Justicia destina 120 millones de euros a inversiones tecnológicas

El Ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha visitado este jueves la capital leonesa, donde ha reconocido los "retrasos" que ha sufrido la justicia en cuanto a su adaptación a las nuevas tecnologías, por lo que, según ha anunciado, los próximos PGE destinarán una partida de 120 millones de euros para inversiones tecnológicas que permitan el avance y adaptación de la Justicia a la sociedad del siglo XXI e incorpore así las tecnologías a su vida diaria.

“Uno de los desafíos que tenemos por delante es hacer que la administración de justicia funcione como lo hace la sociedad española de 2017”, ya que “muchos servicios municipales y autonómicos han incorporado las nuevas tecnologías a su quehacer diario”, ha afirmado Catalá.

No obstante, Catalá se ha mostrado satisfecho con el caso particular de Castilla y León, donde, desde enero de 2016, cuando se hicieron obligatorias las comunicaciones electrónicas, se han registrado un total de ocho mil documentos a través de la plataforma digital Lexnet. Además, Catalá también ha puesto de ejemplo el caso de la provincia de León, "una de las primeras de España en tener integrado el expediente digital", ya que a día de hoy la justicia digital ya funciona en cuatro partidos judiciales, a lo que se sumarán los tres restantes a lo largo de junio.

Para que estos avances tecnológicos y la implantación de la justicia digital se haga efectiva, es necesario, según el Ministro de Justicia, que todos los profesionales de este ámbito "hagan un esfuerzo para adaptarse al avance".

Unos profesionales, como los presidentes de las Audiencias Provinciales de España, con quienes ha comido hoy con motivo de la celebración de sus Jornadas Anuales, a quienes ha anunciado que expondrá todos los proyectos y líneas de trabajo en los que se encuentra inmerso el Ministerio y, por otra parte, podrá escuchar, de primera mano, las mejoras, inquietudes, preocupaciones y propuestas que tienen los asistentes a las Jornadas. De ellos, Catalá ha dicho que son "uno de los niveles importantes de organización del sistema judicial en España".