La presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente (PP), se ha propuesto durante su mandato (que está a punto de cumplir ya los tres años) abrir de par en par las puertas y ventanas de la institución para que el aire corra por sus estancias y se oreen los tapices.

Desde que fue aupada a la presidencia en 2015, ha fomentado las visitas de colectivos diversos a la sede de la institución legislativa regional, la ha convertido en una sala de exposiciones permanente abierta al público, ha organizado un sinnúmero de actividades populares en la amplia plaza en la que se asienta el colosal edificio y ha propiciado reuniones de las comisiones o el pleno en las nueve provincias de la comunidad autónoma.

Todo con la loable intención de acercar el Parlamento regional a la ciudadanía. Es verdad que en las legislaturas anteriores sus antecesores acometieron acciones similares, pero no con la profusión y el empeño que se observan en la etapa de Silvia Clemente.

La celebración hoy en Salamanca del pleno para la presentación del informe anual del Procurador del Común, la figura equivalente en Castilla y León al Defensor del Pueblo, hay que enmarcarla en ese plan de acción de convertir el parlamento en algo más familiar y cercano.

La sesión ha tenido como marco la capilla del Colegio Arzobispo Fonseca, de gran interés histórico en la conformación de nuestra comunidad, ya que esas mismas paredes acogieron en junio de 1981 la sesión del Consejo General de Castilla y León que aprobó el borrador del primer Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que sería aprobado luego por las Cortes Generales españolas en febrero de 1983.

La nota pintoresca de la jornada la sirvió el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera. Las principales autoridades lo esperaban a pie de calle, pero Herrera llegó al Arzobispo Fonseca de incógnito por la recién estrenada rampa de acceso con que la Universidad de Salamanca ha reformado un ala del atrio. Y desde la altura y a sus espaldas avisó al grupo de que ya estaba allí, lo cual provocó una simpática estampida hacia el atrio para llegar cuanto antes a las alturas donde ya se encontraba el presidente. Por un momento, nos recordó la película Bienvenido, Mr. Marshall.

La sesión plenaria, que se presumía de guante blanco, es decir, muy institucional, acabó derivando, para sorpresa de muchos, hacia la gresca partidaria, con PSOE y PP como principales protagonistas de esta, y con el Procurador del Común, Javier Amoedo, en medio del emparedado. El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, en desacuerdo con los derroteros del pleno, salió bufando de la capilla del Colegio Arzobispo Fonseca.

Uno intuía, sin embargo, que todos asistirían al pleno para “hablar de su libro”, más aún teniendo en cuenta que estamos ya en precampaña electoral, a poco más de un año de que se celebren elecciones municipales y autonómicas.

Flotaban en el ambiente las declaraciones del alcalde de Valladolid, Óscar Puente (PSOE), quien hace pocos días arremetió con virulencia contra Javier Amoedo manifestando que «el Procurador del Común es un cargo del PP, puesto por el PP y está trabajando al servicio de los concejales del PP», amén de que es «una persona de 81 años que no está en el día a día».

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, castellano de Burgos, dejó al margen la persona de Amoedo y las quejas ciudadanas dirigidas a otras instituciones y cargó contra la Junta, en particular por las reclamaciones sobre sanidad y por todas aquellas en las que el gobierno regional había hecho caso omiso al Procurador del Común.

El portavoz del PP, Raúl de la Hoz, largamente ovacionado por sus compañeros tras su intervención, maliciaba por dónde iría el discurso de Tudanca y llegó a la capital charra pertrechado de datos. Datos, por supuesto, mayormente de autonomías gobernadas por el PSOE, que evidenciaban que la situación de Castilla y León era gloria bendita en comparación con las de gestión socialista.

Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unida elogiaron la labor de Amoedo. Sin embargo, sus portavoces también arrimaron el ascua a su sardina y se centraron “en su libro”. Y el libro en Salamanca para Podemos e IU era especialmente la mina de uranio de Retortillo, claro. De ahí que, tras el pleno, tanto Fernández como José Sarrión se apresuraran a hacerse la foto tras la pancarta antimina que una docena de activistas exhibía frente al Colegio Arzobispo Fonseca.

Una senda más humorística y cordial fue la adoptada por el procurador de Unión del Pueblo Leonés; Luis Mariano Santos Reyero, entusiasmado por el hecho de que el pleno se celebrara en una de las tres provincias del Reino de León. El Reino de León existe, sí, vino a decirnos. Y Salamanca, con su prestigiosa Universidad, era hoy la mejor prueba.

Conque, nosotros, los leoneses, ay.