Esta mañana ha arrancado en el Juzgado de lo Penal de Zamora el juicio contra cinco miembros de la asociación Lobo Marley por la destrucción de casetas de avistamiento del lobo, con la acusación del Ministerio Fiscal, la Junta de Castilla y León y un particular, el titular del coto de Figueruela.

El abogado de la defensa ha mantenido que este es un procedimiento que se sigue por un presunto delito de daños del que se acusa a cinco personas integrantes de la asociación Lobo Marley y “lo único que han hecho es defender las especies protegidas, en este caso el lobo, en principio consideramos que no existe ningún delito, lo único que se ha hecho es proteger al lobo”.

Asimismo, el abogado de la defensa ha indicado que se desconoce la función que tienen la caseta y “esperemos que nos lo expliquen”, resaltando que el debate es si se han producido o no los daños.

Luis Miguel Rodríguez, cabeza de Lobo Marley, minutos antes del inicio, ha puesto de relieve que Castilla y León “está perdiendo la maravilla que tiene con este animal y además se le esta cazando de mala manera”, reconociendo que es especie cinegética en la provincia, pero “también es cierto que se utilizan unos cebaderos y unas casetas de la muerte ilegales en contra de la ley de caza y eso no puede permitirse”.

“En estos momentos hay decenas de casetas erigidas en diferentes parajes de la provincia desde las que se va a matar al lobo o se esta haciendo ya, eso es indecente, no lo puede asumir una sociedad y Lobo Marley lo que hace es dar la cara por toda una sociedad, por la zamorana y la española, la europea y la mundial, no queremos perder a esa joya que es el lobo ibérico y queremos que eso se entienda desde la justicia y eso hemos venido a defender”, ha concluido.

Por último, Ramón Hernández, abogado de la acusación particular, ha señalado que el Fiscal pide 24 meses de multa y la acusación particular pide dos años y medio de prisión y una multa que asciende a 12.000 euros de daños y perjuicios derivados de la imposibilidad del aprovechamiento cinegético, y alrededor de 5.000 euros de los daños en las casetas.

Hernández ha manifestado que “es un hecho incuestionable y prácticamente reconocido por los acusados a lo largo del trámite de instrucción, que lo primero que hay que aplicar en este país es el principio de la legalidad, en base a eso lo que se tiene que determinar es si unas determinadas personas han cometido un hecho delictivo como un delito de daños, lo demás es absolutamente irrelevante”.

El abogado de la acusación ha proseguid su intervención señalando que “si alguien quiere, porque no está en desacuerdo con las técnicas de caza de la provincia, cuestionarlas, tiene a su disposición la vía de la jurisdicción ordinaria para hacer valer sus pretensiones, pero no actuar ilegítimamente en un ejercicio arbitrario del derecho, pero no perjudicando intereses particulares y los intereses de los vecinos de las comarcas”.

Hernández ha añadido que “no se puede consentir que determinadas personas unilateralmente pretendan ejercer un derecho, no sé cuál es, conculcando el derecho de otras personas” siendo ese el planteamiento a mantener en el procedimiento judicial.