Herrera va con el “perdón por anticipado” en la ‘trama eólica’

Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla y León, ha pedido “perdón por anticipado” por si en un futuro se confirmaran actuaciones delictivas en los procesos de autorización de parques eólicos por parte de algunos ex altos cargos del Gobierno regional. Dichas actuaciones se están llevando a cabo en el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid y corresponden a la denominada 'trama eólica'.

En su comparecencia en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes, a petición propia, para analizar la 'causa compleja' que se encuentra en plena fase de instrucción, el máximo responsable del Ejecutivo autonómico, en declaraciones recogidas por Europa Press, no ha tenido reparo alguno en avanzar sus disculpas públicas en el supuesto de que de la investigación judicial se derivaran finalmente responsabilidades penales de algunos exaltos cargos, entre ellos Rafael Delgado, entonces viceconsejero de Economía y más tarde secretario general, y Alberto Esgueva, director general de Excal, dependiente del mismo departamento.

"Lamento que se tengan que investigar unos actos contrarios a nuestro objetivo de asentar el Gobierno de esta Comunidad sobre unos principios éticos irreprochables. Vamos a conocer la verdad, y esa es la mejor forma de que los ciudadanos mantengan su confianza en la mayoría de los responsables públicos", ha aseverado Herrera.

El compareciente también ha dejado bien claro que los hechos objeto de la investigación no han supuesto "afectación de fondos públicos" y han certificado la "corrección de procedimientos", algo que, en su opinión, demuestra que "estaríamos ante un caso de corrupción de personas, no ante un caso de corrupción de instituciones o de la propia Administración".

En el caso de los aludidos exaltos cargos, en especial Rafael Delgado, el presidente reconoce que de confirmarse la comisión de los distintos delitos atribuidos por la Fiscalía Anticorrupción--prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales y contra la hacienda pública--"se estaría ante unos hechos de enorme gravedad", lo que justifica su comparecencia en sede parlamentaria. "Me encuentro entre los principales interesados de todo esto se esclarezca", ha apuntado

El mandatario castellanoleonés ha aprovechado su intervención para mostrar su "absoluto respeto y confianza en la Administración de Justicia", aunque también ha expresado su malestar por el hecho de que la Junta no haya tenido acceso en momento alguno al informe de la Agencia Estatal Tributaria (AEAT) que sirvió de base para la querella de la Fiscalía Anticorrupción y ni siquiera a esta última presentada en el Juzgado de Instrucción número 4, y ello a pesar de las continuas peticiones cursadas por la Administración autonómica, a la que tampoco se ha dejado personarse como acusación particular.

Y es que Herrera recuerda que la Junta tan sólo ha tenido acceso al auto de la juez instructora, de fecha 16 de mayo, rechazando su personación, de ahí que su intervención en la Comisión de Economía y Hacienda--insiste--toma únicamente como base las informaciones periodísticas divulgadas hasta entonces y el asesoramiento de los Servicios Jurídicos de la Administración regional sobre los procedimientos seguidos a la hora de autorizar los parques eólicos.

Pese a ello, Herrera ha subrayado en numerosas ocasiones que en cuanto la Junta tuvo conocimiento de los hechos, a partir de una información periodística en abril de 2015, se puso a disposición de la Fiscalía para facilitar todo tipo de documentación, como demostrarían los documentos aportados hasta en ocho ocasiones en los últimos dos años sobre los procedimientos habidos en los 209 parques eólicos autorizados en el periodo investigado.

Defensa de la avocación

Precisamente, y sobre la denominada 'avocación' utilizada a partir de 2004 por el principal investigado, Rafael Delgado, para, según sostiene en su querella la Fiscalía Anticorrupción, saltarse el control de los servicios territoriales y arrogarse la facultad de autorizar los parques, el presidente de Castilla y León ha realizando una encendida defensa de dicha figura como herramienta necesaria entonces para agilizar la tramitación ante la avalancha de solicitudes entre 2005 y 2015, hasta más de 2.000.

Al respecto, Herrera ha recordado que la figura de la avocación está contemplada en la Ley de Procedimiento Administrativo, que "es ocioso recordar, es norma de rango superior al Decreto 189/1997" que hasta 2004 atribuía a las delegaciones territoriales la facultad de autorizar los parques, "por lo que, si se cumplen los requisitos, sería legal".

De hecho, el presidente sostiene que la 'avocación' "no ha sido el problema, pues no ha habido ni una sola impugnación", en referencia a que de las 209 autorizaciones otorgadas entre 2005 y 2015 se utilizó dicha figura en 197, y de éstos 35 son los que podrían estar relacionados con los hechos objeto de investigación, mientras que los 167 restantes "no han recibido reproche alguno de la Fiscalía Anticorrupción".

Así, Herrera insiste en que el "problema ha sido el mal uso que algunas personas han podido hacer de esa figura" y unos procedimientos reglados y con un "objetivo loable", como era el desarrollo y potenciación de un sector, el de las eólicas, que han colocado a Castilla y León a la cabeza a nivel nacional, con 5.600 megavatios instalados--más del 24% del total en España--, 233 parques y una inversión empresarial superior a los 6.700 millones de euros.