Celebramos un nuevo Debate de Política General de la Comunidad. Será el último de esta IX Legislatura. Y por ello una buena ocasión para analizar la actual situación política, económica y social de Castilla y León, las principales actuaciones impulsadas por la Junta durante estos últimos años, y las previsiones para completar en los próximos meses los objetivos que nos marcamos al inicio de la misma.

Abordamos este tramo final en un contexto nacional marcado por el muy reciente cambio en el Gobierno de la Nación. Un nuevo Gobierno al que desde el primer momento hemos deseado suerte, y expresado la lealtad institucional y la voluntad de cooperación de la Junta. Se trata de dar continuidad al trabajo hasta ahora realizado. Y a las posiciones que venimos defendiendo, en muchos casos con la fuerza que nos dan los acuerdos aquí alcanzados sobre importantes “cuestiones de Comunidad”. Será lo que concretaremos en esa próxima entrevista ya ofrecida por el Presidente del Gobierno, que deseo que venga precedida como en otros casos por una ronda de contactos con todos los Grupos de esta Cámara.

Cada cual en su papel, y sin perjuicio de nuestras muchas diferencias, creo que ha sido muy positiva la preocupación que todos hemos demostrado estos años por contribuir a la estabilidad de Castilla y León. Todavía más cuando en el ámbito internacional asistimos a una grave escalada de tensiones geopolíticas, y a muestras muy preocupantes de la debilidad social y política del “proyecto europeo”. Y en el nacional venimos sufriendo un fuerte desafío de ruptura de la convivencia, sin precedentes en este tiempo de democracia y libertad que ahora cumple 40 años.

La estabilidad es la que permite sacar adelante proyectos e iniciativas que revierten en las personas y en las familias, y en la mejora de su calidad de vida. Es por tanto el fundamento del autonomismo útil en el que creemos.

Por eso, quiero de nuevo poner en valor nuestra estabilidad, agradeciendo el sentido de responsabilidad de los Grupos que aquí han apostado por ella. Por ejemplo, a través de los pactos del inicio de la Legislatura, que facilitaron la Investidura y han favorecido la gobernabilidad. O de los sucesivos acuerdos para aprobar los Presupuestos, que nos han permitido disponer todos estos últimos ejercicios de ese fundamental instrumento, algo que esperamos conseguir también para 2019, una vez que el Gobierno fije el techo de gasto del Estado y los objetivos de estabilidad financiera de las Autonomías. O en fin de los amplios consensos para contar con posiciones de Comunidad en cuestiones de tanta importancia como la financiación, la reindustrialización, la PAC o la Política de Cohesión.

Señorías: junto a la estabilidad política se encuentra también la económica y social, a la que viene contribuyendo desde su puesta en marcha el DIÁLOGO SOCIAL de Castilla y León, que como afirma nuestro propio Estatuto está siendo uno de los factores de cohesión y de progreso más relevantes en los últimos años.

El Diálogo Social llegó para quedarse. Ha demostrado ser útil tanto en tiempos de bonanza como de crisis. En esta Legislatura ha alcanzado su mayor relevancia y proyección externa. Ha consolidado su extensión a las Corporaciones Locales. Se ha incorporado al currículo educativo y al mundo de la Universidad, con una Cátedra propia. Ha sido adoptado como modelo para extenderse a otros territorios de España. Y ha encontrado al apoyo de la propia OIT para saltar a otras naciones, como ejemplo avanzado de concertación social.

En febrero de este año hemos suscrito 9 nuevos acuerdos, en la negociación más fructífera tanto por el número de éstos, que ya son casi 100 desde el inicio del proceso, como por la importancia de su contenido. Acuerdos que se suman a otros anteriores y que siguen vigentes. Entre ellos los dos que vertebran nuestras políticas económicas y de empleo: el Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación Industrial y la Estrategia Integrada de Empleo.

Herramientas que sin duda han influido en estos cuatro años consecutivos de crecimiento del PIB en Castilla y León. Comenzando por el tímido 0,2% de 2014; con dos años muy sólidos, 2015 y 2016, ambos creciendo al 3,3%; y un 2017 penalizado sobre todo por la climatología adversa, en el que creció el 2,5%. Un dato que esperamos superar este año, en el que nuestra previsión es del 2,7%.

Y también, con seguridad, nuestro Diálogo Social ha influido en el traslado de ese crecimiento económico a la creación de empleo. Con 55 meses seguidos de descenso interanual del paro registrado. Con casi 15.000 parados menos en los últimos 12 meses. Y descensos del paro en todos los sectores, provincias, tramos de edad, y tanto en mujeres como en hombres. Y con más de 17.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social desde mayo del pasado año.

Gracias a esa evolución, en el cómputo global de los tres primeros años de Legislatura en Castilla y León el paro se ha reducido en más de 50.000 personas. Hay 43.000 afiliados más a la Seguridad Social. Y la tasa de paro es del 13,9%, 3 puntos inferior a la media de España, según la última EPA. Si nos remontamos al momento más duro de la crisis (mayo de 2013), el paro ha descendido en casi 94.000 personas, y la afiliación ha aumentado en más de 68.000.

Por supuesto que queda aún mucho por hacer en materia de creación de empleo. No nos olvidamos de los casi 144.000 parados que hoy tiene aún registrados Castilla y León. Y ese es precisamente el objetivo de los Planes Anuales de Empleo que pactamos en el marco del Diálogo Social, en el que nuestra intención es acordar el de 2019 antes de que finalice el presente año.

El Plan de 2018 cuenta con 152 M€, con una dotación creciente sobre los anteriores. Destaca en él: la dinamización económica de nuestros municipios a través del Plan de Empleo Local; el renovado impulso del Plan de Empleo Joven, en cuyo marco hemos creado la Red de informadores de la Garantía Juvenil; el mantenimiento de todas las líneas frente a crisis empresariales, pese a la mejora de la situación; y como novedad un Plan especial dirigido a parados mayores de 55 años, que beneficiará hasta a 8.500 personas en el horizonte del año 2020.

Además, el Plan sigue insistiendo en la calidad del empleo, una absoluta prioridad que algunos datos señalan que también ha mejorado en el último año. El 76,5% de los asalariados de Castilla y León tienen hoy contrato indefinido. Son 2,6 puntos más que la media de España. Y 3,8 puntos más que lo que tenía nuestra propia Comunidad en los momentos previos a la crisis, cuando rozamos el pleno empleo técnico. En los últimos 12 meses la tasa de temporalidad ha seguido reduciéndose, pues los contratos indefinidos crecieron a más ritmo que los temporales: en concreto, casi al triple (11% frente a 3,9%). Por último, el 84% de los asalariados tienen contrato a jornada completa.

Nuestros últimos acuerdos del Diálogo Social han reforzado las ayudas a los contratos indefinidos, con un mínimo de 4.000 € por contrato, que aumenta en los casos de mujeres, emigrantes retornados, mayores de 55 y jóvenes del Sistema de Garantía Juvenil, hasta llegar a un máximo de 8.000 €. Se sigue apoyando la transformación de contratos temporales en indefinidos: en lo que va de Legislatura han sido más de 91.000. Y se han pactado medidas para mejorar la calidad en el empleo de las empresas con las que la Junta contrata sus servicios.

