Podemos aboga por regular la figura del Procurador del Común
Podemos Castilla y León presentará una proposición de ley (PL) en las Cortes para modificar la Ley que regula la figura del Procurador del Común para intentar que sus resolución sean "más vinculantes", así como para que su elección se realice cada cinco años en lugar de cuatro.
Esta ha sido la propuesta que ha trasladado este jueves el secretario general de Podemos Cyl, Pablo Fernández, al Procurador del Común, Tomás Quintana, durante la reunión en la sede de dicha institución en la capital leonesa.
Fernández ha explicado que desde la formación morada quieren "reforzar" la figura del Procurador del Común a través de dos ejes. El primero, "es que no quede sujeto a las veleidades políticas de unas elecciones celebradas cada cuatro años y se renueve cada cinco".
En segundo lugar, el secretario autonómico de Podemos ha señalado que a través de la PL, que registrarán mañana en las Cortes, intentarán que "sus resoluciones tengan un carácter más vinculante que el actual", ya que, según ha advertido, "se ha detectado que muchas administraciones incumplen y desatienden las resoluciones del Procurador del Común".
Por eso, Fernández precisa que en la PL "se propone que en las Cortes se pueda reprobar públicamente al consejero que incumpla sistemáticamente los requerimientos del Procurador del Común". De esta manera, creen que su figura estará "más presente" en Parlamento autonómico y "dará un toque de atención serio y real a quienes incumplan sus recomendaciones".
Y es que, el Procurador del Común ha recibido en el año 2017 en la provincia de León un total de 583 quejas, de las que 274 se refieren a la Administración autonómica y 223 a las administraciones locales. Las quejas referidas a las Administraciones locales se refieren mayoritariamente a las dificultades de acceso a la información local por parte de los concejales, pero también por parte de los propios vecinos.
Se trata de quejas que provienen del conjunto de la Administración Local y que guardan relación con el acceso a la función pública (23 por ciento), Fomento (15 por ciento), Dependencia (8 por ciento) y Sanidad (7 por ciento) principalmente, según ha informado la agrupación política a Europa Press.
Además, la mayor parte de las citadas reclamaciones referidas a la función pública abordan la necesidad de dar cumplimiento a los preceptos de igualdad, mérito y capacidad para el acceso a los puestos de trabajo de la Administración. Las que afectan a Fomento se refieren, mayoritariamente, al desarrollo urbanístico.
Entre las resoluciones, destacan las quejas sobre la demora del Ayuntamiento de Astorga en poner en marcha la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, algo que reiteradamente ha hecho llegar el propio Procurador al Ayuntamiento, y a la Junta de Castilla y León para acelerar este necesario trámite para la disciplina urbanística de la localidad.