La Comunidad superará este año las 168.000 hectáreas concentradas

La Consejería de Agricultura y Ganadería actuará a lo largo de este año sobre cerca de 62.000 nuevas hectáreas en concentración parcelaria que, junto con las ya iniciadas, superarán las 168.000 hectáreas al finalizar 2018, por encima del compromiso de Legislatura asumido por el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, que anunció inversiones en más de 160.000.

De este modo, Castilla y León alcanzará en 2023 el 82 por ciento de la superficie concentrada --unos 5,7 millones de hectáreas en total-- ya que el resto están ubicadas en zonas donde hay menor rentabilidad o más dificultades ya que todavía no se ha conseguido avanzar en acuerdos sociales con los propietarios con los que la Junta seguirá insistiendo.

Así lo ha asegurado la portavoz de la Junta y consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, tras la aprobación este jueves en el Consejo de Gobierno del decreto por el que se aprueba el reglamento de concentración parcelaria en Castilla y León que permitirá agilizar los procedimientos y simplificar los trámites administrativos junto al objetivo de aportar transparencia y regular las concentraciones en régimen cooperativo y las realizadas entre particulares.

Entre las novedades de la nueva normativa destaca que se desbloquea la entrega de las fincas de reemplazo en los casos en los que exista un elevado número de recursos al acuerdo de reordenación. Así, para de garantizar la rápida toma de posesión de las fincas de reemplazo se ampliará del 5 por ciento al 15 por ciento el número de recursos administrativos que deben presentarse contra el acuerdo de reordenación parcelaria para suspender dicha toma de posesión.

Además, frente al procedimiento ordinario se regula el abreviado, "lo que permite refundir fases del proceso y, de esta forma, acortar plazos", ha explicado Marcos, que ha destacado que también se articula un sistema colectivo de rectificaciones que permite obviar los "largos y múltiples trámites individuales" para sustituirlos por un sólo procedimiento colectivo y simultáneo en la fase del acta de reordenación de la propiedad.

También se facilitará la actividad de los agentes implicados (técnicos, agricultores y funcionarios) en los equipos de trabajo y otros órganos como comisiones locales y grupos de trabajo y se les dota de una mayor agilidad eliminando trabas jurídico-administrativas.

Con el nuevo reglamento se flexibilizan los requisitos para solicitar los procesos de concentración parcelaria ya que con la nueva norma se pedirá mayoría de propietarios o cultivadores o que cuenten al menos con el 50 por ciento de la superficie a concentrar, frente al 75 por ciento establecido hasta la fecha.

Marcos ha destacado también que el reglamento de concentración parcelaria se adapta a las necesidades del sector ya que, entre otras cosas, se crea la posibilidad de abarcar una mayor tipología de zonas de concentración parcelaria y se desvinculará "en ciertas situaciones" la necesidad de ejecutar infraestructuras agrarias costosas y con posible impacto ambiental. "De esta forma, se podrá actuar en zonas donde actualmente es difícil concentrar y con ellas se incrementará el número de zonas concentrables", ha explicado.

Además, se articula la posibilidad de intervenir en zonas con poca actividad agrícola pero con actividad ganadera a través de entidades asociativas por lo que, en este caso, serán concentraciones parcelarias en régimen cooperativo. También se posibilita la vía de la concentración parcelaria en régimen privado para las zonas con alta demanda social, de reducido tamaño, de escasa dificultad o que no alcancen la consideración de prioritarias, ante lo que los beneficiarios asumirán los costes del proceso, con un apoyo y supervisión por parte de la Administración.

Milagros Marcos ha significado que la nueva norma también proporciona eficiencia al priorizar las zonas regables (nuevas o a modernizar) "en las que los beneficios obtenidos son mucho mayores que en otro tipo de zonas", a lo que ha añadido que se ganará en objetividad, seguridad jurídica y transparencia para lo que dedica un capítulo a criterios o incidencias que surgen a lo largo del proceso de concentración.

A modo de ejemplo, ha explicado que se tratan las deducciones a las aportaciones, la cuantificación, regulación de las fincas de restauración del medio natural y la nueva modalidad de régimen cooperativo. Así, las deducciones pueden producirse en las aportaciones de los propietarios, cuyo total no podrá exceder del 10 por ciento del valor de las parcelas aportada (la Ley de Concentración Parcelaria de 1990 preveía un 16,6 por ciento) o del 7 por ciento para los propietarios de una única parcela, para las fincas destinadas a la restauración del medio natural o para ejecutar obras de regadío.

"Se asegura, de esto modo, la disponibilidad de terreno suficiente para acometer las infraestructuras anexas al proceso de concentración y se reduce el descuento de las aportaciones de los propietarios", ha detallado la consejera que ha informado de que también se recoge la incorporación de las fincas sobrantes de las adjudicaciones de los lotes de reemplazo al fondo de tierras disponibles de Castilla y León o bien adjudicarlas a las entidades locales para que las destinen a infraestructuras comunes o mejoras medioambientales y proporcionar así un beneficio social.

Marcos ha aprovechado la presentación del nuevo reglamento para recordar que los procesos de concentración parcelaria son "una de las actuaciones más eficaces" para adaptar la estructura de las explotaciones y reordenar e identificar la propiedad del suelo rústico.

"La concentración parcelaria es imprescindible cuando va vinculada a actuaciones de modernización o transformación de nuevos regadíos", ha recordado la consejera para insistir en que permite optimizar las inversiones a realizar y lograr una eficaz puesta en riego de las nuevas unidades de cultivo con sistemas tecnológicamente avanzados.

Entre los principales beneficios destacados Marcos están los de productividad y competitividad con la corrección de desequilibrios, la mejora de la rentabilidad de las explotaciones al hacerlas más eficientes, el aumento de la posibilidad de diversificar producciones, el aumento de la eficiencia y la vida útil de la maquinaria, la mejora de la comunicación en el medio rural y la multiplicación de las funciones y los usos potenciales del suelo rústico.

A esto ha unido que proporciona beneficios socioeconómicos, como la mejora del nivel de vida de los agricultores, la atracción de jóvenes y mujeres a la producción agraria, potencia el desarrollo de la industria agroalimentaria y facilita la comunicación en el medio rural.

"Las actuaciones de concentración parcelaria son una de las actuaciones más eficaces en el medio rural para potenciar la actividad y el empleo y constituyen una herramienta contrastada de lucha contra el despoblamiento y los desequilibrios territoriales", ha defendido para recordar a modo de ejemplo que el número de incorporaciones de jóvenes en zonas concentradas es un 40 por ciento superior a zonas no concentradas y la inversión privada de los agricultores para modernizar sus explotaciones es un 36 por ciento mayor.

Por último, ha explicado que la norma contribuye a cumplir los requisitos de la nueva PAC ya que las concentraciones ayudarán a disminuir las emisiones de efecto invernadero (una reducción de las distancias de un 40 por ciento conlleva un ahorro de combustible del 25 por ciento y la reducción de CO2 un 25 por ciento).