Para los trabajadores autónomos, una parte importante de los ocupados en Castilla y León, en esta Legislatura aprobamos la Estrategia de Emprendimiento, Innovación y Autónomos, que incluye los apoyos que reciben desde el inicio de su actividad, en el transcurso de ésta, y a su finalización. La “tarifa plana” puesta en marcha por el Gobierno de la Nación está teniendo, en los últimos meses, efectos positivos, como se aprecia en los 444 autónomos más registrados en Castilla y León entre enero y mayo. Y en estos momentos estamos negociando, en la Mesa del Autónomo, la ampliación de la tarifa plana por parte de la Junta.

La dimensión más social del empleo ha experimentado reseñables avances en los últimos años. En los Centros especiales de empleo trabajan hoy casi 5.500 personas con discapacidad, superándose así el objetivo para toda la Legislatura. Hemos aumentado del 50 al 75% la financiación de los nuevos contratos de las personas con discapacidad más severa. Los itinerarios personalizados de empleo beneficiaron en 2017 a más de 4.000 personas, y los vamos a complementar con 2 nuevas líneas: una, de financiación de viviendas; otra, de formación de personas con discapacidad como asistentes personales. Las cláusulas sociales en la contratación pública estuvieron presentes en el 82% de los contratos de la Junta el año pasado. Un nuevo acuerdo va a aumentar los porcentajes de reserva de contratos, y a hacer obligatoria al menos una cláusula social por cada contrato. Finalmente, la reciente modificación de nuestra Ley de Cooperativas simplificará y agilizará el funcionamiento de las más de 2.100 registradas en Castilla y León.

Por último, también en el empleo público ha habido avances. El número de empleados de nuestra Administración: 86.000 ha aumentado un 2% en lo que va de Legislatura. Un período en el que hemos convocado u ofertado más de 9.500 plazas, máximo permitido por la normativa estatal. Hemos suscrito acuerdos de fondo con los representantes de los empleados públicos, algunos de ellos incluso este pasado lunes, para que estuvieran entre los primeros de España en recuperar derechos perdidos con la crisis, y para consensuar con ellos las grandes líneas de modernización de nuestra Función Pública. Y hemos resuelto el primer proceso selectivo específico para personas con discapacidad intelectual, que tendrá continuidad este mismo año con una segunda convocatoria más amplia.

Así pues, el gran objetivo de la Legislatura sigue siendo la creación de empleo de calidad. En ello vamos a concentrar nuestros esfuerzos en los próximos meses, para que la Comunidad vuelva a superar el millón de ocupados.

Para ese gran objetivo del empleo sin duda resulta clave la INDUSTRIA. Creo que contamos con una clara y moderna política industrial. Cuyos sólidos fundamentos son el Acuerdo Marco de Competitividad e Innovación Industrial; la Ley de Industria; el Pacto por la Reindustrialización suscrito con los Grupos políticos; y el Plan Director de Promoción Industrial que nació con dicho Pacto.

Castilla y León es una Comunidad más industrializada que la media (22,8 por 18,1%). Y nuestra industria es el sector que más está “tirando” en esta etapa de recuperación económica. Por ello, y en lo que va de Legislatura, el peso de la industria manufacturera ha aumentado en Castilla y León más de un punto en su aportación (del 16,8 al 17,9%); el índice de producción industrial ha crecido más de un 20%; y se ha producido una muy positiva evolución del empleo, con 26.600 ocupados más en el sector industrial desde hace tres años (178.200).

A todo ello ha contribuido el apoyo a los proyectos industriales prioritarios. Por ejemplo, los que han reforzado el sector automoción. Los Planes Industriales y los Acuerdos Sociales de Renault y de Nissan aportan hoy un horizonte cierto a todo nuestro sector automovilístico. Y han logrado que en 2017 Castilla y León fuera la primera Comunidad productora de automóviles de España, con 582.000 vehículos fabricados.

Por otro lado, los Planes territoriales de fomento, de los que dos ya están aprobados (el de Municipios mineros y el de Miranda de Ebro) y otros dos a punto de concluirse (los de Béjar y Benavente), suponen apoyos adicionales para dar garantía de futuro a territorios con necesidades industriales específicas. Además, el Plan de Dinamización Económica y Demográfica de Soria está canalizando importantes recursos al desarrollo de dicha provincia.

En el núcleo de nuestra política industrial está también el apoyo a los que son los principales factores de competitividad empresarial:

• En 2016 se creó la Lanzadera Financiera de Castilla y León. Que desde entonces ha resuelto favorablemente más de 7.800 solicitudes de financiación, ha facilitado ésta a las empresas por 1.300 M€, y con una inversión inducida superior a los 2.300 M€. Del medio centenar de productos con los que trabaja, dos resaltan por su reciente implantación y trascendencia: el Plan de crecimiento empresarial, dotado con 75 M€, y que ya está apoyando 25 proyectos; y dos Fondos de garantía, uno para crecimiento de pymes y otro de apoyo a la I+D, dotados con 90 M€, en los que la Junta asume el riesgo de la correspondiente inversión. La Lanzadera, en la que colaboran Iberaval y Sodical, ha supuesto un antes y un después en la facilidad de acceso a la financiación por las empresas.
• En materia de innovación pusimos en marcha la Red de Emprendimiento e Innovación de la que ya forman parte 130 entidades. Acabamos de actualizar la Estrategia de Especialización Inteligente RIS3, a la que hemos incorporado 7 iniciativas singulares en áreas como la bioeconomía circular, la ciberseguridad, la innovación sociosanitaria, o la industria 4.0. Nos acercamos al cumplimiento del compromiso de dedicar a innovación el 3% de todos los fondos presupuestarios disponibles en 2019 (2,83% este año). Hemos renovado el impulso a los Centros tecnológicos. Y estamos desarrollando líneas de apoyo a la atracción, retención y retorno del talento. Como colofón a estas actuaciones, los últimos datos del INE nos sitúan como la 5ª Comunidad en mayor “esfuerzo tecnológico” (mejorando dos puestos). Y con un porcentaje empresarial del 60% en la ejecución del gasto total, sustancialmente mejor que la media de España (53,7%).
• En internacionalización, la evolución de estos años ha sido muy positiva. En los últimos 10 años, las exportaciones de Castilla y León se han duplicado. La inflexión ascendente se produjo con la crisis, y el gran salto se ha dado en la presente Legislatura. En 2016 y 2017 nuestra Comunidad alcanzó las dos cifras de exportaciones más altas de su historia (17.277 y 16.576 M€, respectivamente), ritmo que se ha mantenido en el primer cuatrimestre de este año. Y cada vez más empresas asumen el comercio exterior como una actividad regular.
• Para facilitar el emprendimiento nació la Ley de medidas de reducción de cargas administrativas. Tramitamos ahora un Decreto que supondrá una nueva reducción de los plazos de inicio de nuevas actividades. También hemos adoptado medidas para facilitar el acceso al suelo industrial titularidad de la Junta, con una rebaja media del 15%, que llega hasta el 50% en determinadas localizaciones. Su puesta en marcha ha generado ya hoy ventas de casi medio millón de metros cuadrados. Además, en este momento estamos desarrollando tres parques de proveedores de automoción en la Comunidad: Palencia, Valladolid y Ávila.
• Por último, Castilla y León es la Comunidad de régimen común con una tributación más favorable para la actividad empresarial. Con medidas como la reducción en el Impuesto sobre la Renta del 20% de las cantidades invertidas en empresas. La bonificación del 99% en las Sucesiones entre familiares cercanos, y también en el Patrimonio afecto a una actividad empresarial. Un amplio cuadro de beneficios fiscales. Y sólo dos tributos propios, sobre Depósito de Residuos y sobre Daño Ambiental, el último de los cuales queremos que grave también el impacto de los residuos radiactivos de carácter temporal.

