Penas que suman 45 años de cárcel para el 'Caso Samaniego'

El Ayuntamiento de Valladolid solicitará penas que en su conjunto suman 45 años de prisión para los cuatro imputados por el denominado 'Caso Samaniego' relativo a los sobrecostes de 2,4 millones de euros que la institución local pagó entre los años 2000 y 2014 por la adjudicación de obras municipales a las empresas del que fuera jefe del servicio de Mantenimiento, Luis Alberto Samaniego.

En su escrito de calificación provisional, al que tuvo acceso Europa Press en fuentes del caso, los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento, personados en la causa como acusación particular, imputan a los cuatro encausados delitos de prevaricación, fraude y exacción ilegal, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios, tráfico de influencias, falsedad y estafa.

En cuanto a la petición de penas, el exjefe de Mantenimiento, Luis Alberto Samaniego, se expone a un conjunto de condenas que suman 15 años de prisión, 39 de inhabilitación y multas por valor de 537.849 euros, cantidad considerada como beneficio ilícito obtenido, junto con otras cuantías por importe de 95.000 euros.

Su hijo Luis Javier, por los mismos delitos, podría ser condenado a 10 años de cárcel y 23 de inhabilitación, idénticas penas que la acusación particular interesa por los otros dos encausados, el primo del principal inculpado y expresidente de la Asociación Vallisoletana de Empresarios de la Construcción (Aveco) en la década de los 80, Antonio Bernardo Samaniego, y el contable del grupo de empresas, Miguel Ángel Rodríguez Patín.

A estos tres últimos, se les piden también, al igual que al primero, multas cuyo importe se eleva a los 632.849 euros, en los que ya aparecen incluidos los 537.849 de supuesto beneficio ilícito.

En su escrito, y a excepción de Luis Alberto Samaniego, que sí era funcionario cuando se produjeron los hechos, la acusación particular hace constar sus reservas en cuanto a la posibilidad de enjuiciar al resto por delitos especiales como prevaricación, fraude y exacción ilegal, al no darse en ellos la cualidad de ser funcionarios o autoridad.

El procedimiento contra todos ellos obedece a los supuestos sobrecostes por importe de 2.464.647 euros percibidos por el grupo de empresas de los Samaniego entre 2000 y 2014, de ellos 671.8677 en concepto de perjuicio por sobrecostes en la facturación, 893.268 como perjuicio de ausencia de baja, 537.849 de perjuicio como beneficio ilícito de los investigados y 361.653 de perjuicio por los intereses de demora.

En el relato de hechos presuntamente delictivos se apunta que Luis Alberto Samaniego, desde su cargo de jefe del Centro de Mantenimiento, encargado de gestionar y contratar la realización de pequeñas obras, formalizó en el periodo investigado, entre 2000 y 2014, un total de 1.316 facturas en favor de empresas familiares por importe de 11 millones de euros, de ellos más de 9,5 millones por contratos menores.

Y ello, a sabiendas de que dicha actuación la tenía prohibida por razón del cargo que ostentaba, y sin poner en conocimiento del Ayuntamiento dicha circunstancia, y con el consiguiente beneficio propio y de su entorno familiar, a lo que la juez instructora del caso añadió en su momento que en unos casos las facturas hacían referencia a trabajos ni siquiera ejecutados, en otros casos a obras efectuadas por funcionarios municipales y en otros a tareas que no se correspondían con las realizadas.

"Se trata de una actividad delictiva organizada y continuada en el tiempo en la que hubo una confusión total porque había trabajadores del grupo de empresas de los Samaniego que acabaron cobrando también del Ayuntamiento", apuntó entonces el responsable de los servicios jurídicos municipales, Rafael Guerra.