En España, si hablamos de separaciones, divorcios, derechos de los menores, de padres y madres en lucha diaria para preservar intactos los intereses de los menores, y sobre todo de la  igualdad tras la ruptura de pareja, estamos mencionando a un colectivo de al menos 4 millones de españoles afectados.

Pues bien el colectivo de madres y padres separados, al que hoy quiero dedicar este artículo, esos incansables del buen hacer para con los menores, que luchan por no privarles de algo tan simple, básico y necesario como es  una familia, de querer que sigan unidos a sus padres, hermanos, tíos, primos, abuelos, y demás allegados, luchadores de profesión, y que darán hasta la última gota de su vida por tener los mismos derechos como padres que como madres, hoy están abatidos destrozados e indignados, con un gobierno español, que se ha vendido, como lo ha hecho a otros muchos,  a manos de las feministas radicales, para buscar un poquito de oxígeno, en su muerte política anunciada.

Treinta y cinco organizaciones se han dirigido por escrito al Defensor del Pueblo para que este haga uso de su potestad de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto 9/2018 de 3 de agosto de 2018. Desde el colectivo de asociaciones defensoras de la custodia compartida, de los derechos de los menores y de una ley de violencia intrafamiliar que proteja a todos los miembros de la familia sin excepción frente a cualquier tipo de violencia, manifestaron que el citado Real Decreto vulnera los preceptos fundamentales de la Constitución española, no sólo en su contenido legislativo discriminatorio, sino en la forma legal que se ha utilizado para legislar.

El art.86 de la Constitución permite el uso del RD apelando a la “extraordinaria y urgente necesidad” de las circunstancias, sin que de ningún modo en este caso  esté concurriendo la necesidad de urgencia.

El citado Real Decreto ha sido aprobado un viernes 3 de agosto, justo antes de comenzar el periodo vacacional parlamentario para intentar soslayar discretamente el abuso legislativo que se está cometiendo. El Real Decreto legisla también acerca del reconocimiento de la situación de mujer maltratada haciendo innecesaria la intervención de la administración de justicia, ya que con un mero informe emitido por un funcionario municipal, asistente social o “cualquier otro título” este adquiere carta de validez. Esta norma convierte de hecho a los servicios sociales de los diferentes ayuntamientos en tribunales competentes en asuntos de familia, usurpando esa función a la propia administración de justicia.

Cuatro asociaciones de jueces han alertado de manera unánime contra esta usurpación de funciones.

Con la excusa de la urgencia se ha legislado para modificar a golpe de decretazo el propio articulado del Código Civil, algo que no ha sucedido nunca en los 200 años de historia de este compendio de leyes reguladoras de la sociedad , con la aprobación de este RD quedan recortados aspectos importantísimos de la patria Potestad, que podrá limitarse en el padre sólo por la palabra de una mujer que se diga maltratada, sin mediar ninguna intervención de la administración de justicia y siendo suficiente el informe favorable de un funcionario o asistente social.

Este decretazo además de vulnerar principios fundamentales de la Constitución española el Real Decreto está fomentando con dinero público el uso de la denuncia indiscriminada, perjudicando los intereses de la verdadera mujer maltratada que queda así completamente desprotegida y con acceso mucho más limitado a los recursos económicos que le podrían resultar necesarios.

Mi interpretación es que el RD 9/2018 vulnera varios artículos de la Constitución española, como el art. 14, sobre la igualdad, el art. 24 sobre el derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia, o el art. 26, sobre la prohibición de los tribunales de honor, que es de hecho en lo que se van a convertir los servicios sociales municipales.

Pero da igual, el gobierno del Sr Sánchez a golpe de “decretazo” escapa de todo tipo de razonamiento consensuado con expertos. Y como con este Real Decreto, antepone cualquier cosa a los intereses de las personas, para conseguir adeptos votantes, que le sigan manteniendo en el sillón.

El Presidente del Gobierno de España seguirá forzosamente en su necesidad de dar por obligación para poder seguir gobernando, teniendo que cumplir aquellos acuerdos que cerro para colocarlo en la Moncloa, y así poder seguir regalando a ritmo de 5.000 € al mes puestos de primera a familiares y amigos, por  si vienen mal dadas tener el riñón cubierto.