Para finalizar este apartado industrial, es necesario hacer una referencia especial a las ramas energéticas.

Castilla y León es una de las Comunidades que más contribuye a la lucha contra el cambio climático. Somos la primera productora de España de energías limpias, y la Comunidad cuyos bosques tienen más valor en la captación de carbono. Por eso, la nueva Estrategia de Eficiencia Energética que hemos aprobado este año plantea un objetivo de reducción de emisiones de CO2 del 30% en el año 2020: 10 puntos más ambicioso que el de la Unión Europea. Fomentamos, asimismo, el vehículo de energías alternativas, con medidas que tenemos la intención de ampliar a través de una desgravación fiscal por su adquisición en el Presupuesto de 2019. Y en los próximos meses vamos a aprobar la Estrategia de fomento de energías renovables para usos térmicos. Castilla y León está volcada, por tanto, en construir un futuro energético sostenible.

Sabemos, sin embargo, que la transición a ese futuro tiene costes sociales y territoriales. Y que por ello tiene que ser ordenada. Y debe ser justa. Tal es el principal argumento que vamos a seguir defendiendo ante el Gobierno. Al que le pedimos, en primer lugar, no cercenar las posibilidades del carbón autóctono, adelantando plazos. Si la Unión Europea tiene un objetivo de descarbonización a 2030, no tiene sentido anticiparlo a 2025, pues eso haría inviable amortizar, y por tanto frustraría, inversiones como la anunciada para la desnitrificación de La Robla. Le reiteramos, en segundo lugar, la necesidad de medidas para minimizar el impacto de la transición sobre el empleo. Así, el Fondo de Transición, cuya creación acaba de acordarse en Bruselas, debería dirigirse fundamentalmente a los proyectos que más empleos alternativos generen, como por ejemplo los de biomasa, como demuestran los 450 puestos de trabajo asociados a la inversión en Cubillos del Sil que está apoyando la Junta. Y le planteamos, en tercer lugar, que parece razonable seguir el ejemplo de otros países europeos, y mantener centrales térmicas en funcionamiento y minas en activo suficientes para que el carbón autóctono esté presente en el mix energético nacional. Algo esencial para aliviar la dependencia energética y garantizar el suministro. Y crucial para la propia supervivencia de los municipios mineros.

Por nuestra parte, seguiremos desarrollando el Plan de Dinamización de los mismos que se pactó en 2016. Entre los últimos acuerdos del Dialogo Social firmados, uno de los más novedosos es precisamente el referido a una “transición justa frente al cambio climático”, dirigido a promover la sostenibilidad de nuestro modelo productivo. Ya están constituidas dos mesas del Diálogo Social que persiguen alcanzar dos acuerdos este mismo año. Uno, en materia de Energía. Y otro, para actualizar el III Acuerdo Marco de Competitividad e Innovación Industrial, en tres principales aspectos: Industria 4.0, Responsabilidad social empresarial, y Desarrollo industrial rural.

Esta apuesta por la competitividad e innovación de la economía también   se extiende al SECTOR AGROALIMENTARIO, que es sin duda estratégico para Castilla y León, y cuya modernización es una prioridad fundamental.

Nuestro sector primario sufrió en 2017 un impacto muy fuerte por la sequía y todas las adversas condiciones climáticas. Por ello pusimos en marcha, junto al Ministerio de Agricultura, un conjunto de medidas excepcionales, que nos han permitido por ejemplo incrementar la superficie agraria asegurada en un 47%. O facilitar más de 10.700 préstamos garantizados a los agricultores y ganaderos profesionales, por importe de 280 M€. Afortunadamente, el clima está siendo muy diferente en 2018, lo que permite prever unas producciones superiores a la media.

Para este sector, impulsamos un modelo de Plataformas de Competitividad, inspirado en la Directiva europea de la cadena alimentaria, y basado en el consenso y participación de los distintos eslabones de dicha cadena: producción, transformación y comercialización, con el objetivo de buscar el mayor equilibrio entre ellos.

Son Plataformas construidas en torno a las necesidades específicas de los diversos subsectores (vacuno de leche, agricultura ecológica, ovino, sector vitivinícola, y remolacha azucarera). Y en algún caso atendiendo además a una especialidad territorial, como ocurre en la Plataforma de El Bierzo.

Todas ellas parten de la convicción de que nuestro sector agrario y alimentario tiene mucho futuro. Así lo demuestran los datos que sitúan a Castilla y León como líder en muchas producciones agrícolas y ganaderas (cereales, patata, remolacha, leche, carne de ovino y vacuno). O que reconocen la fortaleza de nuestra industria agroalimentaria, compuesta por casi 3.000 empresas, y basada en productos de gran calidad, amparados hoy por 67 figuras de garantía, 6 más que al final de la pasada Legislatura, y por la marca de prestigio “Tierra de Sabor”. Una industria en la que, en estos tres últimos años, las ventas han crecido un 18%, el empleo un 6,1% hasta superar los 35.000 ocupados, y las exportaciones rozan ya los 2.000 M€ anuales.

Para buscar ese mayor equilibrio en la cadena de valor, el modelo se ha dotado de herramientas como el Defensor de la Cadena, que vigila las cláusulas de las relaciones contractuales entre las partes. O el Observatorio de Precios Agrarios, también clave en la transparencia de las transacciones. Y muy pronto estará operativa la Junta de Arbitraje y Mediación de los contratos agrarios. Junto a lo anterior, también el fomento del asociacionismo agrario persigue fortalecer la posición más débil de agricultores y ganaderos. Y todo ello al servicio de la que sin duda es una de sus mayores preocupaciones: la percepción de precios dignos.

La otra gran preocupación es hoy el futuro de la Política Agraria Común. Máxime en una Comunidad que es la segunda que más fondos recibe en España, con casi 70.000 beneficiarios directos en 2017. Y cuando las primeras propuestas, tanto presupuestarias como de regulación, que ya ha avanzado la Comisión Europea tienen aspectos que se deben corregir. A tal fin, un elemento de fortaleza para nosotros es la posición de Comunidad que hemos alcanzado este año con las OPAS, las Cooperativas agrarias y los Grupos parlamentarios, y a la que se han adherido los Agentes del Diálogo Social y otras organizaciones. Un acuerdo que seguiremos defendiendo. Que ofrecemos al Gobierno cara al proceso negociador. Y con el que estamos trabajando con regiones de otros países, con la idea de lograr alianzas que sirvan para defender mejor los intereses de nuestro campo.

