El déficit de Castilla y León se ha situado en 66 millones de euros hasta septiembre, lo que supone un 0,11 por ciento del PIB de la Comunidad, según los datos hechos públicos este martes por el Ministerio de Hacienda.

Esto representa un descenso de 89 millones de euros respecto al déficit registrado el mes anterior, cuando la necesidad de financiación de Castilla y León se situaba en 155 millones, el 0,25 por ciento del PIB.

Se da la circunstancia de que Castilla y León cerró el mes de septiembre en el año 2017 con un superávit de 92 millones de euros, lo que equivalía al 0,16 por ciento del PIB y la situaba entonces como la octava región española con mayor nivel de superávit en términos relativos.

En esta ocasión, doce comunidades autónomas registraron superávit hasta septiembre encabezadas por Canarias, con un 1,41 por ciento, seguida de Asturias (0,66 por ciento), País Vasco (0,65 por ciento), La Rioja (0,61 por ciento), Galicia (0,53 por ciento), Baleares (0,45 por ciento), Madrid (0,17 por ciento), Andalucía y Cataluña (0,15 por ciento en cada caso), Extremadura (0,12 por ciento), Cantabria (0,07 por ciento) y Aragón (0,05 por ciento).

Por el contrario, registraron déficit las demás regiones con la Región de Murcia a la cabeza con -0,51 por ciento, seguida de Comunidad Valenciana (-0,35 por ciento), Comunidad Foral de Navarra (-0,34 por ciento), Castilla-La Mancha (-0,32 por ciento) y Castilla y León (-0,11 por ciento).

A finales del mes de septiembre, las comunidades autónomas presentaron un superávit de 2.035 millones, frente al superávit de 481 millones registrado en el mismo periodo del año anterior. Según explica el Ministerio de Hacienda, esta evolución se debe fundamentalmente a la evolución de los ingresos, que crecen un 5,5 por ciento frente al menor aumento de los gastos (4,3 por ciento).

Entre los recursos, destaca el incremento de los ingresos impositivos, sobre todo los que recaen sobre la producción e importaciones, que se elevan un 7,7 por ciento. También el incremento del 5,8 por ciento registrado en las transferencias recibidas de otras Administraciones Públicas, principalmente las relacionadas con el sistema de financiación, con un incremento de recursos netos del 3,7 por ciento (2.897 millones de euros más).

En cuanto a los gastos, los consumos intermedios crecen un 2 por ciento, mientras que la remuneración de asalariados se incrementa un 3 por ciento (la mayoría de las comunidades han aplicado la subida del 1,5 por ciento con efectos retroactivos desde enero, así como el incremento adicional del 0,25 por ciento). Las transferencias sociales en especie crecen un 3 por ciento y la formación bruta de capital fijo un 4,4 por ciento.