Sarrión critica la "falta de ayudas y retrasos" en las subvenciones

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha desvelado este martes en el Pleno de las Cortes que el cierre del Presupuesto de 2018 obedece a un requerimiento realizado el pasado 18 de septiembre por la Secretaria de Estado de Hacienda con el fin de vigilar la evolución de los gastos.

Herrera ha respondido de este modo a una pregunta planteada ante el Pleno por el procurador de IU, José Sarrión, quien ha criticado que el cierre de los capítulos 6 y 7 del Presupuesto se realizada "por sorpresa" y "sin aviso".

El presidente de la Junta ha insistido en que este cierre es "algo cotidiano", ya que todos los años en los últimos meses y dependiendo de las circunstancias las administraciones toman medidas para ajustar "gastos e ingresos" y viene dada por la labor de supervisión que realizan otros organismos con el fin de velar por el cumplimiento en materia de estabilidad presupuestaria.

Tras esta explicación ha insistido en que hubo un requerimiento de la Secretaría de Estado, advertencia que se derivó en estas consecuencias.

No obstante, José Sarrión ha lamentado la situación que se deriva del cierre presupuestario como es que no se adelante el 35 por ciento de lo comprometido para las escuelas taller para cursos de formación y orientación, la "paralización" del PIE, "falta" de ayudas a ayuntamientos y "retrasos" en la concesión de determinadas subvenciones.

A pesar de esta reivindicación Herrera ha defendido que el Gobierno no es "fundamentalista" del control del déficit, ya que han acudido a la deuda cuando ha sido "necesario" para prestar servicios imprescindibles.

No obstante, Herrera ha aclarado que el cierre Presupuestario afecta "lo menos posible" a la actividad diaria, ya que el grueso sigue con "total normalidad", el pago a proveedores tampoco se ve afectado y se "siguen ejecutando inversiones".

Por último, el presidente de la Junta ha lamentado que estas situaciones se derivan de las "insuficiencias" del modelo de financiación y evidencian la necesidad de una "reforma profunda" del sistema para "paliar" la "carencia" de financiación de los servicios públicos.