Planteamos en esencia: el mantenimiento de la actual financiación de la PAC, con pagos directos procedentes 100% de Europa. Que los agricultores y ganaderos profesionales sean los verdaderos beneficiarios de esta política. Y que la misma priorice la incorporación al sector de los jóvenes y las mujeres.

En esta última cuestión, las medidas adoptadas por la Junta han favorecido que, en la presente Legislatura, se haya duplicado el número de jóvenes que se incorporan al campo cada año (900 por 435 en la anterior), y casi triplicado el de mujeres incorporadas (235 al año por 90 antes). Rejuvenecimiento y feminización a las que va a contribuir también la puesta en marcha de la figura del “agrotutor”, de una ayuda para esa incorporación con trámites mínimos, y de una oficina virtual del emprendedor agroalimentario.

La modernización de nuestro campo y el aumento de su competitividad se están reforzando también en esta Legislatura por medio de tres Mapas:

• el mapa de Formación agraria y agroalimentaria, que nos permitirá superar el próximo curso los 700 alumnos de formación reglada. También se ha puesto en marcha la escuela de verano “Agricool”. Y ahora trabajamos en un “Erasmus agrario”, y en el programa de formación especializada “Agrobecas”;
• el mapa de Investigación, que nos está permitiendo aumentar los proyectos, los centros con los que colaboramos, y las actividades de transferencia tecnológica. Para lo que además hemos suscrito un reciente acuerdo con las Universidades;
• y el mapa de Infraestructuras, con todos nuestros compromisos en materia de concentración parcelaria, nuevos regadíos y modernización de los existentes.

Por otro lado, estamos siendo la primera Comunidad en aplicar el nuevo instrumento financiero FEADER para garantías de préstamos en el medio rural. Que va a permitir ofrecer en estos próximos años más de 500 M€ de financiación en condiciones muy especiales a nuestros agricultores y ganaderos y a la industria agroalimentaria.

Por último, el conjunto de las Plataformas ya puestas en marcha quedará integrado en una gran Plataforma de competitividad productiva agroalimentaria, que contará con su propia estrategia de desarrollo a largo plazo: la “Agenda +50”. De esta forma, nuestro sector agroalimentario va a llegar al fin de esta Legislatura mucho mejor preparado para afrontar los retos del futuro.

Para concluir el capítulo dedicado a la economía y el empleo, quiero también recordar la apuesta que la Comunidad está haciendo por el TURISMO DE CALIDAD COMO FACTOR DE DESARROLLO.

Nos habíamos marcado el objetivo de Legislatura de alcanzar una cifra total de 25 millones de turistas, con 5 millones de viajeros extranjeros. Transcurridos sus tres primeros años, los datos hablan ya de 22,2 millones de turistas, con 4,9 millones de viajeros extranjeros. Así pues, todo apunta que superaremos con creces los objetivos establecidos. Castilla y León presenta también hoy cifras récord de establecimientos y plazas, y de empleo en el sector. Y ha consolidado su liderazgo en el turismo rural.

En la base de estos buenos resultados está el Plan Estratégico de Turismo, que hemos completado con Programas en materia de promoción internacional, formación, y señalización turística. Venimos desarrollando además líneas de apoyo tanto a empresas como a Entidades Locales, con más de 500 proyectos financiados en lo que va de Legislatura. Y disponemos de un planteamiento integral de comercialización turística.

Al mismo tiempo, hemos llevado a cabo un notable desarrollo normativo, con regulaciones avanzadas en materia de alojamientos hoteleros, viviendas turísticas, restauración, guías de turismo y campings. Y próximamente verá la luz la regulación de los albergues, y la de las empresas de turismo activo.

Una parte esencial del atractivo turístico de Castilla y León procede de nuestro Patrimonio Cultural, en el que hacemos valer nuestros 8 bienes culturales Patrimonio de la Humanidad; 122 conjuntos históricos; 2.200 bienes de interés cultural, o 23.000 yacimientos inventariados. Y una trayectoria de esfuerzo en su conservación reconocida con un palmarés de 31 Premios Unión Europea/Europa Nostra, región europea con mayor número de estos prestigiosos galardones.

En lo que va de Legislatura, la Junta ha invertido más de 32 M€ en medio millar de actuaciones en el Patrimonio Cultural, la mayor parte en ejecución del Plan PAHIS. En ese marco, hemos aprobado el Plan de Arqueología, y un nuevo Plan del Patrimonio Documental. Desarrollaremos el Plan Jacobeo 2021, con cerca de 12 millones de inversión destinados a la puesta al día de los Caminos de Santiago y la atención al peregrino. Entre las actuaciones de futuro cabe asimismo resaltar algunas en colaboración con el Gobierno, como la ampliación del Museo de Burgos y la rehabilitación en esa misma ciudad del Hospital de la Concepción como Archivo Histórico Provincial, que ya hemos acordado. O la adaptación del Palacio de los Águila como subsede del Museo del Prado y nueva sede del Museo de Ávila, que esperamos que el Estado licite en los próximos meses.

En estos años, hemos ido prestando apoyo a numerosas conmemoraciones históricas y culturales, entre las que destacan el VIII Centenario de la Universidad de Salamanca y la preparación del VIII Centenario del inicio de la Catedral de Burgos. Desde 2015 se han desarrollado cuatro nuevas ediciones del proyecto de Las Edades del Hombre (en Ávila, Toro, Cuéllar y Aguilar de Campoo), que sigue siendo una iniciativa de gran repercusión cultural y turística, que en 2019 recalará en la Villa Ducal de Lerma. También hemos promocionado muy especialmente las Semanas Santas de Castilla y León.

La Feria AR&PA se ha convertido en un evento europeo transnacional sobre Patrimonio Cultural, con sede rotatoria en Portugal y en la Comunidad. Su próxima edición, en la que se creará una Red Europea de Ferias del Patrimonio Cultural, servirá para celebrar el Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018.

En el tramo final de la Legislatura, iniciaremos un Programa integral de turismo cultural en entornos urbanos. Y crearemos la marca turística “Románico de Castilla y León”. Todo desde la consideración de que Cultura y Patrimonio, además de señas de identidad, son recursos para la dinamización económica, la creación de empleo y el desarrollo local.

Una perspectiva que se puede aplicar también a la Lengua Española. Que cuenta con ayudas al sector de la enseñanza del español para extranjeros; acciones de formación que han alcanzado ya a más de 4.000 profesionales; la creación del Centro Virtual de Recursos del Español; el apoyo al Centro Internacional de la USAL; y la consolidación del Congreso Internacional del Español. Pretendemos que vea la luz este año el III Plan del Español para Extranjeros. En una Legislatura en la que también vamos a aprobar el II Plan de Industrias Culturales y Creativas. Y en la que en el ámbito deportivo mañana mismo remitiremos a esta Cámara el proyecto de Ley de la Actividad Físico-Deportiva, que tiene el objetivo de que el deporte sea instrumento formativo, de trasmisión de valores, de cohesión social, y de mejora de la calidad de vida en Castilla y León.

