Las Cortes dan marcha atrás sobre las gasolineras desatendidas

El Pleno de las Cortes de Castilla y León ha dado el visto bueno este miércoles con los votos a favor de PP, Ciudadanos y UPL y la abstención del resto de la Cámara a la toma en consideración de la Proposición de Ley presentada por el Grupo Popular para revertir la normativa que impidió las gasolineras desatendidas ante el requerimiento de la UE que establece que esta normativa atenta contra la libre competencia de mercado lo que ha supuesto la apertura de un expediente informativo.

Se trata del primer paso en la tramitación parlamentaria de la ley que dará marcha atrás a la actual norma que impide las gasolineras desatendidas, que está en vigor desde enero de 2017 tras recibir en su día el respaldado casi unánime de las Cortes de Castilla y León, con la excepción del Grupo Ciudadanos, para proteger los derechos de los consumidores y de los usuarios ante la proliferación de las citadas gasolineras desatendidas.

Según ha argumentado ahora el procurador del PP Salvador Cruz en la defensa de esta toma en consideración, hay "cuatro elementos determinantes" que han cambiado la situación que llevó a legislar contra las gasolineras desatendidas entre los que ha destacado el "expediente informativo" que ha abierto la UE al Gobierno de España que, de derivar en expediente sancionador como ha ocurrido ya en Grecia o Italia, podría acarrear multas de hasta 600.000 euros diarios, como ha constatado también el interviniente de Podemos, Félix Díez.

"Es un simple rumor", ha advertido por su parte el secretario del Grupo Socialista, José Francisco Martín, quien ha aclarado que se trata de una "nota" del servicio jurídico de la Abogacía del Estado que plantea que podría haber "algún" expediente de sanción "a largo plazo" que podría ser justificado en su día por las comunidades autónomas.

Martín ha cargado contra las "mentiras" y "fake news" de la Junta de Castilla y León en este sentido lo que ha derivado en un debate con Salvador Cruz que ha lamentado el "no es no" permanente del PSOE al que ha acusado de hacer "todo lo contrario" cuando gobierna respecto a lo que plantea en las Cortes castellanoleonesas.

"La realidad es la que es", ha asumido Cruz al argumentar el cambio de planteamiento del PP en esta norma en consonancia, ha recordado, con lo que están haciendo el resto de las comunidades que también han legislado o iban a legislar al respecto en un ejercicio de "pura responsabilidad" y en defensa de los puestos de trabajo que, según ha asegurado, es uno de los asuntos que "más preocupa" ahora desde el convencimiento de que "en cierta medida" las gasolineras desatendidas "deshumanizan" la actividad comercial y económica, con el ejemplo de los supermercados en los que el consumidor pasa por caja solo sin que repercuta en el precio.

Salvador Cruz ha aprovechado la ocasión para poner en valor la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por Urcacyl, la segunda que sale adelante en Castilla y León y que se presentará en el Parlamento en próximas fechas, con un objeto "parcialmente coincidente" con el que propone ahora el PP ya que sólo se circunscribe a las estaciones de servicio de las cooperativas y a las ubicadas en la zona rural o muy próximas.

Para Cruz la nueva proposición de ley del PP hace que la ILP de Urcacyl carezca de objetivo , un asunto que, en su opinión, tendrán que analizar los letrados de la Cámara para determinar si cabe seguir con esta tramitación.

Por parte de Ciudadanos, el procurador David Castaño, que ha apoyado esta toma en consideración, ha recordado que su grupo fue el único que votó en contra de la Ley que ahora se quiere corregir ya que abogó entonces por remover o adaptar los obstáculos a lo que ha sumado que se cumplían los parámetros medioambientales. "Usted ha venido a defender esta modificación no por los discapacitados sino porque nos van a sancionar", ha lamentado el procurador de Ciudadanos

"Lo que ustedes han aprobado es poner a una persona en la gasolinera que puede estar mirando, no para que te eche gasolina", ha explicado también Castaño, quien ha reconocido que se puede perder empleo como también ocurre con las de autoservicio con 20 surtidores. Castaño ha recordado que un informe de la CNMC ya advirtió de la invasión de competencias por lo que ha insistido en que habría sido más prudente haber esperado en su día ante un planteamiento "imprudente" que ha devuelto a España a la realidad de los años 80.

Desde el Grupo Mixto, su portavoz, José Sarrión, de IU, se ha abstenido en la tramitación de este texto legal para circunscribirse a los requerimientos de la UE si bien se ha mostrado convencido de que las gasolineras desatendidas no deben existir por cuestiones de seguridad, medioambientales o de oportunidades de empleo. También ha recordado que en su día IU planteó una enmienda para hacer una excepción con las gasolineras de las cooperativas y del entorno rural.

En el caso de Podemos, Félix Díez se ha abstenido en la tramitación ante la "amenaza" de multa por parte de la UE pero ha considerado que este "cambio precipitado" supone un "paso atrás" para el empleo, para la seguridad y para las personas con discapacidad en su derecho a no verse discriminados en el acceso a determinados servicios. "No entendemos que la UE anteponga la libertad empresarial al derecho de los consumidores", ha lamentado.