UGT ve una "puerta abierta" a encontrar una solución a las oposiciones de personal de servicios, que se realizaron en junio y que motivaron numerosas quejas y reclamaciones, en una resolución del Procurador del Común en la que pide a la Junta de Castilla y León "con carácter urgente" elabore un informe motivado acerca del "encaje" de las preguntas que se realizaron en el examen de la oposición con el programa de la misma.

Así lo ha expresado la secretaria regional de la Federación de Empleados de Servicios Públicos (FeSP), Carmen Ámez, quien con este pronunciamiento ve una "puerta abierta" a una solución "difícil jurídicamente" ante el problema que suscitó esta prueba a la que se presentaron 18.800 aspirantes para un total de 384 plazas, a cuyo examen --realizado el 3 de junio-- se han presentado 131 reclamaciones y que quedó paralizada el 25 de julio por parte de la Consejería de la Presidencia.

Ámez ha recordado que se produjo "frustración" entre los aspirantes a esta prueba, sobre la que han mantenido varias reuniones con la Junta y esperan tener otra antes del 15 de septiembre, dados algunos problemas surgidos como la dificultad del examen para un personal al que sólo se le requiere certificado de escolaridad, el escaso tiempo para contestar a todas las preguntas y otras circunstancias que motivaron numerosas quejas.

Así, el sindicato presentó una queja ante el Procurador del Común, que ha emitido una resolución basada sólo en la información aportada en las reclamaciones y recursos y en la publicidad del proceso selectivo realizada por la Junta, dado que se han solicitado informes a la Consejería de la Presidencia que no se han remitido a la oficina del defensor del pueblo castellanoleonés.

En esta información que ha obtenido el Procurador, observa diferente trato en las aulas del examen, ya que en algunas se facilitó una segunda hoja para corregir errores y en otras no, lo que vulneraría el principio de igualdad en el acceso al empleo público, pero también se incide en un contenido técnico "excesivo y desproporcionado" en la prueba con respecto a la categoría de las plazas y la exigencia sólo de certificado de escolaridad, por ejemplo en lo que se refiere a un buen número de preguntas sobre el Estatuto Básico del Empleado Público que no figuraba en el temario.

Asimismo, entre la información recogida se señalan las quejas por la extensión del examen, con 88 preguntas a contestar en 80 minutos, y se pone de manifiesto el "sentimiento de engaño" y la "frustración" de los aspirantes.

Con todo ello, el Procurador del Común emite una resolución en la que uno de los aspectos más importantes para UGT es la petición, "con carácter de urgencia" y previa a que se resuelvan las reclamaciones y los recursos de alzada, de un informe por parte del tribunal calificador o los servicios jurídicos de la Junta en los que haga una motivación acerca del "encaje" de las preguntas realizadas en el examen en relación con el programa de la oposición.

Carmen Ámez ha explicado que el Procurador dice que dicho programa es "muy ambiguo" y pone como ejemplos los epígrafes en los que contempla "conocimientos básicos en salud laboral o violencia de género. "¿Eso qué abarca?", ha preguntado la responsable de UGT.

Temario y funciones 

Además, el Procurador hace hincapié en que se debe respetar el Real Decreto Legislativo 5/2015 mediante el que se aprueba la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público que, en su artículo 61.2, señala que en los procesos selectivos se debe cuidar la conexión entre las pruebas y su adecuación a las tareas de los puestos de trabajo ofertados.

Ámez ha concretado que no se trata tanto del número de preguntas en relación al temario sino si se correlacionan con las tareas y funciones del personal de servicios tal y como se refleja en su convenio colectivo.

También el Procurador pide que se supervise si en realidad hubo diferente trato en las aulas con unas en las que se facilitó una hoja para corregir respuestas erróneas y otras en las que se negó porque, de demostrarse que fue así, se vulneraría el principio de igualdad y supondría la anulación de la prueba.

De la misma forma, se insta a que en las próximas convocatorias de procesos selectivos, y "en especial de éste", se lleven a cabo las actuaciones pertinentes para delimitar "con rigor y precisión" los epígrafes de los temas en los programas en relación a la oposición y en cuanto a esta categoría se limite al anexo I del convenio de estos empleados.

Ámez ha insistido en que ve una "puerta abierta" a una solución con una resolución que se cita jurisprudencia de diferentes tribunales y que supone una satisfacción ante una prueba sobre la que hay que "tomar una decisión que considera que pasaría o por anular la prueba o la convocatoria, pero cree que hay que ver la respuesta que sea mejor y menos "daño" haga a los aspirantes. Para todo ello estarán pendientes de cómo se resuelve esta resolución, qué respuesta da la Junta al Procurador y de la reunión comprometida antes del 15 de septiembre.