CCOO, en lucha por incrementar la recaudación y mejorar servicios públicos

El sindicato CC.OO ha presentado un conjunto de acciones que dará a conocer a la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, ante los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2018 con el fin de introducir medidas destinadas a incrementar la recaudación y mejorar los servicios públicos.

A través de un comunicado de prensa recogido por Europa Press exige, como en años anteriores, que la Administración mejore los ingresos que obtiene con los impuestos para evitar tener que "seguir recortando los servicios públicos".

La propuesta de CC.OO plantea un escenario para el presupuesto de 2018 que permita mejorar los servicios públicos e incentivar la economía con los recursos actualmente disponibles, pero sobre todo contempla un total de 8 medidas para incrementar la recaudación y mejorar la financiación de los servicios públicos de Castilla y León.

La primera de las medidas planteadas son, en primer lugar, la subida progresiva del Tramo Autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, focalizada en las rentas más altas que tiene un impacto previsto de 125 millones de euros.

La propuesta de CC.OO se basa en una reforma del tramo autonómico del IRPF que permita incrementar la recaudación, de manera progresiva, para no afectar a las rentas más bajas y supondría un incremento de la cuantía a pagar conforme mayor sea la renta del contribuyente.

El sindicato prevé es mantener el tipo impositivo del primer tramo (hasta los 12.450 euros de base liquidable); incrementar en 0,5 puntos el segundo (el tramo de 12.450 euros a 20.200 euros); en 1,5 puntos el tercero (de 20.200 euros a 35.200 euros); en 2 puntos el cuarto (de 35.200 euros a 53.407,2 euros) y, finalmente, incrementar en 3 puntos el tipo impositivo del quinto y último tramo (a partir de 53.407,2 euros).

La segunda medida defendida por CC.OO es la introducción de un límite máximo en todas las deducciones autonómicas en el IRPF existentes en Castilla y León, lo que supondría un impacto de 31,5 millones de euros. "Proponemos establecer un límite muy estricto a la cuantía máxima que un contribuyente pueda deducirse en relación a cada una de las deducciones autonómicas existentes, que lleve a disminuir la cuantía total de las mismas a un tercio de la actual", ha explicado el sindicato.

CC.OO pedirá también a Del Olmo una disminución de la reducción general existente en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones de 300.000 euros a 90.000 euros, lo que supone un impacto previsto de 65 millones de euros. Actualmente el impuesto de sucesiones y donaciones entre familiares directos está exento para los primeros 300.000 euros.

Además, desde CC.OO se defiende la reforma del Impuesto sobre Patrimonio, para dotarlo de una mayor capacidad recaudatoria, lo que supondría 30 millones de euros. Actualmente, el mínimo exento en el Impuesto de Patrimonio es de 700.000 euros, más 300.000 euros por vivienda habitual, por lo que en la práctica alcanza 1.000.000 euros.

La propuesta sindical propone una reforma en dos sentidos: en primer lugar, lo más importante, es reducir el mínimo del impuesto hasta los 300.000 euros, más 300.000 euros por la vivienda habitual. A lo que suma un incremento de los tipos impositivos en un 5 por ciento, en la línea de lo planteado por el grueso de las Comunidades Autónomos que han introducido reformas del impuesto.

Otra de las acciones planteadas por CC.OO es el desarrollo de una fiscalidad medioambiental específica que alcance el 0,25 por ciento del PIB, desde el 0,13 por ciento actual, mediante la introducción de nuevos impuestos medioambientales que graven efectos externos negativos. Esta acción tendría un impacto previsto de 66 millones de euros.

CC.OO propone una introducción de un Impuesto para las grandes superficies comerciales y la apertura de establecimientos comerciales en días festivos, lo que tiene un impacto previsto de 25 millones de euros.

Un impuesto sobre las pernoctaciones turísticas en la Comunidad con un impacto previsto de nueve millones y un Plan contra el Fraude Fiscal en Castilla y León, impulsado por la Junta bajo la coordinación con la Agencia Tributaria por 80 millones de euros, cerrarían las propuestas del sindicato.