Los inmigrantes alertan del crecimiento de tendencias xenófobas

El colectivo inmigrante de Castilla y León ha reivindicado una convivencia "armónica" en la que se sientan ciudadanos "plenos de derechos" en clave de tolerancia, respeto e igualdad, frente al crecimiento de "claras tendencias xenófobas", y ha defendido su aportación de "futuro" a la Comunidad como una de las soluciones "más efectivas" contra el envejecimiento y la despoblación.

Así lo han reclamado este sábado los inmigrantes que residen en la región durante la lectura de una manifiesto en la celebración del IV Encuentro 'Castilla y León, Tierra de Acogida, un acto que ha estado liderado por la presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, y al que han asistido 680 inmigrantes, 50 de ellos refugiados, procedentes de más de 40 países.

En representación de Cruz Roja Española, ha intervenido la colombiana Lina Ximena Álvarez, quien ha destacado, en declaraciones recogidas por Europa Press, que el aumento de inmigrantes que se ha producido en la Comunidad ha ayudado a frenar la "incesante" pérdida poblacional y ha animado a la sociedad a sumarse al compromiso conciliador de una integración "satisfactoria", en la que los inmigrantes sean ciudadanos "plenos de derechos" para una convivencia pacífica basada en "el respeto, el apoyo mutuo, la tolerancia y la interculturalidad".

El salvadoreño Guillermo José Aldana, también en nombre de Cruz Roja, ha reiterado que la inmigración representa una de las "mejores herramientas" para confrontar el déficit de la Seguridad Social y será la vía "más efectiva" para luchar contra el problema de las pensiones públicas, puesto que la mayoría de personas que llegan al país se encuentran en edad de trabajar y fértil.

Asimismo, Aldana ha pedido que la implicación del colectivo migrante sea mayor en la toma de decisiones y la participación social para poder promover el empleo "sin prejuicios" y así acabar con la segregación ocupacional y facilitar la solicitud de procesos de homologación de titulaciones, para frenar una realidad en la que la mayoría de los inmigrantes ocupan puestos de trabajo en sectores "poco regulados" y de "marcado carácter temporal" a pesar de ser jóvenes y tener formación.

Desde Atalaya Intercultural, Hasatou Jalow, procedente de Gambia, ha lamentado la tendencia xenófoba que convierte a la inmigración y la diversidad en un "chivo expiatorio" que "enciende alarmas sociales y justifica la creación de muros y de proteccionismos".

"Hay que preguntarse por el envejecimiento de las sociedades occidentales, el incremento de los prejuicios sobre las personas migrantes y la instrumentalización de este colectivo en las campañas electorales o en el debate político", ha aseverado, para cuestionar por qué existe un discurso anti-migración que tiene tanto eco. Así, ha solicitado un Plan de Ciudadanía e Integración a los ayuntamiento de la Comunidad y que el migrante sea considerado un ser humano con derechos "inalienables" de forma independiente a su estatuto jurídico.

Sobre el derecho a la asistencia sanitaria, la senegalesa Ina Mendes, en representación de Asain, ha criticado que las personas inmigrantes de la región carezcan de una cobertura sanitaria a falta de un documento que garantice que no tienen derecho a ésta en su país de origen, cuya petición conlleva "múltiples" dificultades administrativas y económicas", por lo que ha reclamado una asistencia que proteja a la sociedad en general.

En nombre de ACCEM, la ucraniana Maryna Honchar ha abordado la necesidad de la mejora de la integración laboral del colectivo como una forma de favorecer la inclusión social y ha resaltado que es un ámbito al que "debe prestarse especial atención" y asegurar medidas que tengan en cuenta el acompañamiento, así como la importante labor de las Entidades Sociales.

La "crisis" de los refugiados también ha sido abordada en el acto por parte de la marroquí Aida Habbaz, desde Fundación Cauce, quien ha criticado que los Estados usen la excusa del control migratorio a la hora de justificar prácticas "poco respetuosas" con los derechos humanos o al denegar el acceso a servicios básicos a los sin papeles, como ha realizado la Unión Europea en esta situación.

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