El exalcalde de Valladolid por el Partido Popular durante veinte años, Francisco Javier León de la Riva, ha declarado este martes como acusado en el juicio de las comfort letter, los documentos que sirvieron para avalar la deuda de 100 millones de euros del Ayuntamiento en el seno de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV).

En su declaración en la Audiencia Provincial, De la Riva se ha parapetado en el desconocimiento que tenía sobre la trascendencia de las tres cartas de conformidad que firmó en 2008, 2010 y 2011 y ha argumentado que “nunca” tuvo “la conciencia de que era un documento financiero sino una carta de confianza”.

El exalcalde ha respondido tanto a la Fiscalía como a la acusación particular que ejerce el Ayuntamiento y ha recordado la situación política en el Ayuntamiento de Valladolid en esos tres años de las firmas, en los que “no tenía problema para llevar un informe del Interventor y del Secretario al pleno y aprobarlo porque tenía mayoría absoluta, pero nadie me dijo que tuviera que hacer ese procedimiento”.

Nueve años de prisión

En este juicio De la Riva se enfrenta a una petición de nueve años de cárcel y la inhabilitación. También declaran como acusados los que fueran concejales en los gobiernos del PP, Alfredo Blanco (titular de Hacienda) y Manuel Sánchez (responsable de Movilidad), para los que la Fiscalía pide dos años de inhabilitación.

El exalcalde del PP ha llegado a reconocer que la tramitación de las comfort letter “se hizo mal”, pero ha matizado que “la no tramitación se hizo así porque es lo que pensaba que tenía que hacer, no sabía que tuviera que hacerlo de otra manera”.

Preguntado por la Fiscalía sobre el contenido de las cartas de conformidad, De la Riva ha recordado la que firmó en julio de 2008. “Me trajo el documento una empleada de la SVAV que se lo llevaba de nuevo al Ministerio de Fomento y lo firmé en ese momento”, y ha apuntado también que “en dos de las tres cartas hay documentos en blanco que tendría que haber rellenado y no lo hice por las prisas”.

En este sentido, De la Riva ha defendido que no era el único que desconocía el alcance legal de estos documentos. El exalcalde ha citado una conversación en un consejo de administración de la SVAV en la que “el director de Carreteras e Infraestructuras de la Junta de Castilla y León, Luis Alberto Solís, preguntó si se firmarían avales desde las administraciones para el crédito de la Sociedad, y Víctor Morlán, secretario de Estado de Infraestructuras, respondió que no se firmarían avales”.

La Fiscalía también ha preguntado a León de la Riva por la relación con los otros dos concejales presentes en el consejo de administración de la SVAV y su información sobre estos documentos, pero el exalcalde ha vuelto a referirse a la misma idea; “si me traen un documento para la firma entiendo que ya está hecho”.

Miles de cartas

En respuesta a la acusación particular ejercida por el Ayuntamiento, León de la Riva ha recalcado la diferencia que considera “entre los documentos que sí han ido acompañados siempre de informes tanto del interventor como del secretario, de las cartas que firmaba miles cada mes” y ha añadido que las comfort letter las consideró a ese nivel “como cartas de conformidad”.

Esta ha sido la parte más tensa de la sesión, en la que el presidente de la Audiencia, Feliciano Trebolle, ha cortado en varias ocasiones las exposiciones del abogado de la acusación y también las respuestas de León de la Riva, por ejemplo cuando ha querido ampararse en la definición que la Real Academia Española hace de ‘aval’.

Crisis económica

El nacimiento de estas comfort letter llegó por la necesidad de afrontar la ampliación de un crédito de 400 millones de euros dentro de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, de la que el Ayuntamiento tiene y tenía entonces el 25 por ciento.

Al comienzo de la operación la percepción sobre el futuro del proyecto era otra. “En 2003 el precio del suelo hacía prever que se garantizaba el pago de la operación con las 100 hectáreas de terreno que se liberaban”, ha recordado De la Riva, que se ha referido a que incluso el Ministerio de Fomento dirigido por Álvarez Cascos “consideró cómo se realizaría el reparto de beneficios que podía derivarse de la operación”.