Amnistía Internacional organiza una mesa sobre el derecho a la vivienda

Los grupos locales de Amnistía Internacional Valladolid y Palencia, organizan la mesa redonda “El derecho a la vivienda no se vende” donde se presentará el informe de Amnistía Internacional, La crisis de la vivienda no ha terminado.

Se debatirá sobre el derecho a la vivienda, con Integrantes de las plataformas: Stop Desahucios, Plataforma Antidesahucios de Palencia y Jueces para la Democracia.

Desde el comienzo de la crisis económica en 2008, decenas de miles de personas que no podían man­tenerse al día en el pago del alquiler de su vivienda han sido desahuciadas.

La legislación que regula los contratos de alquiler y los desahucios, sometida a varias reformas desde 2009 (la más importante en 2013), no garantiza la seguridad de tenencia. La duración legal de los contratos de alquiler y los plazos judiciales en caso de desahucio se han acortado, y la ley no permite a los jueces evaluar la proporcionalidad del desahucio en función de las circunstancias particulares de cada caso.

Tras el desahucio, muchas personas no pueden eludir la trampa de la vivienda insegura porque las autoridades públicas no proporcionan las alternativas de alojamiento necesarias. Las autoridades no están adoptando las medidas necesarias para evitar que las personas afectadas por los desahucios se queden sin hogar, ni están destinando los recursos necesarios a la protección y realización del derecho a la vivienda de las personas que lo necesitan.

Esto queda especialmente patente en el caso de las mujeres que se enfrentan a múltiples formas de dis­criminación, lo que afecta al disfrute de sus derechos económicos y sociales, como las madres solteras, las mujeres que se encargan del cuidado de otras personas, las mujeres inmigrantes, las mujeres con discapacidad y las víctimas de violencia de género. Todo ello da lugar a violaciones de las obligaciones internacionales de España en materia de derechos humanos.

El gasto público general de España en “vivienda y servicios comunitarios” fue del 0,50% del PIB en 2014 (últimos datos comparativos disponibles), inferior al de la mayoría de los países de la OCDE, entre ellos Estados Unidos (0,54%), Portugal (0,60%), Eslovaquia (0,61%) y Francia (1,44%).

El presupuesto público español para acceso a la vivienda y fomento de la edificación en 2016 apenas superó los 587 millones de euros, lo que representa menos del 36,5% de los 1.606 millones de 2009.

España es, de todos los Estados de la OCDE, el que tiene la peor relación entre el precio de la vivienda y los ingresos. Esto significa que en ningún otro país de la OCDE los ingresos se han quedado tan reza­gados respecto a los precios de la vivienda como en España.

España es también el país de la UE donde más ha subido el gasto particular en vivienda, pasando de representar el 17,4% del gasto total de los hogares en 2005 al 23,0% en 2015.

La crisis del derecho a la vivienda continúa. En 2016 hubo 34.193 desahucios de viviendas en alquiler en España (además de 26.397 desalojos hipotecarios).

Sin embargo, estos datos no reflejan el panorama completo. Los datos públicos sólo reflejan la dis­tribución territorial de los desahucios (y de las ejecuciones hipotecarias, en el caso de los desalojos hipotecarios), pero no hay información disponible sobre el número de personas afectadas: no se sabe cuántas de ellas son hombres, mujeres, menores, personas adultas, víctimas de violencia de género, personas extranjeras o de otros grupos, ni si, como consecuencia de los desahucios y los desalojos, ha aumentado el número de personas sin hogar.

Cientos de miles de familias se enfrentan a la pobreza, la exclusión social y la privación material, que afectan especialmente a las mujeres. Con una tasa de desempleo que todavía asciende al 18,6% (20,3% para las mujeres y 17,2% para los hombres), el índice medio de exposición a la pobreza es del 22,1%, y del 37,5% en el caso de las familias monoparentales, el 83% de las cuales están encabezadas por mujeres. La vivienda en alquiler también predomina de manera significativa en las familias mono-parentales: el 28,1% vive en casas de alquiler, frente al 15,6% de las familias medias.