El consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, ha acusado este viernes al Grupo Parlamentario Socialista de respaldar decisiones franquistas sobre su rechazo a la constitución de Valdelamatanza como entidad local menor circunscrita al municipio de El Cerro, un trámite que ha defendido al tratarse de una resolución "objetiva" y "de acuerdo a derecho".

En su comparecencia ante la Comisión de la Presidencia a petición del PSOE para aclarar este expediente De Santiago-Juárez ha recordado que la petición de los habitantes de Valdelamatanza de constituirse como entidad local menor es "histórica" y ha asegurado que fue en 1929 cuando esta consideración llegó a debatirse aunque los acontecimientos históricos en torno a la II República estancaron esta decisión. Así, ha destacado que finalmente fue una resolución rubricada por Francisco Franco en 1952 la que deshechó la posibilidad de que fuera considerada entidad local menor.

Con esta tesis y ante las críticas del PSOE por la "cacicada y chapuza" que, a juicio de la procuradora socialista Ana María Muñoz de la Peña, ha supuesto este expediente, De Santiago-Juárez ha defendido que "hay que tener memoria histórica" y ha reiterado que "fue una dictadura quien no quiso que fuera entidad local menor". "Todos podemos cambiar de ideología", ha ironizado en referencia a los socialistas.

Sin embargo, la procuradora socialista ha insistido en que en este trámite ha "ninguneado" la voluntad del Pleno del Ayuntamiento de El Cerro, municipio al que pertenece Valdelamatanza, que se mostró en contra de que se considerara entidad local menor con seis votos de los siete concejales que forman en Equipo de Gobierno del Consistorio gobernado en mayoría por los socialistas.

No obstante, De Santiago-Juárez se ha preguntado qué interés tiene el PSOE para que Valdelamatanza no sea entidad local menor, una pregunta que ha sido respondida por el procurador del PP, Salvador Cruz, quien ha considerado que lo único que lleva a los socialistas a no respaldar el expediente son intereses partidistas. "No ha habido nunca inversiones proporcionales, esa es la realidad", ha lamentado Cruz.

Durante su comparecencia el consejero de la Presidencia ha insistido que la constitución de una entidad local menor no significa la secesión del municipio, ya que sigue formando parte del término municipal de El Cerro y únicamente tendrá competencias sobre la administración y conservación de patrimonio, conservación de bienes y obras en caminos rurales, entre otras cuestiones, lo que supondrá que desde su constitución Valdelamatanza gestiona el 35 por ciento de los bienes comunales.

Así, ha relatado con detalle toda la tramitación que se ha llevado a efecto en torno a este expediente "histórico" que comenzó a debatirse una vez más en 2012 cuando se registraron 149 firmas de los 170 vecinos de Valdelamatanza favorables a su constitución como entidad local menor.

El también vicepresidente de la Junta ha defendido que el expediente ha sido "complejo" lo que ha llevado a una dilatada tramitación que se ha prolongado más por la ausencia de un mapa que delimitara el territorio de la nueva entidad local y que finalmente se ha resuelto con la ayuda de técnicos de Junta y Ministerio.

Además ha defendido que la Diputación de Salamanca se ha posicionado de forma positiva ante el expediente que se ha sometido a la correspondiente audiencia e información pública. "Ha sido una resolución objetiva y de acuerdo a derecho, se han seguido todos y cada uno de los trámites y finalmente se ha aprobado su constitución el 1 de septiembre de 2017", ha concluido.

Sin embargo, estas explicaciones no han servido al Grupo Socialista que ha insistido en que la consideración de entidad local menor ha sido una "cacicada" en la que se ha "excluido" al Ayuntamiento de El Cerro en todo el proceso. "Se ha delimitado el territorio a sus espaldas, menuda chapuza, qué manera de ningunear a los vecinos y al Ayuntamiento", ha reseñado De la Peña.

La procuradora socialista ha insistido en que en la tramitación se han detectado "irregularidades", ya que la Ley da un plazo de seis meses para resolver expedientes de este tipo y éste se inicio en 2012 y ha concluido en 2017, además de ir en contra de la Ley Montoro que cerró la puerta al inicio de nuevos procesos de este tipo.

"Se ha aplicado una política contraria al territorio, no se ha escuchado a nadie, se ha pisoteado un acuerdo plenario", ha criticado Muñoz de la Peña, quien ha tildado el expediente de una "clara expropiación de derechos". "La Junta ha generado problemas donde no los había", ha concluido.

Por su parte, tanto el Grupo Mixto como Ciudadanos han cuestionado la reactivación del expediente, mientras que la procuradora de Podemos Isabel Muñoz ha insistido en que la decisión adoptada finalmente ha generado "mucha tensión" incluso "enemistad" entre los habitantes del Valdelamatanza y El Cerro.

Finalmente, Muñoz ha exigido que se aclaren los motivos que han llevado al PP ha impulsar este expediente, aunque se ha temido que las verdaderas razones de esta "segregación" sean "inconfesables".