La Junta busca"potenciar" cláusulas sociales en la contratación pública

La Junta de Castilla y León confía en tener preparado este año un acuerdo que llevará a Consejo de Gobierno que servirá de "palanca" para "potenciar" los porcentajes de reserva de contratos para centros especiales de empleo y la incorporación de aspectos sociales a los contratos de la Administración pública.

Así lo ha señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press, durante la firma de un convenio con la Federación Regional de Municipios y Provincias en materia de contratación pública y en el que ha estado acompañado por el presidente de la federación, Alfonso Polanco, y el secretario general de la Consejería, Jesús Fuertes Zurita.

Aunque no ha desvelado porcentajes exactos, ni ha ofrecido más detalles de un acuerdo que "aún se está ultimando y que se presentará este año", el objetivo es "potenciar la palanca" del "compromiso" de la Administración Pública con el empleo de las personas "más vulnerables".

"Se van a seguir dando pasos para que todos los contratos tengan una cláusula social, medioambiental o de innovación", ha continuado por loq que además de ampliar los porcentajes de reserva se apostará por cláusulas que incorporen la calidad en el empleo, la igualdad de género y la eliminación de la brecha salarial.

Además, ha añadido que se incorporarán proyectos de inserción socio-laboral en las obras a partir de una determinada cuantía o trasladando la filosofía de la contratación administrativa socialmente responsable al ámbito de las subvenciones públicas.

Castilla y León, ha señalado Alicia García, es una comunidad "pionera" en España en impulsar la contratación socialmente responsable. Así, ha recordado como en 2012, el Gobierno autonómico estableció una cuota obligatoria del 6,5 por ciento del total adjudicado reservada a contratos destinados a centros especiales de empleo. Junto a esto, se establecieron directrices vinculantes para incorporar en los contratos cláusulas sociales acordes con la naturaleza de los contratos.

No obstante, ha reconocido que ha sido en 2016 cuando se ha dado un paso "decisivo" para incrementar el acceso al empleo de las personas con discapacidad y los colectivos más vulnerables.

Así, se aprobó un nuevo acuerdo con importantes novedades, como elevar del 6,5 % al 6,8 % la reserva de contratación, y se amplió la reserva de contratos, además de a los Centros Especiales de Empleo, como hasta ahora, también a las empresas de inserción laboral.

También, ha recordado, crearon proyectos de inserción socio-laboral para fomentar la contratación de personas en situación o riesgo de exclusión social con ocasión de la tramitación de contratos del sector público y se puso en marcha un 'Banco de buenas prácticas' para "asesorar y orientar" en la aplicación de las cláusulas sociales.

Resultados en Castilla y León 

El nuevo acuerdo contempla destacadas líneas de actuación, como la reserva de contratos para centros especiales de empleo y empresas de inserción y la incorporación de aspectos sociales a los contratos en general.

En primer lugar, y respecto a la aplicación de la reserva de contratos a centros especiales de empleo y empresas de inserción, el nuevo acuerdo establece que los contratos reservados representarán, en cómputo global anual, el 6,8 % del presupuesto total adjudicado en el ejercicio inmediatamente anterior para el conjunto de actividades susceptibles de ser desarrolladas por centros especiales de empleo y empresas de inserción.

En todo el año 2017 se han adjudicado mediante reserva de contrato a centros especiales de empleo y empresas de inserción contratos por un importe total de 5,34 millones, cantidad que supone un porcentaje del 10,6 % de media en el conjunto de consejerías, respecto del presupuesto total adjudicado en el ejercicio presupuestario inmediatamente anterior en el conjunto de actividades susceptibles de reserva, muy por encima del 6,8 % objetivo del último acuerdo.

En este punto, ha detallado, desde la entrada en vigor del primer acuerdo, desde el 1 de septiembre de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2017, se han adjudicado más de 2.150 contratos reservados por importe de 30,6 millones de euros, y una media del 15,7 % respecto al total adjudicado.

A 31 de diciembre de 2017, en Castilla y León se contabilizan 209 centros especiales de empleo, frente a los 190 de 2012, que dan trabajo a 5.462 personas con discapacidad, lo que supone un incremento del 11,8 por ciento en el número de trabajadores con discapacidad de los centros especiales de empleo respecto a finales de diciembre de 2016, y de más de un 41 por ciento respecto a 2012, en el que se contabilizaban 3.872 trabajadores con discapacidad.

Por su parte, las empresas de inserción en Castilla y León son 12 y dan trabajo a 127 trabajadores de inserción, lo que supone un incremento del 14,4 por ciento. En lo que se refiere a las actividades de los contratos objeto de reserva, ha destacado los servicios de lavandería, de limpieza, de mantenimiento y gestión de instalaciones, entre otros.

Respecto a la aplicación de la incorporación de cláusulas sociales, de toda la contratación ordinaria realizada por el conjunto de las consejerías se incorporan cláusulas sociales en los pliegos de contratos cuyo importe asciende a 600 millones, lo que representa más del 72 % de los contratos adjudicados y el 81,9 % de la cuantía contratada, lo que supone superar en más de dos puntos porcentuales a los resultados de 2016. Esto supone igualmente que la incorporación de cláusulas sociales se aplicó de manera generalizada y afectó a cuatro de cada cinco contratos de la administración.

Un compromiso "con las personas" 

El acuerdo firmado con la FRMP da cumplimiento a un reciente compromiso del presidente Juan Vicente Herrera, que apostó por implantar políticas de contratación pública socialmente responsable en las entidades locales, según ha recordado García.

Además, el acuerdo se enmarca en la reciente aprobación de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que impulsa una contratación más social y más solidaria, y en el convencimiento de la importancia estratégica de este tipo de contratación para promover objetivos sociales y generar un crecimiento económico más inteligente.

Alfonso Polanco reconoce que hoy se ha dado "un paso más" en favor de las políticas sociales a través de las herramientas que tienen las administraciones públicas. Se trata, ha asegurado, "de un compromiso con las personas, con el futuro del planeta y con la igualdad de oportunidades".

El convenio se integra en el "AND de la FRMP" y promueve actividades de formación en materia de responsabilidad social para empleados públicos, además de difundir y divulgar las mejores prácticas de las administraciones para que sirvan de modelo a través de la constitución de un banco de buenas prácticas común o una red de enlaces web y se formará a los profesionales de las entidades locales en las obligaciones que introduce la nueva Ley de Contratos del Sector Público.