Familia y Educación actúan contra el maltrato en centros docentes

Las consejerías de Familia e Igualdad de Oportunidades y de Educación han establecido un protocolo de actuación en centros docentes para detectar de forma precoz el maltrato infantil y clarificar el proceso de intervención a seguir y llevar a cabo la notificación correspondiente.

El protocolo establece los pasos a dar, aunque los centros educativos ya actuaban si detectaban estos casos y, de hecho, en los últimos cinco años se han notificado 281 sospechas --entre un 5 y un 8 por ciento del total de las recibidas en los Servicios Sociales--, de las que 115 derivaron en expedientes de protección, en la mayor parte de los casos por negligencias físicas y psíquicas, así como por maltrato físico.

Así lo han explicado los consejeros de Familia e Igualdad de Oportunidades y Educación, Alicia García y Fernando Rey, respectivamente, quienes han presentado el 'Protocolo de intervención educativa ante el posible riesgo y/o sospecha de maltrato infantil en el entorno familiar', que establece un marco de coordinación permanente en la materia.

El documento va destinado por un lado a concienciar y formar al profesorado de los centros educativos de toda la Comunidad respecto a la detección precoz de estas situaciones y, por otro, a clarificar el proceso de intervención a seguir desde la sospecha del maltrato hasta su notificación.

En este sentido, el Protocolo recoge las pautas de actuación tanto en el propio sistema educativo como para su notificación a los servicios sociales, bien a los centros de acción social (CEAS) en el caso de sospecha de maltrato leve o moderado o a las secciones de Protección a la Infancia en los casos más graves.

"Con este protocolo se cierra el círculo respecto a los mecanismos de detección y coordinación dirigidos a los principales profesionales que pueden detectar estas situaciones", ha señalado Alicia García.

La consejera ha incidido en la prioridad que supone la protección de la infancia para la Junta, por lo que lleva a cabo actuaciones en aspectos clave como la revisión y mejora de los protocolos en los diferentes ámbitos ante posibles situaciones de riesgo y/o sospecha de maltrato infantil.

Mayor agilidad 

Se trata de facilitar la detección precoz y notificación por los profesionales y reforzar los mecanismos de coordinación y comunicación entre los profesionales para una mayor agilidad y eficacia en las intervenciones que deban realizarse para la protección del menor, algo que ya se ha hecho en otros ámbitos como el sanitario o con los profesionales de las entidades locales.

El protocolo se basa en el hecho de que los estudiantes pasan buena parte de su jornada en el centro educativo y además los profesores conocen a las familias a través de múltiples contactos, de manera que los docentes son capaces de valorar la situación del estudiante, así como las redes familiares establecidas y las pautas educativas que se llevan a cabo.

Con todo ello, además de poner a disposición de los docentes una serie de herramientas se "homogeneiza" el proceso en Castilla y León y se evitan diferentes formas de actuar en función de cada lugar donde se sospeche de un caso y se dan pautas para todo ello así como para hacer un seguimiento de los mismos.

El objetivo de todas estas actuaciones es la "protección total" de los niños y lograr un "aula totalmente segura", ha indicado Fernando Rey, quien ha aseverado que se pretende que los escolares no sufran maltrato alguno, ni siquiera en el ámbito de su familia.

En esta línea, el consejero de Educación ha advertido de que a veces los menores ni siquiera son "conscientes" de que sufren malos tratos porque lo ven como algo "normal" y por ello es "vital" generar un espacio de "respeto" y que aprendan a distinguir.

Además, con este tipo de protocolos se trata de evitar que, en el caso de que la situación no sea clara, al final se deje una sospecha en la "penumbra" de la familia y se piensa en no meterse y sólo denunciar en caso de que no quede más remedio. Así, se establece que los profesionales "deben" comunicar un caso de este tipo si lo sospechan porque se trata de la protección a menores.

Cómo prevenir y actuar 

Las actuaciones que contempla este protocolo van a concienciar y formar al profesorado --en dos cursos se espera que buena parte de los docentes lo hayan hecho-- en su labor de detección precoz de situaciones de riesgo y/o sospecha de malos tratos en la infancia y en la adolescencia en el entorno familiar.

Junto a esto, también clarifican el proceso de intervención a seguir desde la sospecha de maltrato hasta su notificación, al tiempo que facilitarán y mejorarán la coordinación interinstitucional. Para ello, el Protocolo recoge las pautas de actuación tanto en el propio sistema educativo como para su notificación a los servicios sociales, bien a los CEAS en el caso de sospecha de maltrato leve o moderado o a las Secciones de Protección a la Infancia en los casos más graves.

De esta forma, ante la sospecha de riesgo o malos tratos, cualquier docente de un centro educativo deberá realizar por escrito una comunicación al equipo directivo del mismo alertando de esta situación.

Posteriormente, el director y su equipo deberán hacer llegar tanto a los Servicios Sociales como a la Dirección Provincial de Educación un documento con el caso. En el caso de que existan indicadores físicos, psíquicos y/o abusos sexuales que pongan en peligro al alumno, la intervención sería inmediata, incluso se podría solicitar el auxilio de los servicios de emergencia o la Policía Local, Nacional o la Guardia Civil.

Además, con la aprobación de este protocolo, los centros educativos se comprometen a llevar a cabo actuaciones preventivas y mecanismos de formación que ayuden a desarrollar contenidos, habilidades y competencias para fomentar el buen trato entre los alumnos.