El Ayuntamiento de Salamanca recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León sobre la retirada de la efigie del dictador Francisco Franco del mural que representa 18 hechos históricos salmantinos en el salón de plenos de la Casa Consistorial.

Ha tomado esta decisión atendiendo, en primer lugar, al informe de la Asesoría Jurídica Municipal, que propone interponer recurso de casación contra la sentencia. Y, en segundo lugar, tiene en cuenta la opinión de la familia del artista Ramón Melero, autor del mural, que comunica por escrito en una carta su “apoyo al Consistorio de Salamanca, en defensa de una obra artística e histórica que es patrimonio de toda la ciudad”.

Señala expresamente su “parecer favorable sobre la interposición por el Ayuntamiento del recurso” y entiende que “debe preservarse la integridad del mural realizado en su momento por nuestro padre en el salón de plenos del Ayuntamiento, al constituir las tres partes que lo conforman una obra artística indivisible, y que, además, en ningún caso pretendía hacer exaltación de la figura del dictador Francisco Franco”.

Cabe recordar que la sentencia establece que debe desaparecer sólo la efigie del dictador. Al ser una obra de arte, la familia del autor debía dar el visto bueno para que se pudiera retirar sólo esa parte. Pero como no está de acuerdo, debe desaparecer todo el mural, algo a lo que se opone el equipo de gobierno del PP, de ahí el recurso al Tribunal Supremo.

De igual modo, los técnicos avalan que el mural, obra de Ramón Melero, sintetiza gráficamente tres siglos de historia de Salamanca y que se debe respetar el valor artístico de esta obra, que finalizó en 1962, y que, además, no perseguía la exaltación del franquismo, como demuestra el hecho de que la figura de Franco se sitúa en el lateral inferior derecho de la parte del mural cuyo elemento central es la figura de Miguel de Unamuno.

Por otro lado, el equipo de gobierno del Ayuntamiento ha decidido revocar el título de Alcalde de Honor a Franco para zanjar la controversia sobre el mismo, vinculado más al ámbito de las declaraciones de contenido político, a pesar de que la Asesoría Jurídica insiste en que esa distinción honorífica se extinguió con la muerte de su titular.