Junta y universidades acuerdan proteger los derechos de la infancia

La Junta, a través de sus consejerías de Familia e Igualdad de Oportunidades y de Educación, y las universidades públicas y privadas de Castilla y León han sellado hoy un pacto para impulsar y fomentar acciones en pro de los derechos de la infancia, cometido en el que todas ellas han ofrecido su compromiso social para, en palabras del titular del segundo de ambos departamentos, Fernando Rey, lograr una "sociedad decente en la que estén garantizados todos los derechos de cada uno de los niños de la Comunidad".

Se trata de un protocolo suscrito coincidiendo este lunes, 20 de noviembre, con la celebración del Día Internacional de los Derechos del Niño, y al que se han sumado Rey, la consejera de Familia, Alicia García, los máximos responsables de las cuatro universidades públicas de la región: Daniel Miguel, en representación de la de Valladolid; Juan Francisco García, por la ULE; la vicerrectora de la USAL, Cristina Pita; Manuel Pérez Mateos, por la UBU, así como los de las privadas: Myriam Cortés, por la Pontificia de Salamanca; Imelda Rodríguez, de la UEMC; María del Rosario Sáez, de la UCAV; Salvador Carmona, por la IE Universidad Segovia, y Alberto Gómez Barahona, en representación de la Isabel I de Castilla.

La firma supone la adhesión de todos ellos al Pacto por los Derechos de la Infancia en Castilla y León aprobado el 20 de octubre de 2012, del que forma parte ya un total de 177 entidades 'socias' y que cuenta con dos grupos de trabajo permanentes en materia de juventud y educación, tal y como se ha felicitado la consejera de Familia, Alicia García, quien, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha subrayado que supone la "primera alianza estratégica entre la Junta y las universidades" en esta materia que tiene por destinatarios a un total de 83.000 alumnos que cursan estudios en las nueves instituciones académicas.

García ha incidido en que el espacio de colaboración y cooperación que se abre con este protocolo posibilitará un amplio abanico de actuaciones, entre ellas acciones de educación y formación específicas en el ámbito universitario para contar con profesionales cualificados y preparados en la atención a los menores y que, al mismo tiempo, redunden en la mejora constante del sistema de protección a la infancia, y acciones de sensibilización e investigación para una mejor protección de los derechos de los menores.

En la misma línea, el titular de Educación, Fernando Rey, ha recordado que el "liderazgo" en esta materia corresponde a la Consejería de Familia pero también ha recordado que las universidades juegan también un papel esencial ya que todas ellas trabajan con una materia, la educación, que constituye uno de los derechos de la infancia, y por ello ha defendido que mientras no estén garantizados todos y cada uno de los derechos de todos los niños no tendremos una "sociedad decente", algo "en lo que queda mucho todavía por hacer".

Al respecto, Rey ha alabado precisamente el "compromiso social" plasmado en la labor de todas las universidades de la Comunidad, públicas y privadas, hasta el punto de asegurar que si las clasificaciones sobre la calidad educativa de estas instituciones a nivel mundial tuvieran en cuenta dicha circunstancia, "las de Castilla y León escalarían bastantes más puestos".

Visibilizar el trabajo

Todos y cada uno de los responsables de las distintas universidades han comprometido el esfuerzo de sus respectivas instituciones, entre ellos el de la UVA, Daniel Miguel, quien, sin embargo, ha advertido de que todo el trabajo desplegado en la materia en el ámbito universitario no tendrá el impacto necesario si no se logra una mayor visibilización. "Podemos predicar mucho, pero si el mensaje no llega a la sociedad será muy difícil hacerlo", insiste.

Para el rector de la UBU, Manuel Pérez Mateos, la responsabilidad de las universidades es "especial" ya que están formando, entre otros, a los futuros maestros, mientras que los responsables de otras han puesto de manifiesto distintas iniciativas de análisis sobre los derechos de la infancia realizadas en el ámbito universitario.

Así, la rectora de la Pontificia, Myriam Cortés, ha puesto como ejemplo la jornada sobre suicidio juvenil, "una de las primeras causas de muerte entre los jóvenes, luego algo no se está haciendo bien", ha lamentado, mientras que su homóloga de la UCAV, María del Rosario Sáez, se ha referido a los casos de violencia existentes en el seno familiar, "un auténtico drama".

Frente a ello, la rectora de la UEMC, Imelda Rodríguez, ha abogado por la "educación de calidad como el verdadero escudo" que, a su juicio, puede contribuir a evitar casos de violencia y permite además el empoderamiento de las mujeres, mientras que el máximo responsable de la Isabel I de Castilla, Alberto Gómez Barahona, se ha felicitado por la consecución de este pacto que tiene por destinatarios a los niños, "que son el presente, en ocasiones víctimas de la crisis y las situaciones de violencia familiar y 'mobbing', pero también el futuro de este país".

En esta línea de actuaciones, en el ámbito docente se contempla tanto favorecer en las universidades el desarrollo de titulaciones propias y específicas en esta materia como la inclusión de contenidos sobre derechos de la infancia en todas aquellas titulaciones cuya salida profesional esté relacionada con la atención directa a menores de edad.

Junto a esto, se fomentará la realización y difusión de materiales didácticos con contenidos educativos que promuevan el conocimiento de los derechos de la infancia.

En el área de sensibilización, las universidades promocionarán actuaciones de sensibilización entre el alumnado en materia de derechos de la infancia y apoyarán y colaborarán en la puesta en marcha de campañas de sensibilización sobre la protección de los derechos de la infancia, utilizando como herramientas de difusión las nuevas tecnologías y especialmente la redes sociales de las universidades.

Finalmente, en el área de investigación se realizarán estudios y trabajos relativos a la infancia de Castilla y León y se fomentará la creación en las universidades, a través de sus bibliotecas, de un espacio con un fondo bibliográfico especializado, destinado a la información sobre derechos de la infancia.

En virtud del protocolo firmado, las universidades de Castilla y León se comprometen también a participar en actos relacionados que den visibilidad a los derechos de la infancia. Todas las actuaciones de este protocolo se desarrollarán a través de acuerdos específicos sobre las diversas actividades y proyectos.