Un guardia civil de Valladolid destinado en un pueblo de la provincia de Zaragoza figura entre los dieciséis investigados por un Juzgado de la capital del Pisuerga como presuntos autores de delitos contra la salud pública y de pertenencia a grupo criminal, por distribuir medicamentos ilegales para mejorar las capacidades de los aficionados al fitness.
En la operación, que se desarrolló en el mes de diciembre y que investiga el Juzgado de Instrucción número 3 de Valladolid, se incautaron unas 25.000 dosis de sustancias anabolizantes, 700 gramos de hachís, 15 gramos de marihuana, 53 de cocaína, 24.000 euros en efectivo y diferentes dispositivos móviles y electrónicos, entre otros efectos.
Entre los investigados, según informan a Europa Press fuentes jurídicas, figura D.L, un agente vallisoletano de la Guardia Civil destinado en una localidad de la provincia de Zaragoza, cuyo nombre aparece en las escuchas telefónicas como persona que, supuestamente, hizo al menos un pedido de estos productos al monitor de gimnasio de Valladolid Manuel J.J, en cuyo domicilio éste había montado presuntamente un 'consultorio médico' para suministrar las sustancias, y que recibió el funcionario de la Benemérita en el propio cuartel donde presta servicio.
La policía sospecha de que la mercancía la encargaba el agente para su distribución a terceras personas, en concreto entre miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, algo que tendrá posibilidad de aclarar el miembro del Instituto Armado el próximo día 28 de febrero, cuando responda por videoconferencia desde el Cuartel de la Guardia Civil en la capital maña a las preguntas que le serán formuladas, a partir de las 11.30 horas, desde el Juzgado de Instrucción 3 de Valladolid.
Así, además de investigado por presunto delito contra la salud pública, en las pesquisas también se le atribuiría otro delito de omisión del deber de perseguir dicho delito, dada su condición de miembro de la Guardia Civil.
Para el día 28 de febrero están igualmente previstas otras cinco testificales, dos de ellas también por videoconferencia, así como otras seis más un día antes, el 27 de febrero, en todos los casos de las doce personas que figuran como investigadas y que se suman a otras cuatro que son las únicas que hasta la fecha pasaron a disposición judicial en diciembre y que, antes de quedar en libertad con cargos, se acogieron a su derecho de no declarar.
La policía sostiene que los detenidos componían una organización criminal que, además de dedicarse a esta actividad, traficaba con sustancias estupefacientes principalmente cocaína.
El principal investigado disponía de un supuesto "consultorio médico" en su propio domicilio de Valladolid, donde suministraba las sustancias medicamentosas a sus clientes. Allí mismo diseñaba las terapias y les suministraba los productos para los denominados 'ciclos', es decir, por vía oral o intravenosa.
La investigación comenzó hace unos seis meses, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de una organización criminal dedicada a la importación, almacenamiento y venta de sustancias anabolizantes, así como a la venta al por menor de sustancias estupefacientes.
Tras varias gestiones, los investigadores constataron que el centro neurálgico de operaciones se encontraba en Valladolid, ciudad desde donde dirigían la adquisición, almacenamiento y suministro de medicamentos dopantes destinados al incremento del rendimiento y la masa muscular de deportistas.
Los investigados compaginaban esa actividad delictiva con la venta al por menor de sustancias estupefacientes, especialmente cocaína, ocultando sus actividades ilícitas bajo una estructura legal de venta de productos nutricionales.
Vía Portugal
El grupo desmantelado tenía un claro 'modus operandi' y desarrollaba su actividad delictiva en varias fases. La adquisición de los medicamentos se realizaba por diferentes vías, siendo la principal y la más relevante de todas ellas la que les abastecía desde Portugal, aunque también utilizaban otros distribuidores nacionales a un nivel inferior.
Posteriormente, los productos eran almacenados en los propios domicilios, trasteros o garajes para ser distribuidos por todo el territorio nacional, entregándolos en mano o a través del envío de paquetería.
Tras analizar toda la información obtenida, los agentes procedieron al arresto de los supuestos implicados y al registro de diez inmuebles en Valladolid donde intervinieron unas 25.000 dosis de sustancias anabolizantes, 700 gramos de hachís, 15 gramos de marihuana, 53 gramos de cocaína, 24.000 euros en efectivo y diferentes dispositivos móviles y electrónicos, entre otros efectos.
El principal responsable de la organización, que era uno de los cuatro que se negó a declarar, utilizaba su propio domicilio para citar, diseñar la "terapia" e incluso inyectar los productos a los clientes, funcionando como un auténtico "consultorio médico" para la mejora de las condiciones físicas de los deportistas.
En las inmediaciones de la vivienda la policía encontró jeringuillas y diverso material que estaban depositados en contenedores.