La nueva normativa de fondos de pensiones, no para 100.000 salmantinos

El Consejo de Ministros ha aprobado recientemente el Real Decreto de Modificación del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones en Materia de Liquidez y Reducción de Comisiones, con el que el Gobierno pretende aumentar la competencia y elevar el atractivo de estos productos de ahorro especialmente entre los más jóvenes.

Así, por un lado, se revisan a la baja las comisiones máximas de gestión en función de la política de inversión del fondo y, a su vez, se eleva la liquidez de esta alternativa de ahorro al permitir a los partícipes retirar a partir de 2025, sin limitación, las aportaciones con una antigüedad de al menos diez años.

“Estas medidas van a beneficiar a más de ocho millones de ahorradores españoles que son en la actualidad partícipes de planes de pensiones”, estima el Gobierno. Entre esta cifra no estarán 100.000 salmantinos. La letra pequeña de la nueva normativa es que se podrán beneficiar quienes más renta tengan, siendo prácticamente inaccesible o escasamente rentable para la gran mayoría de los trabajadores.

Estos fondos guardan dinero para el futuro, pero en el presente acarrean ventajas fiscales, pues en función de la cantidad ingresada se puede deducir una parte en la declaración de la renta. Algo que beneficia a las grandes rentas, que no tienen problemas en poder aportar grandes cantidades de dinero sin que se note en su día a día ni en sus ahorros, y encima deducen impuestos. Esto no pueden hacerlo los mileuristas, pues es difícil con menos de un importe mínimo de 15.000 euros al año de renta poder acceder a un fondo de pensiones, e incluso tienen complicado hacerlo quienes llegan a dos veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), es decir, unos 1.400 euros al mes, pues entre pagos de hipoteca, recibos y el coste de la vida, el escaso ahorro que tienen, si se dedicara íntegramente a un fondo de pensiones, apenas rentaría y deduciría fiscalmente.

Hasta ahora, la normativa no permitía recuperar el dinero hasta la jubilación o incapacidad anticipada, pero el cambio introducido por el Gobierno permite hacerlo dentro de diez años. Es decir, que además de deducir grandes cantidades de dinero fiscalmente, las grandes rentas no tendrán retenido el fondo durante mucho tiempo. Por tanto, doble ventaja.

Cierto es que cuando se rescate ese fondo sí se debe tributar, pero probablemente sea una cantidad inferior a lo que esa gran renta se ha ahorrado en diez años. Por ejemplo, si alguien con rentas altas ha destinado 15.000 euros al año a un fondo de pensiones, en diez años tiene 150.000 euros, cantidad por la que habrá deducido unos 60.000 euros. Cuando lo rescate, tributará lo que establezca la ley en ese momento, pero será mucho menos de esos 60.000 euros.

Perjuicio para las arcas del Estado

Un beneficio para las grandes rentas que a su vez perjudica al Estado y, por ende, a la sociedad en general, pues el dinero que se ha deducido no llega a las arcas generales, dinero que se deja de ingresar para gastarlo en inversiones directas o políticas sociales. Cantidad a la que, indirectamente, contribuyen a paliar el resto de las pequeñas rentas con sus aportaciones a Hacienda.

El Gobierno argumenta que estos fondos de pensiones se pueden rescatar en diez años para que así se puedan dedicar a estudios de los hijos, por ejemplo. Pero las rentas más altas pueden permitirse una educación que no están a expensas del dinero en un fondo de pensiones, y las rentas más bajas no las deberían necesitar, pues tendrán acceso a becas y una educación más barata.

Rentas entre las que se encuentran la mayoría de los salmantinos, según datos oficiales del propio Gobierno. De los cerca de 120.000 asalariados, en torno a 75.000 cobran menos de dos veces el salario mínimo, 40.000 incluso por debajo de mileurista. A esa cantidad habría que añadirle unos 25.000 parados, es decir, salmantinos que quieren trabajar porque están apuntados a la lista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, personas que cobran una prestación, un subsidio o ni siquiera eso, por lo que tampoco pueden acceder a fondos de pensiones. En total, más de 100.000 salmantinos, la tercera parte de la población de la provincia de Salamanca. Otro tercio son pensionistas, unos 80.000, en un territorio cada vez más envejecido.