Con el 1-O a la vuelta de la esquina, el presidente de la Diputación de Segovia y secretario regional del PP de Castilla y León, Francisco Vázquez, ha suscrito el manifiesto en defensa del orden constitucional español y de apoyo a los alcaldes y regidores catalanes en su resistencia frente al secesionismo y su intención de celebrar un referéndum ilegal.

El manifiesto recuerda la "gravedad" de los acontecimientos que se viven en los últimos días en Cataluña, donde se "desprecia" la Constitución y el Estatuto, con el sometimiento a la Ley puesto "a la sombra" y también con daño a los valores democráticos ampliamente aceptados por la comunidad internacional, según han señalado desde el PP.

La Constitución Española, según expone textualmente en su artículo segundo, se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas y así lo apunta el documento firmado por Vázquez.

Esa unidad, y ese reconocimiento de "nuestra propia diversidad", han sido "las piedras angulares del éxito" de la Carta Magna, que desde 1978 ha garantizado "nuestro período de mejor convivencia" y ha generado también la mayor etapa de desarrollo y prosperidad "de nuestra historia", con pilares "básicos" como la soberanía nacional, la igualdad de los españoles, la solidaridad entre personas y pueblos, la convivencia democrática y el cumplimiento de la Ley, como continúa el manifiesto.

Unos valores "esenciales", recuerda el texto, que desde posiciones "excluyentes y separatistas" se pretende alterar con el incumplimiento "flagrante" de la ley y la ruptura del modelo constitucional.

El documento refrendado por Vázquez agrega que frente a esta situación, el Gobierno ha reiterado su compromiso y su convicción en defensa de los valores democráticos "emanados de la legalidad vigente, respondiendo con firmeza y proporcionalidad al desafío secesionista contra el orden constitucional que nos hemos dado entre todos, que ampara y garantiza los derechos y libertades de todos los españoles".

El Estado de Derecho y el marco de convivencia han permitido "el progreso de nuestro país y corresponde preservarlo ahora más que nunca, por encima de las distancias ideológicas", por el interés general. Se trata de una responsabilidad, continúa el manifiesto, que "nos incumbe también a las entidades locales", y que debe mover a mostrar "nuestra solidaridad y apoyo" a los representantes de los ayuntamientos catalanes que soportan una presión "intolerable" por negarse a participar en un referéndum secesionista declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.

Los alcaldes en municipios de capital de provincia y en los Ayuntamientos de gran población, y los presidentes de Diputación del Partido Popular, defienden "conjunta y solidariamente" una serie de compromisos. El primero de ellos supone la afirmación de vivir en una nación de ciudadanos "libres e iguales", cuya soberanía nacional e integridad territorial prevalece frente a cualquier intento de "referéndum ilegal de secesión".

En segundo lugar, aseguran que creen que España es un país "de derechos y libertades" y que se puede plantear y discrepar de cualquier tema, "siempre por cauces democráticos". Así, si algunos dirigentes de Cataluña quieren la independencia "pueden intentarlo" a través de una reforma de la Constitución, pero "en ningún caso saltándose la Ley o vulnerando los derechos" de los demás.

Los alcaldes y presidentes de Diputación muestran también su apoyo a funcionarios y empleados públicos, jueces, fiscales, fuerzas y cuerpos de Seguridad que actúan "en defensa de la legalidad". Respaldan al Gobierno en el ejercicio de sus funciones como "garantía" del mantenimiento del Estado de Derecho y del cumplimiento y respeto a la legalidad vigente.

Los populares se muestran convencidos de que el Estado de las Autonomías, con su principio de solidaridad entre todas las nacionalidades y regiones que lo integran, es el "mejor y el más valioso" modelo político y territorial que se pueda plantear, pues permite un "altísimo" grado de autogobierno, "único en Europa".

Por todo ello, solicitan a los responsables de la Generalitat, especialmente a su Presidente, Carles Puigdemont, y de los diputados independentistas del Parlament de Cataluña que "vuelvan" al Estado de Derecho y al cumplimiento de la Ley.