Señorías: pasando ahora al ámbito de los grandes servicios públicos, son cuatro las cuestiones principales que quiero destacar. Y la primera es una reciente iniciativa que debe marcar un antes y un después en nuestra Comunidad en la atención a las personas y familias más desfavorecidas, en la lucha contra la exclusión, y en definitiva en la realización más efectiva del principio de igualdad.

Es la RED DE PROTECCIÓN A LAS PERSONAS Y FAMILIAS. Cuya Ley de ordenación y funcionamiento se aprobó unánimemente hace unos días en esta Cámara, precedida de un amplio consenso social. Se trata de un gran avance del que debemos sentirnos orgullosos. Una Red que pusimos en marcha en lo más duro de la crisis, y que hoy atiende a unas 200.000 personas, con un presupuesto este año de 207 M€. Una parte de esos recursos (79 M€) financian la Renta Garantizada de Ciudadanía, que hemos agilizado y flexibilizado varias veces en los últimos años, y hemos vinculado al gran objetivo de la inclusión laboral: de manera que 8.600 perceptores de esta renta encontraron trabajo en los últimos tres años.

Con la Ley, la Red incorpora nuevas prestaciones, programas y derechos subjetivos. Se convierte en mecanismo estable para favorecer la inclusión de las personas y familias con mayor vulnerabilidad, y corregir desigualdades. Y en la forma normalizada de trabajar de unos Servicios Sociales de responsabilidad pública que, gracias sobre todo al esfuerzo de sus profesionales, siguen alcanzado las calificaciones más altas. Así, la Asociación de Directoras y Gerentes los sitúa como los segundos más desarrollados de España, con una nota de 7,5 puntos, superior en más de 2 a la media nacional. Un éxito que en buena parte también se debe a la participación de nuestras Entidades Locales, con las que hemos suscrito un nuevo Acuerdo Marco con un horizonte de tres años y un aumento medio anual del 8,35%. Y se debe también a un vigoroso Tercer Sector, para cuya más intensa participación hemos previsto una sección específica de “seguimiento de la Red” en el Consejo de Servicios Sociales de Castilla y León.

En estrecha conexión con la Red de Protección -aunque de muy distinta forma en uno y otro caso- se sitúan también la lucha contra la violencia de género y la política pública de vivienda.

En la primera, seguimos trabajando sobre la base del modelo “Objetivo Violencia Cero”, que ha incorporado nuevos programas de apoyo psicológico, información, atención e inserción laboral, y nuevas prestaciones a víctimas de agresiones sexuales, menores víctimas de la violencia y huérfanos de mujeres asesinadas. Además, se ha constituido la Red de Centros Educativos contra la Violencia de Género. Y en los próximos meses aprobaremos el Decreto de autorización y funcionamiento de los Centros de atención, así como un Plan de Prevención de la Violencia Intrafamiliar.

Con relación a la política de vivienda, hemos alcanzado en la Legislatura 3 acuerdos del Diálogo Social. Cabe destacar tres aspectos. Primero, el refuerzo del Parque Público de Alquiler Social, que ha aumentado un 70% desde 2015, y cuenta hoy con casi 1.900 viviendas a disposición de nuestro servicio para familias en riesgo de desahucio. Segundo, las ayudas al alquiler, que en esta Legislatura beneficiarán a más de 25.400 familias, y en las que seguimos mejorando las condiciones en cada convocatoria: en la última, con una apuesta importante por los jóvenes y por las personas mayores, aumentando el porcentaje de subvención del 40 al 50% para ambos colectivos. Y tercero, el impulso a la regeneración urbana y la rehabilitación edificatoria, que está permitiendo estos años beneficiar a cerca de 11.000 viviendas.

Lo más importante de la Red de Protección, y de otras políticas públicas y actuaciones sociales como las que acabo de citar, es que sí están sirviendo de forma efectiva para mejorar las condiciones de vida, muy especialmente de las personas y los colectivos más desfavorecidos. Castilla y León no es una de las Comunidades más ricas, pero sí una de las Comunidades con menos pobreza. La tasa de riesgo de pobreza se ha reducido hasta el 15,4%, sustancialmente mejor que el 21,6% del conjunto de España. Somos una de las Comunidades con menos carencia material severa, cinco veces menor que la media nacional (1% por 5,1%). La que menos hogares tiene con pobreza energética (2,6% frente al 8,3 nacional). Y la segunda con menos hogares con retrasos en los pagos (2,3 frente al 7,4 nacional). Todo lo cual significa que estamos siendo capaces de actuar mejor que en otros territorios sobre las desigualdades sociales.

Algo similar sucede en materia de Atención a la Dependencia. El último Dictamen del Observatorio nos ha situado, por undécima vez consecutiva, como la 1ª Comunidad española en su gestión, con una calificación de 9,29 puntos que supera la del año anterior. Se destaca que atendemos a más beneficiarios que nunca (casi 89.000); que somos la Comunidad con una atención más plena (98,4%), y la que más empleos genera (50,4 por cada millón invertido, habiéndose creado en torno a 9.600 empleos en esta actividad en la presente Legislatura). Se ha dado el paso de recuperar la mayor parte de la reducción operada con motivo de la crisis en la prestación por cuidados familiares. Y estamos reduciendo el plazo para resolver las solicitudes de reconocimiento del derecho, según se pactó en el Dialogo Social.

Pero queda aún mucho por hacer. En relación con las personas mayores, nos preocupa muy singularmente el problema de su soledad, que afecta hoy al 23% de los mayores de 65 años, y que aumentará en años próximos. Los últimos acuerdos del Diálogo Social han introducido mejoras para los mayores que viven solos, reduciendo el copago en la Ayuda a Domicilio. Acabamos de poner en marcha el Programa “A gusto en mi casa” de atención en el hogar. Y en lo que queda de Legislatura queremos regular el servicio de teleasistencia, y muy especialmente impulsar los servicios de teleasistencia avanzada. Con relación a las personas con discapacidad, y aparte de lo ya señalado en el área de empleo, trabajamos en un nuevo Reglamento en materia de accesibilidad y supresión de barreras. Por último, próximamente remitiremos a la Cámara el proyecto de Ley de reforma de la Ley del Voluntariado.

La segunda cuestión a destacar en este ámbito de los servicios públicos es la del FORTALECIMIENTO DE LA SANIDAD, y nuestro compromiso con su carácter público, universal, gratuito, y de calidad.

Como he repetido muchas veces ante esta Cámara, somos conscientes de los muchos problemas, dificultades y retos que plantea el que es sin duda el Servicio de titularidad autonómica más complejo y exigente. También lo somos de las altas expectativas y legítimas reivindicaciones que sobre el mismo tienen ciudadanos y movimientos sociales. Pero también hemos defendido que una ponderación equilibrada de su evolución en estos últimos años nos permite defender que ese fortalecimiento se ha producido. Y lo ha hecho sobre todo por los excelentes profesionales con los que cuenta.

Los datos de actividad del sistema nos dicen que éste desplegó en 2017 más de 100 millones de actos asistenciales, con una media cercana a 300.000 cada día. Esta actividad es pública en una abrumadora mayoría. Hasta el punto de que, descontando el transporte sanitario, el 98% de los recursos del sistema se destinan a centros y servicios públicos, y sólo el 2% a la concertación con centros privados.

