La falta de financiación hará que Correos pierda 900 empleos
Los sindicatos UGT y CCOO han advertido de que Correos perderá unos 900 empleos en Castilla y León si no se financia adecuadamente y se mantienen los recortes en los próximos presupuestos del Estado, que llevan a un "desmantelamiento" de la empresa que hará peligrar la calidad el servicio.
Así lo han afirmado los responsables de CCOO y UGT Valladolid en el sector postal, Benito Gómez y Rosa González, respectivamente, en una rueda de prensa en la que han asegurado que el Gobierno pone en "vía muerta" a la empresa con su "desmantelamiento", lo que supone poner en peligro el servicio universal, sobre todo en el ámbito rural, por lo que han avisado de que si la situación no cambia convocarán movilizaciones en diciembre o enero, e incluso no descartan una huelga general.
Benito Gómez ha concretado que se ha recortado un tercio el presupuesto destinado a la empresa postal, no se cuenta con un plan estratégico al que se comprometió el Ejecutivo en seis meses con la creación de un grupo de trabajo para abordar la financiación y es la única empresa publica sin plan de acción, lo que hace que no pueda subsistir frente a sus competidores si no se moderniza y además cierra la puerta a grandes clientes.
Por esta razón, los sindicatos han asegurado que han caído los beneficios en los últimos tres años en una empresa en la que desde 2008 se han perdido 16.000 empleos.
La situación es "muy grave" en Castilla y León y Valladolid, ha señalado Benito Gómez, quien ha señalado que un recorte de un tercio en la financiación supondrá también un tercio menos de empleo, lo que podría afectar a unas 900 personas en la Comunidad (hay en torno a 2.700 trabajadores) y a 156 en Valladolid (donde hay poco más de 600), muchos de ellos en el ámbito rural.
Rosa González ha añadido que la disminución de plantilla desde 2008 en Valladolid ha sido de 151 trabajadores y se ha pasado de 758 a 607, pero además en la provincia hay 76 contratos parciales, precarios, para determinados servicios como las notificaciones. En el caso del Centro de Tratamiento Automatizado de Valladolid (CTA), ha explicado que el 80 por ciento de los contratos son a tiempo parcial y este tipo de empleos ya supone el 30 por ciento del que hay en estas instalaciones.
"No puede ser esta disminución", ha aseverado, tras lo que ha señalado que gran parte e la provincia no contará con un reparto regular en caso de que persistan los recortes.
Peor calidad de la atención
Esta pérdida de empleo, en la que también se engloba la amortización de jubilaciones, se sufre desde hace años, ha agregado, y se traduce en concentración de buzones, recortes de horarios de atención al cliente o cierre de oficinas, lo que supone largas colas, la creación de "minijobs" con contratos de cuatro horas, más carga de trabajo para otros trabajadores y un detrimento de la calidad del servicio postal universal, garantizado por la Ley Postal y la normativa de la Unión Europea.
En el caso de Valladolid ha criticado que además no se atiendan las necesidades, ya que en el alfoz de la capital la población crece progresivamente y los trabajadores son los mismos, mientras que en el ámbito rural el servicio tampoco es el adecuado y las cartas a un pueblo de Tierra de Campos o de Tierra de Pinares "no llegan como a un ciudadano de la calle Santiago".
Próximamente, han apuntado, se cerrará de forma "inminente" el centro de atención que tiene Correos en el Corte Inglés de Constitución y en localidades como Simancas, por ejemplo, se recortará el horario de atención al público.
Los sindicatos consideran necesaria la contratación de 10.000 trabajadores entre 2017 y 2021 tras las pérdidas de empleo de los últimos años, pero además han señalado que desde 2013 se encuentran sin convenio, por lo que reclaman una recuperación salarial "propia de la Función Pública".
Como ejemplo de esta forma de actuar en Correos, Benito Gómez ha señalado el refuerzo con motivo de la Navidad, cuando se incrementa el trabajo, que sólo ha supuesto 90 contratos en la Zona 1 (Galicia, Asturias y toda Castilla y León salvo Soria), en el caso de Valladolid tan sólo diez.
Por ello, han explicado que mantendrán reuniones con grupos parlamentarios, ayuntamientos, entidades locales y toda institución que esté dispuesta a recibirles para que tomen las "medidas de presión" que consideren oportunas ante lo que han calificado de "atropello y despropósito". Paralelamente se mantendrá conversaciones con otros sindicatos para intentar un respaldo mayoritario a las reivindicaciones.