La Fiscalía imputa a Villanueva por ‘La Perla Negra’

La Fiscalía de Valladolid ha remitido un informe al Juzgado de Instrucción número 2, encargado de investigar el caso de presuntos sobrecostes en la adquisición del Edificio de Soluciones Empresariales en Arroyo, más conocido como 'La Perla Negra', el fallido polígono de Portillo y el alquiler de la sede de la Junta en Bruselas, en el que imputa al que fuera consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, la comisión de un 'rosario' de delitos.

La acusadora entiende que los hechos imputados a Villanueva revisten caracteres de revelación de secretos, tráfico de influencias, prevaricación continuada, fraude a la administración y malversación de caudales públicos, sin que sea descartable la posible comisión de un delito de cohecho y blanqueo de capitales.

Además, sostiene que la investigación patrimonial realizada al segundo de abordo de Villanueva, Rafael Delgado, evidencia la disposición de cantidades de dinero que no guardan concordancia con sus ingresos como miembro de la Administración autonómica y muestra claros indicios de blanqueo de capitales y cohecho y los anteriormente imputados a su entonces jefe.

El citado informe, al que tuvo acceso Europa Press en fuentes jurídicas, recuerda en primer lugar que el 6 de junio vence el plazo de instrucción y solicita una prórroga de la misma por un periodo de 18 meses, tras advertir de que faltan por recibirse y completarse multitud de informes y pruebas, al tiempo que interesa que se ponga en conocimiento del ex consejero de Economía la existencia del presente procedimiento por su participación en el alquiler y posterior compra de 'La Perla Negra', la adquisición de terrenos en Portillo y los hechos relacionados con la empresa Unifica Servicios Integrales, adjudicataria directa de suministros y obras en la cafetería, restaurante y guardería del edificio de Arroyo.

En este contexto, y aunque hasta la fecha Villanueva no había sido citado en la causa que investiga el Juzgado de Instrucción número 2, el escrito de la Fiscalía de Valladolid, al que ha respondido el juez titular con una providencia dando cuenta del mismo a las distintas partes personadas para que se pronuncien sobre la posible prórroga de las diligencias, hace presuponer que el que fuera consejero de Economía y Empleo será llamado a declarar, lo más probable que en calidad de investigado.

Con respecto al contrato de alquiler del edificio de Arroyo a Urban Proyecta PM3 y posterior compra del inmueble, la fiscal jefe de Valladolid, Esther Pérez, entiende que "parten de la decisión personal del consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva", primero a través de la ADE y luego de Gesturcal S.A/ADE Parques.

Sin embargo, esta decisión personal de alquiler y posterior compra del inmueble, a juicio de la acusadora pública, canalizada a través de Gesturcal S.A/ADE Parques, "conculca gravemente la legislación existente", en referencia a que las operaciones no siguieron el procedimiento previsto en la ley contractual pública, a lo que añade el hecho de que tal competencia no era de la Consejería de Economía y Empleo sino de la Consejería de Hacienda.

"El consejero, Tomás Villanueva, obtuvo una delegación para alquilar, pero nunca podría delegar lo ya delegado y nunca obtuvo la delegación para comprar", advierte la fiscal, que añade que las administraciones públicas no pueden contratar verbalmente sino que necesariamente tienen que seguir el procedimiento previsto en la ley.

Pese a ello, apunta que los máximos responsables de la Consejería de Economía y Empleo lo hicieron "utilizando la superioridad jerárquica que ostentaban respecto de los miembros del Consejo de Administración de Gesturcal S.A/ADE Parques, disfrazando la adjudicación directa de los contratos relatados, que ya estaban previamente decididos, tanto en su realización como con la empresa con la que contratarían, mediante su inclusión en el consejo de administración de una sociedad pública, eludiendo de esta manera la aplicación del Derecho Administrativo que tendría que haberse aplicado en todas las fases del concurso de haber contratado el consejero".

En este sentido, considera que Villanueva utilizó la empresa pública a la que trasladó su voluntad a través de sus órganos de dirección, vulnerando igualmente la legalidad administrativa vigente, en tanto que Gesturcal no era un ente instrumental de la Consejería de Economía y no podía realizar a la misma encomiendas de gestión, tratándose además de actos para la que el consejero no tenía competencia, en tanto que el alquiler y la compra de inmuebles eran competencia de la Consejería de Hacienda.

Por su parte, Urban Proyecta PM3, siempre a juicio de la fiscal, ya sabía que iba a ser la adjudicataria y beneficiaria de los contratos ya relatados en tanto que tan solo cinco meses después de su constitución, y antes de ser propietaria de los terrenos sobre los que se iba a construir en Arroyo el Edificio de Soluciones Empresariales, ya facturó en septiembre y noviembre de 2005 al estudio de arquitectos Lamela pagos por la elaboración del proyecto ADE/Valladolid.

Urban Proyecta

"Y sabía que le iba a reportar importantes beneficios porque no se explica, desde el punto de vista empresarial, que adquiriera el terreno por 12 millones, cuando su adquiriente previo había pagado 600.000 euros", advierte la acusadora pública.

En su escrito, la fiscal recuerda que los miembros del Consejo de Administración de Gesturcal ya han indicado que la decisión de alquilar y comprar el polémico edificio fue de Villanueva, hasta el punto de que uno de ellos, el hoy delegado territorial de la Junta, Pablo Trillo, incluso llegó a hablar con el consejero para indicarle lo elevado del precio de ambas operaciones, teniendo que acudir al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, para trasladarle su preocupación por el gasto excesivo.

La consideración de Rafael Núñez como alto cargo de la Junta de Castilla y León ha estado unida al desempeño de Tomás Villanueva de funciones públicas de rango superior, de ahí que la fiscal jefe interese con respecto a este último una investigación patrimonial, ampliable a familiares y allegados, no sólo por los delitos expuestos relativos a la contratación sino también por el posible delito de blanqueo de capitales.