De la Riva defiende su desconocimiento sobre las 'comfort letter'

El exalcalde de Valladolid, el 'popular' Francisco Javier León de la Riva, se ha mostrado este martes sorprendido por la "insistencia" del Ministerio Fiscal sobre sus conocimientos acerca de las cartas de conformidad, durante su intervención en la vista celebrada en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el marco del caso 'Comfort Letter'.

"Es difícil justificar que el alcalde, ginecólogo de profesión, tenga que tener unos conocimientos económico-jurídicos que el interventor y el secretario han confesado que no tenían", ha aseverado León de la Riva, en declaraciones recogidas por Europa Press, antes de añadir que ambos cargos "reconocieron que era un documento que no se había utilizado nunca antes en el Ayuntamiento y que ellos tampoco conocían la transcendencia del mismo".

León de la Riva se ha sentado en el banquillo en el Palacio de Justicia de Burgos, sede del TSJCyL, después de que este órgano judicial aceptase celebrar una vista con la presencia de los tres acusados absueltos en el juicio del caso 'Comfort Letter'.

El objetivo de la vista, en la que los exconcejales del Partido Popular Alfredo Blanco y Manuel Sánchez han acompañado al exalcalde de Valladolid, era resolver el recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal contra la sentencia absolutoria.

Al final de la vista, León de la Riva se ha ratificado en las declaraciones prestadas, tanto ante el Juzgado de Instrucción, como ante la Audiencia Provincial de Valladolid en el juicio, y ha asegurado que las habría realizado bajo juramento, si no hubiese acudido al procedimiento como acusado y se le hubiera permitido hacerlo. "No he dicho otra cosa que no fuera la verdad", ha añadido.

El exalcalde ha reiterado su sorpresa ante la "insistencia" del Ministerio Fiscal en que él tenía que conocer lo qué era una carta de conformidad, cuando tanto en la fase de instrucción, como en la vista ante la Audiencia Provincial, el secretario general del Ayuntamiento y el interventor, que son los responsables de la legalidad y de las finanzas municipales, aseguraron que entonces desconocían también el alcance de las mismas.

Aunque de manera inicial se había convocado por providencia el pasado 5 de noviembre una vista para deliberación, votación y fallo recurso de apelación presentado por la Fiscalía de Valladolid contra la sentencia que absolvía a León de la Riva y los exconcejales 'populares' Alfredo Blanco y Manuel Sánchez de los delitos que se les imputaba, el Ministerio Fiscal presentó un recurso de súplica contra dicha decisión, lo que motivo que se fijase para este martes la vista pública.

Hechos probados

Durante la vista, el Ministerio Fiscal ha insistido en que existen hechos probados derivados, especialmente, de la prueba documental y ha advertido de la existencia de ciertas contradicciones en las afirmaciones que se recogen en la propia sentencia.

Además, ha insistido en que "no hace falta tener grandes conocimientos jurídicos" para conocer qué estaba firmando el exalcalde de Valladolid, sobre todo si se tiene en cuenta que rubricó hasta tres documentos en 2008, 2010 y 2011.

Desde el Ministerio Fiscal, asimismo, se ha destacado que existió un perjuicio evaluable de carácter "grave" para el Consistorio y se ha insistido en que en este caso se obró con "plena conciencia y voluntad".

La defensa, por su parte, se ha descartado cualquier tipo de "oscurantismo" en la gestión del exalcalde y los exconcejales en este caso, ya que se ha recordado que lo ocurrido apareció "hasta en cuatro medios de comunicación diferentes", y se ha manifestado que no existió desvío, ni ningún tipo de apropiación.

Asimismo, se ha reiterado que "no hubo voluntad de eludir ningún control" de carácter administrativo y se ha remarcado que el Ayuntamiento de Valladolid no ha sufrido ningún tipo de perjuicio.

La Fiscalía pedía nueve años de prisión y 33 de inhabilitación para León de la Riva por los delitos de falsedad documental y prevaricación administrativa, de los que fue absuelto por una sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid, al igual que sucedió con los dos exconcejales del PP que se sentaron junto a él en el banquillo.

Para Alfredo Blanco y Manuel Sánchez, la Fiscalía pedía 24 años de inhabilitación, en su condición de entonces de integrantes del Consejo de Administración de la SVAV, como autores de tres delitos de prevaricación pasiva o por omisión.