Begoña Hernández y Martín Tobalina declararán como investigados por prevaricación administrativa

La que fuera viceconsejera de Economía entre 2007 y 2015, Begoña Hernández, y el actual director general de Industria y Competitividad, Carlos Martín Tobalina, han sido citados a declarar el próximo día 30 de enero, en calidad de investigados, por presunta prevaricación administrativa como consecuencia de la modificación unilateral de las tarifas concertadas con Itevelesa para la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en Castilla y León.

La citación ha sido establecida por la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Valladolid a través de una providencia que, según informan a Europa Press fuentes jurídicas, contempla en primer lugar la declaración de Martín Tobalina, a partir de las 10.00 horas, mientras que la de Hernández está fijada para las 10.30 horas.

Las diligencias se enmarcan en la querella presentada contra los dos citados y el ya fallecido exconsejero de Economía, Tomás Villanueva, por parte de la sociedad patrimonial Amitjugoett A.B, con acciones hasta el 2 de noviembre de 2015 en Itevelesa, grupo que ya a primeros de año precisó que nada tenía que ver con el presente procedimiento y que las acciones habían sido iniciadas a título particular por su antiguo accionista.

La querella, tras la cual se encuentra la familia Rodiño, fundadora de Itevelesa en 1982, fue inicialmente sobreseída por el juzgado a través de un auto de fecha 16 de diciembre de 2016 revocado posteriormente el 25 de octubre del pasado año por la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia de Valladolid.

La querellante, con sede en Suecia, en su condición de exaccionista en Itelevesa al 15,9%, situaba a los tres querellados como principales responsables del perjuicio económico derivado de la modificación a la baja de las tarifas por el servicio de ITV que prestaba Itevelesa, con pérdidas cifradas en un total de 36 millones de euros.

Entre dicha operadora y la Junta se formalizaron una serie de contratos a partir del año 1989 en virtud de los cuales la primera recibió la adjudicación de la explotación de las estaciones para la realización de la ITV, todo ello conforme a unas determinadas cláusulas y de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Estado.

La adjudicataria había realizado un estudio previo de los márgenes de explotación y de las previsiones de rentabilidad que podía reportarle la explotación de tales concesiones, aunque admitiendo el principio de "riesgo y ventura" inherente a los contratos de concesión administrativa.

La querella sostiene que por resoluciones de 2 de julio de 2012, 3 de diciembre de 2013 y 10 de abril de 2014, todas ellas firmadas por el entonces director general de Industria e Innovación Tecnológica de la Consejería de Economía y Empleo, Carlos Martín Tobalina, se acordó mantener las tarifas para los años indicados, lo que, según la querellante, perjudicaba claramente sus intereses.

Los correspondientes recursos de Itevelesa fueron desestimados en alzada por resoluciones firmadas por Begoña Hernández, entonces viceconsejera de Economía, si bien los posteriores recursos de la afectada fueron estimados por la jurisdicción contencioso-administrativa, habiéndose condenado a la Junta de Castilla y León a pagar indemnizaciones millonarias en favor de la perjudicada.

La querella implicaba también al entonces máximo responsable de la cartera de Economía, el fallecido Tomás Villanueva, por modificar unilateralmente, a través de una orden de 7 de octubre de 2014, los contratos de concesión del servicio de ITV, aplicando a los mismos una rebaja de un 20% en las tarifas y modificando el sistema de actualización de las mismas, que pasó a ser discrecional por parte de la Junta.

En ausencia de Villanueva, la juez del caso ha solicitado a la Junta de Castilla y León que designe a un responsable--así lo pedía la Audiencia Provincial al reabrir el caso--que pueda dar explicación de los motivos que llevaron al fallecido a firmar la orden que rebajó las tarifas un 20%.

Dicha actuación, a juicio de la concesionaria, supuso un grave perjuicio para sus intereses, cifrado en más de 36 millones de euros, y fue adoptada contraviniendo la normativa, de ahí que la acción civil derivada del delito la dirija la querellante a la Junta de Castilla y León.

Conversaciones grabadas 

Además, la acusación particular ha aportado un nuevo escrito a la causa relativo a la grabación de unas conversaciones donde se alude a posibles motivos que podrían explicar el cambio de criterio de "los responsables de tomar las decisiones que afectan a Itevelesa", lo que abriría la posible comisión de otros delitos que no han sido valorados por el instructor. Dicha grabación, según ha podido saber Europa Press en fuentes del caso, ha sido incorporada por la juez como pieza de convicción.

Los hechos denunciados, de comprobarse que son ciertos y fueron adoptados únicamente para perjudicar a Itevelesa y las empresas que directa o indirectamente participaban en dicha sociedad, constituirían, a juicio de la Audiencia de Valladolid, delitos de prevaricación administrativa u otros que pudieran aparecer a lo largo de la instrucción.

Por todo ello, la Audiencia Provincial solicitó al Juzgado de Instrucción 6 que tome declaración como investigados a Hernández y Martín Tobalina "a fin de que, dentro de su legítimo derecho de defensa, puedan dar explicación de los hechos que se les atribuyen".

"Como decimos, el instructor valorará cuáles son las demás diligencias que estima oportunas entre las que son propuestas por la parte querellante, y una vez se hayan esclarecido los hechos es cuando se podrá tomar una decisión, obviamente con libertad de criterio, sobre si los mismos tienen o no relevancia penal o si procede el sobreseimiento de la causa, pero en este momento procesal se considera que sí es procedente admitir a trámite la querella", justifica el auto de la Audiencia Provincial.

Se da la circunstancia de que los dos querellados también figuran como investigados en las pesquisas del Juzgado de Instrucción 2 sobre la compra de 'La Perla Negra' y de terrenos para el Polígono Industrial de Portillo.