Los datos presupuestarios y los de recursos humanos hablan también de fortalecimiento. La Sanidad ha aumentado su peso en nuestro gasto no financiero del 36% en 2008 al 43% hoy, lo que demuestra la prioridad política que le hemos otorgado. Y explica por qué hemos podido aumentar servicios y prestaciones en tiempos de durísima crisis. Nuestro gasto por habitante y año es un 10% superior a la media de España. El presupuesto para Sanidad de 2018 (3.558 M€) es el más alto de la historia. Y la dotación de profesionales es también la más alta de la serie histórica: 35.400, con un aumento del 5% en la presente Legislatura.

También se han reforzado en esta Legislatura los programas de inversión. El año pasado se superó la cifra acumulada de 2.000 M€ desde la transferencia del INSALUD, de los que 227 M€ corresponden a los tres últimos años. Entre las grandes obras, cabe destacar por ejemplo que ha finalizado ya la ampliación del Hospital Provincial de Zamora, y que al inicio de 2019 se pondrán en funcionamiento los primeros servicios del nuevo Hospital Universitario de Salamanca. Además, un plan de modernización de equipamientos ha permitido por ejemplo incorporar la tecnología PET-TAC, la resonancia magnética de última generación, la tomografía de altas prestaciones, los secuenciadores genéticos, y la cirugía robótica mínimamente invasiva, así como modernizar las unidades de radioterapia en colaboración con la Fundación Amancio Ortega.

Los datos de resultados en salud son, asimismo, favorables. Con una esperanza de vida en Castilla y León mayor que la media de España (2ª Comunidad en este indicador). Y con datos de mortalidad ajustada por edad sustancialmente mejores que los medios nacionales.

La valoración ciudadana ha aumentado en los últimos años, hasta situarse hoy en un máximo histórico de 7,07 puntos en el último Barómetro Sanitario. La opinión de los ciudadanos es mejor que la media de España en todas las áreas: Primaria, Consultas, Hospitalización y Urgencias. Y en cada una de ellas en los distintos aspectos: valoración global, preferencia por lo público, y porcentaje de los usuarios que consideran la atención buena o muy buena.

Las propias Plataformas convocantes de las movilizaciones por la Sanidad, agrupadas en la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, sitúan al nuestro, sistemáticamente, entre los 5 mejores Servicios de Salud de España, y con una puntuación creciente en sus últimos informes. Lo que no significa desde luego que no haya muchas cosas que mejorar. La reunión que el Consejero de Sanidad y yo mismo mantuvimos, en mayo, con los representantes de estas Plataformas ha supuesto iniciar una etapa que sin duda va a ser de colaboración constructiva para promover dichas mejoras. Entre ellas, ya se ha aprobado y publicado un documento formal para garantizar plenamente el acceso al Sistema y la atención a todos los inmigrantes.

Por lo que se refiere a las listas de espera, los últimos datos comparativos del Ministerio de Sanidad señalan que somos la Comunidad que más redujo la demora quirúrgica en 2017, hasta situarla un 26% por debajo de la media nacional: 78 días frente a 106. Un dato que a 31 de marzo se ha reducido todavía más (hasta los 73 días), con una importante precisión: los pacientes prioridad 1, casos urgentes, son intervenidos en una media de 12 días, y todos ellos en menos de 30.

La tercera cuestión a abordar en el ámbito de los servicios públicos es la que se refiere al MODELO EDUCATIVO PROPIO DE CASTILLA Y LEÓN.

Si la Sanidad es el servicio más valorado y complejo, la Educación es la actividad emancipadora por excelencia. La mayor palanca para que alguien que nace en el seno de una familia desfavorecida pueda cambiar su destino. Y el medio fundamental del que la sociedad se dota para formar mejores personas, mejores profesionales y mejores ciudadanos.

Tenemos que sentirnos orgullosos de que el Sistema Educativo de Castilla y León sea uno de los más serios, ordenados, rigurosos e innovadores de España, capaz de compararse en calidad con los mejores sistemas europeos. Algo avalado y reconocido por diversos estudios y evaluaciones, el más conocido el Informe PISA, que nos sitúa como la 1ª Comunidad de España, con una puntuación equiparable a la del séptimo mejor sistema del mundo. Un éxito debido sobre todo al esfuerzo ejemplar del colectivo de docentes. A la implicación de las familias. Al esfuerzo de los alumnos. A un exigente modelo curricular. Y a una política educativa que ha tenido estabilidad y se ha adaptado a nuestras peculiaridades.

En relación con la calidad hay tres áreas de avance en los próximos años. Una, el aumento de las inversiones en educación: casi 96 M€ en lo que llevamos de Legislatura sólo en educación escolar, con otros 45 más previstos en 2018. Dos, el desarrollo del nuevo modelo de bilingüismo, que ya está comenzando a implantarse. Y tres, la mejora de las tecnologías en las aulas, cuestión ésta para la que será fundamental la ejecución del Programa estatal “Aulas conectadas”, que contempla la conexión a banda ancha ultrarrápida de más de 1.400 centros públicos de nuestras enseñanzas obligatorias.

Las evaluaciones externas destacan también que el Sistema de Castilla y León es el que tiene más equidad de toda España. La diferencia entre alumnos de centros públicos y privados es la menor del país, lo que demuestra que no es un modelo fragmentado por clases sociales. Un aspecto en el que vamos a seguir incidiendo, a través de nuestro proyecto de “Centros 20/30”, que comenzará el próximo curso. Además, las aulas de Castilla y León son las más seguras de España. Algo que queremos reforzar por medio de nuestro Programa contra el acoso y la intimidación.

Por otro lado, seguimos avanzando hacia la gratuidad de los libros de texto en las enseñanzas obligatorias. En esta Legislatura hemos operado ya un cambio de modelo, integrando en un solo sistema bancos de libros y ayudas a la compra. Con ello, hemos agilizado los apoyos y ampliado los destinatarios. El curso próximo tendrán derecho a la gratuidad de los libros las familias con ingresos de hasta 2,5 veces el IPREM, lo que supondrá beneficiar a casi 63.000 familias, con un esfuerzo cercano a 17 M€. Por otro lado, las condiciones de acceso al comedor escolar y a los Programas “Madrugadores” y “Tardes en el Cole” son más ventajosas, en aplicación de diferentes acuerdos del Diálogo Social.

La empleabilidad está también aumentando para nuestros alumnos de Formación Profesional. La tasa de inserción laboral al año de finalizar los estudios es del 79%. Y en la inmensa mayoría de casos el empleo obtenido se ubica en Castilla y León. Es preciso seguir mejorando estos indicadores, a lo que seguro contribuirá una mayor extensión de la nueva Formación Profesional Dual.

En todos estos objetivos -calidad, equidad y empleabilidad- sigue siendo fundamental defender y promover un Pacto de Estado por la Educación, que garantice el sistema consensuado, estable, moderno y eficaz que se desarrolle en España durante las próximas décadas.

