis Oviedo.