Guardias Civiles del SEPRONA de la Comandancia de Salamanca, en ejecución de la fase operativa de la Operación OPSON para la lucha contra el fraude en la cadena alimentaria, llevó a cabo el pasado 13 de diciembre de 2017 una inspección de un establecimiento autorizado sanitariamente sólo para el envasado de productos cárnicos ubicado en el término municipal de La Alberca.

Como consecuencia de la inspección, se descubrió que el establecimiento llevaba a cabo de manera ilícita actividades de almacenamiento y distribución de productos cárnicos  (careciendo de la correspondiente autorización sanitaria), observándose que en las diversas instalaciones y dependencias se hallaban almacenados numerosos productos cárnicos y lácteos para su distribución al consumidor final, lo cual suponía una infracción a la legislación de la comunidad autónoma.

Durante la citada inspección fueron localizados envases de paté caducados con un peso total de 42 kilogramos; cuarenta y dos (42) piezas de paleta curada de 3,00 kg y once (11) envases de dos paletas de 6,2 kg sin etiqueta ni lote, con un peso total aproximado de 195 kilogramos; 360 kilogramos aproximados de quesos curados en mal estado; cuarenta y dos (42) paquetes de loncheados de jamón sin etiqueta ni lote, veintidós (22) quesos de distinta procedencia des etiquetados, cuatro (4) cajas de treinta (30) envases de jamón sin etiqueta  ni lote; incluso se hallaron numerosos productos cárnicos (lomo, solomillo, secreto y pluma) congelados y envasados en cajas y depositados en remolques frigoríficos dados de baja de la circulación sin registros de temperaturas que certificaran su sanidad. Suponiendo todo ello casi una tonelada de productos alimentarios.

Al no quedar garantizada la trazabilidad sanitaria, detectada la caducidad y deficiente estado higiénico para el consumo, los Guardias Civiles actuantes llevaron a cabo el precinto, retirada para el mercado, intervención administrativa e inmovilización cautelar del género reseñado, contando con el apoyo Servicio Territorial de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León,  que posteriormente procede a la retirada de los productos  de la cadena alimentaria y acuerda su destrucción definitiva.

Dicha actuación permitió el inició de una ardua investigación penal que ha derivado, junto con la formalización de las correspondientes denuncias por incumplimientos de la legislación sanitaria de la citada Comunidad Autónoma, a la investigación de dos varones de 47 años de edad R.B.P. y M.G.G., como supuestos autores de los delitos contra la salud pública y falsedad documental, debido a su participación por acción u omisión en distintas fases del grave fraude alimentario detectado y la puesta en grave riesgo la salud de los consumidores