La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, Alicia García, ha reprochado al Gobierno central las "formas" de tramitar el Decreto-Ley 9/2018 que desarrolla el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, durante la cual cree que se ha "hurtado" el debate y no se ha hecho con garantías.

García, que este jueves ha visitado un punto de encuentro familiar en Valladolid, se ha referido así a la aprobación el pasado 3 de agosto de este decreto-ley que, entre otras medidas, amplía los sistemas de acreditación de las situaciones de violencia de género --los informes de los servicios sociales también serán válidos para ello--.

También modifica el Código Civil para que la atención y asistencia psicológica quede fuera del catálogo de actos que requieren una decisión común en el ejercicio de la patria potestad, cuando exista sentencia firme o hubiera una causa penal en curso por malos tratos o abusos sexuales.

Alicia García, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha incidido en que el decreto recoge medidas del Pacto de Estado, que se negoció y acordó con los grupos parlamentarios, las comunidades autónomas, ayuntamientos, Tercer Sector, etcétera, algo que no se ha hecho con este decreto ley.

Además, ha criticado que este texto no se expusiera ni se informara del mismo tres días antes de su aprobación, el 31 de julio, cuando se celebró una Conferencia Sectorial para la distribución de créditos relacionados con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

En esta línea, ha reprochado que se aprobara sin la participación de las comunidades autónomas, cuando considera que, al igual que se hizo con el Pacto de Estado, debería haberse hecho "con participación parlamentaria" y la tramitación "dé garantías" sin hurtar el debate parlamentario, la participación de las comunidades autónomas, expertos o el Tercer Sector. "Creo que no es la forma de hacerlo", ha señalado la consejera, quien ha reiterado que se tuvo "oportunidad" el 31 de julio para abordarlo en la Conferencia Sectorial.

"Me parece que las formas no son las adecuadas", ha insistido García, quien se ha expresado así después de que el PP criticara que este decreto ley "adolece de graves defectos jurídicos que son constitutivos de inconstitucionalidad" mientras el Ejecutivo central considera que es "jurídicamente correcto".

El PP acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "romper el consenso de la democracia" al aprobar "por la puerta de atrás en el mes de agosto, el Real Decreto Ley para modificar el Código Civil", ya que a su juicio existe un "claro incumplimiento y desprecio de los requisitos" del artículo 86 de la Carta Magna, al entrar a modificar "materias relativas a derecho de familia y capacidad de las personas sin intervención de las cámaras legislativas".

Precisamente este lunes, la asociación de jueces Francisco de Vitoria (AJFV) ha pedido al Gobierno que retire el Real Decreto-Ley que recientemente ha aprobado sobre medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. A su juicio, "no ha sido meditado, debatido y examinado con la profundidad que requiere una materia de esta importancia" y, de hecho, ha introducido "inseguridad, imprecisión y desconcierto".