En esta Legislatura, Castilla y León ha demostrado que sí es posible lograr acuerdos educativos. Así ha ocurrido con los alcanzados con las Universidades, tanto públicas como privadas, para la racionalización de los estudios, que se están desarrollando en todos sus puntos.

En relación con la Enseñanza Superior, cabe destacar y agradecer a las Universidades públicas el saneamiento financiero que han logrado y están sabiendo mantener. Por otro lado, se ha consolidado nuestro sistema propio de becas, complementarias a las estatales. Un sistema que, en el curso que acaba de finalizar, ha beneficiado a 2.900 alumnos. Y que, sumado a la acción del Ministerio, hace que el 55% de alumnos de nuestras Universidades públicas disfruten de beca.

Quiero mencionar también el programa de inversiones 2016-22, dotado con más de 55 M€, que estamos ejecutando para nuestras Universidades públicas. A lo que debe añadirse el convenio, por otros 7,5 M€, para la 2ª Fase del Campus de la UVA en Segovia, que estará concluida para el inicio del próximo curso.

Gracias a esas inversiones, entre otros aspectos, nuestras Universidades públicas han mejorado sus infraestructuras de investigación. Y también por eso hoy el peso de las mismas en la ejecución del gasto en I+D en la Comunidad es superior a la media de España. Se están desarrollando todas las convocatorias previstas para el apoyo a la investigación. Y se ha completado con éxito una nueva etapa del Plan TCUE de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa, con resultados muy positivos de facturación al sector empresarial, creación de empresas, solicitudes de patentes, y participación en programas nacionales e internacionales de apoyo a la I+D.

Quiero centrar la última cuestión en este ámbito de los servicios públicos en la futura LEY DE APOYO A LA CONCILIACIÓN Y DE ELIMINACIÓN DE LA BRECHA SALARIAL Y DE GÉNERO.

Su anteproyecto se encuentra, en estos momentos, en el trámite de informe del Consejo Consultivo. Acto seguido del cual, remitiremos a estas Cortes el correspondiente proyecto de Ley. Será un nuevo avance que impulsaremos en Castilla y León de la mano del Diálogo Social. Su filosofía pone en relación el derecho de las personas a conciliar su vida familiar y laboral, la corresponsabilidad entre mujeres y hombres respecto de las tareas familiares y domésticas, y la brecha salarial y de género que hoy es tan real como inasumible ya para nuestra sociedad.

El primer borrador del anteproyecto se consensuó en febrero en el Diálogo Social, con la previsión de seguir negociando y profundizando en su contenido. Así lo hicimos en las siguientes semanas, hasta contar con un texto que supone dar un paso al frente ante un problema que lastra la dignidad de las personas, y recorta muchas posibilidades de su desarrollo económico y social.

Con este texto abordamos uno de los compromisos de más largo recorrido que asumí en mi Investidura: crear el germen, en Castilla y León, del que debería ser en un futuro próximo un Sistema Nacional de Conciliación que cree puestos de trabajo para jóvenes, que ayude a las familias en el momento de más dificultad en la crianza de sus hijos, que genere retornos a las arcas públicas, y que actúe sobre el que es uno de los principales factores de la brecha laboral y salarial entre mujeres y hombres.

Para las personas, la futura Ley sistematizará distintos tipos de ayudas (ante situaciones de reducción de jornada o de excedencia por motivos relacionados con la maternidad o paternidad), así como desgravaciones fiscales.

Para las empresas, se establecen ayudas para que flexibilicen sus horarios y para que contraten a quienes sustituyan a los empleados que ejercen su derecho a la conciliación. Y medidas para fomentar la aplicación de planes de igualdad, aumentar la transparencia y mejorar la negociación colectiva, en todo lo cual es fundamental la figura de los agentes de igualdad. Además, se prevé establecer cláusulas sociales en las subvenciones de la Junta, que incentiven a las empresas que soliciten éstas a adoptar medidas a favor de la igualdad y la conciliación.

El texto contempla también el mantenimiento de una red de centros de atención a los menores de 0 a 3 años, imprescindible para hacer real el derecho a la conciliación. En Castilla y León existen en estos momentos 848 centros, públicos y privados, que disponen de más de 34.500 plazas y generan más de 4.000 empleos. Y les anuncio que, este mismo año, vamos a iniciar una línea de ayudas de la Junta a los centros públicos, que tienen especial importancia para las personas y familias menos favorecidas y para nuestro medio rural.

En cuanto a la brecha salarial y de género, es un problema que tiene muchas causas, derivado de negativos roles sociales en virtud de los cuales las mujeres trabajan menos en determinados sectores, ocupan puestos de categorías inferiores, suscriben más contratos a tiempo parcial y contratos temporales, y tienen en general mayores dificultades en el acceso al empleo, la formación permanente y la promoción en las empresas.

Frente a esto, hay que actuar decididamente en el sistema educativo, donde ya tenemos varios programas en marcha. Hay que tomar medidas en todas las áreas, como se prevé en la Agenda de Igualdad de Género que ha aprobado la Junta. Y, como persigue la futura Ley, hay que articular una fuerte alianza entre los poderes públicos y el sector privado, con una amplia participación social y con el protagonismo de las propias mujeres. Queremos que las políticas de igualdad y de conciliación sean también una seña de identidad de Castilla y León.

Señorías: si hoy es una exigencia ciudadana mantener y mejorar la calidad de los grandes servicios públicos, así como garantizar la calidad de la propia sociedad combatiendo todas las desigualdades, también lo es sin duda reforzar la CALIDAD DE LA POLÍTICA.

Este es un objetivo que en los últimos años ha ocupado a la Junta. Y también intensamente a estas mismas Cortes, multiplicado nuestro sometimiento al control parlamentario. En estos tres años ya se han tramitado 13.500 iniciativas. Entre ellas, casi 1.300 preguntas orales y comparecencias, más de 9.000 preguntas escritas y 1.900 peticiones de documentación. Todo lo cual representa un enorme aumento del 126% sobre las iniciativas tramitadas en toda la anterior Legislatura.

Estas Cortes han aprobado una normativa muy avanzada sobre calidad democrática. Así, la última Ley de la pasada Legislatura fue la de Transparencia y Participación Ciudadana. Y en la actual:

• Hemos aprobado la Ley del Estatuto del Alto Cargo. Que recoge asuntos como la limitación de mandatos; la prohibición de ser alto cargo a personas con sentencia por delito contra la Administración, o a quienes se hubiere abierto juicio oral por ese motivo; la restricción de las «puertas giratorias»; la incompatibilidad entre la condición de Procurador y la de Alcalde o Concejal en los Ayuntamientos más grandes; la creación de los Consejos de Dirección abiertos, de los que se han celebrado ya en torno a 25; o el Código Ético y de Austeridad, que la Junta ya había aprobado en 2011, y que renovamos en 2015. En aplicación de ello se ha constituido además la Comisión de Ética Pública.
• Se ha aprobado asimismo la Ley de garantías de los informantes, que establece mecanismos de protección a quienes faciliten informaciones sobre posibles delitos contra la Administración.
• Y en los últimos meses hemos aprobado la Ley de Reconocimiento y Atención a las Víctimas del Terrorismo. Que establece medidas de protección, reparación de daños, recuerdo y homenaje a quienes sufrieron la acción criminal terrorista. Y en cuya aplicación se ha nombrado el Comisionado para las Víctimas del Terrorismo.
• Cabe recordar también el Decreto de la Memoria Histórica y Democrática. Que honra a quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura franquista. Y apoya la investigación, exhumación e identificación de sus víctimas, para lo que por primera vez se ha convocado ya una línea de ayuda.

