Comisiones Obreras (CCOO) de Salamanca ha detallado los acuerdos alcanzados en los últimos días en el Consejo del Diálogo Social con la Junta de Castilla y León, valorando además el trabajo previsto en el Diálogo Social en el Ayuntamiento de Salamanca. Así lo han explicado Saturnino Fernández, secretario de Empleo, Política Institucional y Diálogo Social de CCOO-CyL; Inmaculada de Pablo Arranz, secretaria de Políticas Sociales y Vivienda de CCOO-CyL; y Emilio Pérez Prieto, secretario general de CCOO de Salamanca.

Emilio Pérez destacó que en la capital charra el Diálogo Social está estancado, al contrario que otras provincias de Castilla y León, debido a “intereses políticos y personales” relacionados con la forma de tratar las instituciones a los representantes de los empresarios. Y es que, cabe recordar, en Salamanca hay dos patronales, la Confederación de Asociaciones de Empresarios Salmantinos (Confaes) y la Confederación de Empresarios de Salamanca (CES). La disputa entre ambas sobre quién es la más representativa y tiene derecho a sentarse en la mesa de negociación con los sindicatos está afectando a los proyectos que se deben abordar con 24 millones de euros presupuestados y ya firmados.

Este acuerdo fue firmado por el Ayuntamiento, Comisiones Obreras, la Unión General de Trabajadores (UGT) y Confaes, no por CES, al considerar que la primera es la patronal más representativa, algo que no comparte la segunda esgrimiendo número de asociados y empresas adscritas. Mientras tanto, están sin definir ocho millones para empleo, tres para acceso al mercado laboral de jóvenes, dos para apoyo a familias con dificultades, casi siete para vivienda, casi cinco para servicios sociales y otro millón y medio para igualdad de oportunidades y conciliación laboral.

Lo que sí se ha conseguido a nivel autonómico

Este estancamiento en Salamanca contrasta con el avanza a nivel regional. CCOO destacó que se ha logrado un plan especial a favor de los desempleados mayores de 55 años, con ayudas a la contratación durante doce meses, y se mantienen los programas de formación a través de los ayuntamientos, fomentando también el autoempleo y la contratación de personas con discapacidad y en exclusión social.

Otros acuerdos abarcan más allá del empleo. En atención a las personas con dependencia, la gratuidad de la ayuda a domicilio llegará a quienes perciban ingresos inferiores a 537 euros al mes, también para quienes viven solos y perciben menos de 700 euros, con una rebaja progresiva de hasta el 20% en el copago del servicio para el resto de usuarios que viven solos. Reducción en el mismo porcentaje para el copago de la teleasistencia, incrementando un 60% las unidades de convalecencia con un promedio anual del 20%, de forma experimental.

Respecto a la política de vivienda, se garantiza la ayuda al alquiler para todas las solicitudes que reúnan los requisitos, eliminando el tope presupuestario. Serán para personas y familias cuyos ingresos no excedan 2,5 veces el IPREM y cubrirán hasta el 40% del coste del alquiler. También se incrementa el precio máximo del alquiler para solicitar la ayuda y se mantienen las ayudas a la regeneración y rehabilitación de viviendas, sobre todo para mejorar la eficiencia energética.