La implantación de robots en las empresas no conllevará necesariamente una pérdida de puestos de trabajo, sino una redistribución de las tareas, según concluye el informe 'Robótica y su impacto en los recursos humanos y en el marco regulatorio de las relaciones laborales' presentado por el Instituto Cuatrecasas y Adecco, que aboga por que el Gobierno impulse políticas de formación de trabajadores y no trabas económicas a las compañías que apuesten por la robotización.

En concreto, el estudio considera que la robótica no siempre conlleva una sustitución de trabajos, sino una redistribución de tareas en la que los robots complementan y aumentan la labor del humano realizando actividades rutinarias y, posiblemente, las más peligrosas. Aunque reconoce que a corto plazo la implantación de la robótica tendrá "ineludiblemente consecuencias en la reducción de plantilla en la empresa", esta deberá complementarse con "una extensa e intensa política de recualificación profesional" para facilitar la recolocación interna.

Según el estudio, no es frecuente que las plantillas estén preparadas para la integración de robots o lo hacen de manera parcial, por lo que para una incorporación exitosa será necesario "un auténtico cambio cultural". Así, indica que el cambio deberá ser asumido, en primera instancia, por la alta dirección de la empresa, mientras que los departamentos de recursos humanos deben tomar el rol de dinamizadores del cambio mediante la adopción del impacto de la robótica en su propia actividad y el despliegue de las acciones necesarias para facilitar que los empleados "abracen" el cambio.

En este sentido, el informe apunta que la creciente automatización de las actividades individuales hace que los empleados necesiten interactuar más activamente en el lugar de trabajo con los robots como parte de sus actividades diarias, lo que genera una plantilla interactiva de personas-robots. Según argumenta el informe, el hecho de que el trabajador pueda ser afectado por la inadaptación tecnológica a la robótica evidencia la necesidad de que la formación profesional permanente "no sea solo un derecho, sino también una obligación, sancionable en su incumplimiento tanto para el trabajador como para la empresa".