En esta Legislatura Transparencia Internacional nos ha otorgado en su último Informe una calificación de sobresaliente. Y acabamos de recibir el “Premio Ciudadanía”, de ámbito nacional, por nuestro modelo de participación ciudadana a través del Portal de Gobierno Abierto.

Por otro lado, la Junta está siendo proactiva en la aplicación de la Agenda 2030, de Naciones Unidas, para el Desarrollo Sostenible. Que ya inspiró nuestro III Plan Director de Cooperación para el Desarrollo. Y que va a seguir inspirando todas nuestras políticas, a través de las Directrices de implementación de la Agenda 2030, hoy en el Portal de Participación, y que serán aprobadas en breve.

Y estamos a punto de remitir a esta Cámara el proyecto de Ley de Diálogo Civil. Castilla y León será la primera Comunidad en implantar dicho diálogo en todas las áreas de su acción política, tomando el ejemplo de la Unión Europea. Lo que supondrá dinamizar el trabajo de los principales órganos de participación. Y dar más voz a la ciudadanía en la elaboración de las normas, estrategias, planes y programas de la Junta.

Creemos en la democracia representativa, basada en el vínculo que existe entre la ciudadanía y sus representantes parlamentarios. Un vínculo que se establece en las urnas. Y que hay que reforzar con más participación democrática, para así aprovechar mejor la inteligencia colectiva. Urnas y participación: esa es la clave hoy para una democracia que funcione.

Señorías: en el tramo final de esta intervención, necesariamente debo abordar tres importantes y complejos problemas y retos que tiene planteados la Comunidad: la LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN, la ORDENACIÓN DE SU TERRITORIO, y el FUTURO DE SU MEDIO RURAL.

Los datos de evolución demográfica en Castilla y León de los últimos años son muy negativos. Son datos sin duda todavía lastrados por el impacto de la grave crisis económica que hemos sufrido, como lo demuestra el hecho de que hasta el mismo inicio de ésta en 2008 la población de la Comunidad había aumentado en los años anteriores, en paralelo al crecimiento económico estable producido en ellos, y por la llegada aquí de inmigrantes y el repunte de la natalidad. Pero son datos también marcados desde luego por factores menos coyunturales, asociados a nuestra particular estructura poblacional, muy afectada por el importante éxodo rural que Castilla y León sufrió durante la segunda mitad del siglo XX. Hoy esto se manifiesta sobre todo en los muy desfavorables saldos vegetativos que venimos sufriendo.

La salida de la crisis y el crecimiento tendrán una repercusión positiva en términos demográficos. Así se está empezando a notar en los datos referidos a la población inmigrante, y a su propia afiliación a la Seguridad Social. Pero es necesario actuar sobre los factores estructurales. Con medidas por ejemplo como las que en el año 2005 conseguimos pactar con el principal Grupo de la oposición, suscribiendo una primera Estrategia de Lucha contra la Despoblación. Que más tarde, en 2010, sirvió de base a la Agenda para la Población: un conjunto de medidas de estímulo para las familias, los jóvenes y las personas migrantes, y de acción positiva sobre el medio rural, que hemos venido actualizando en esta Legislatura, con amplia participación social, a través del Consejo de Políticas Demográficas.

Gracias a ese esfuerzo, la Comunidad cuenta con un tratamiento fiscal especialmente favorable a las familias. Ha otorgado a los jóvenes prioridad en nuestras políticas, conforme prevé también la Estrategia de Impulso Joven 2020. Ha propiciado la creación de la Red de atención a las personas inmigrantes, y ha favorecido ayudas como la que acabamos de poner en marcha para financiar los gastos de convalidación de títulos. Y ha supuesto la articulación de medidas para el retorno de los emigrantes, con subvenciones individuales para facilitar su traslado, y apoyos a las empresas que los contraten.

Siempre hemos defendido que estas medidas de estímulo eran necesarias y acertadas. Y también que para ser verdaderamente eficaces era imprescindible fortalecerlas con el máximo apoyo político y social dentro de la Comunidad, lo que por desgracia no siempre ha sido posible conseguir. Para lograr la implicación de todas las Administraciones que aquí actúan, así como la colaboración de todas las instancias, hemos desarrollado nuevas iniciativas.

• Fuimos impulsores del Foro de Comunidades con Desafíos Demográficos. En el que Gobiernos autonómicos de distinto signo hemos compartido desde el primer día una visión conjunta del problema. Sobre el que también se han firmado declaraciones conjuntas con Comunidades como Aragón, Asturias y Galicia.
• Actuamos con las Entidades Locales, a las que el Estatuto encomienda también la lucha contra la despoblación. A ese objetivo vinculamos un porcentaje de su participación en los tributos de la Junta. Y orientamos el Plan de Empleo Local, favoreciendo la adicionalidad de fondos de Ayuntamientos y Diputaciones.
• Nos movimos en Europa. Participando en la Red europea de regiones con desafíos demográficos. Y liderando la exigencia de una “Estrategia demográfica europea”, a través de un Dictamen aprobado por el Comité de las Regiones, y que fue la base de iniciativas similares en otras Instituciones de la Unión.
• Y junto a las Comunidades del Foro impulsamos la petición de una “Estrategia demográfica nacional”, que conseguimos incluir en los acuerdos de la última Conferencia de Presidentes. Lo que supuso en España el reconocimiento por primera vez de que éste es un “problema de Estado”, y el compromiso de elaboración de aquella Estrategia.

Sigue siendo imprescindible la aprobación de esa Estrategia. Y así lo vamos a defender ante el nuevo Gobierno. Sería muy razonable aprovechar para ello el trabajo realizado por el anterior, con las aportaciones de las propias Comunidades, la Federación de Municipios y Provincias y otras instancias sociales. Aunque con evidente retraso, se había comenzado ya a definir medidas, algunas de ellas muy positivas, que incluso se contemplan en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, aún debatiéndose en el Parlamento Nacional.

Por otra parte, resulta también fundamental que el problema demográfico esté muy presente en el nuevo modelo de financiación autonómica, cuya reforma es una de las cuestiones de mayor trascendencia que hoy tenemos pendientes.

Aquí todos hemos convenido en la urgencia de reformar el actual modelo. Algo en lo que coincidimos casi todas las Comunidades, y nosotros en particular con los Gobiernos de Galicia, Asturias y Aragón. Recordamos los compromisos de la última Conferencia de Presidentes, los pasos dados después, y el retraso que lleva ese trabajo. Siempre hemos coincidido también en que esa reforma debe producirse a través de un cauce multilateral. El Consejo de Política Fiscal y Financiera, primero, y las Cortes Generales, después. Nunca por medi