El PP pierde el juicio del coste de 'Ciclos Piti'

Como se recordará el Ayuntamiento decretó el derribo de Ciclos Piti y el acondicionamiento de todo el entorno, siendo el primer inmueble en este mandato derribado para despejar La Muralla de Zamora. El Decreto no fue recurrido, por lo que era un decreto firme. En dicho decreto, el Ayuntamiento asumía la titularidad del espacio, ya que se trataba de una concesión administrativa, y los costes del derribo que eran unos 5.000€, ya que se entendía que en el contrato del concesionario no existía obligación de dejar el espacio libre. En el expediente existía un informe favorable del Servicio de Patrimonio y otro también favorable de la Secretaría.

Posteriormente, y en un expediente separado, el Interventor reparó la adjudicación de la obra de derribo y acondicionamiento de todo el espacio para uso y disfrute ciudadano. El derribo y el acondicionamiento suponían conjuntamente algo más de15.000€.

El Grupo Popular recogió todos los argumentos del reparo del Interventor y fue al Juzgado de lo Contencioso a denunciar el Acuerdo de Pleno de 30 de marzo de 2017 que levantaba ese reparo realizado por el habilitado nacional al Decreto de derribo de 6 de octubre de 2016.

La Sentencia falla que tanto el decreto de Alcaldía como el acuerdo del Pleno, fueron ajustado a derecho a todos los efectos, pero también dice una cuestión muy importante: que las cuestiones planteadas por el Interventor claramente se exceden de su función fiscalizadora.

Asimismo, el alcalde de la capital, Francisco Guarido, ha resaltado que la importancia de esta sentencia se encuentra en que el Grupo Popular "utilizó los Juzgados para enturbiar una cuestión puramente política que ahora la sentencia “poniendo los puntos sobre las ies” se decanta a favor de todo el procedimiento realizado por los servicios técnicos y por el equipo de gobierno". Del mismo modo, el regidor zamorano expone que "todo el procedimiento fue legal, claro y transparente, en beneficio de la ciudad y con un claro objetivo loable: despejar la Muralla de edificaciones".

Además, destacan el "interés del PP de torpedear la labor de la Alcaldía, ya que no sólo es la denunciante la Portavoz del Grupo Popular, sino que actúa como abogado el Viceportavoz del Grupo Municipal del PP".

La Sentencia destaca que las cuestiones planteadas por el Interventor en su reparo “excede de la función fiscalizadora y de control que prevén las normas”. Dicho informe es el que sirve de base al Grupo Municipal Popular para ir a los Juzgados para intentar anular una decisión del equipo de gobierno que es sin lugar a dudas muy favorable al interés general.