El Juzgado número 4 de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid ha suspendido cautelar y parcialmente el concurso de traslados abierto y permanente para funcionarios de la Junta de Castilla y León en lo que se refiere a la parte que afecta a 500 puestos vacantes exclusivamente de sanitarios.

El auto, dado a conocer por la Unión Sindical de Castilla y León (USCAL) en un comunicado recogido por Europa Press, suspende la ejecución de la resolución de 11 de octubre de 2018 de la Viceconsejería de Función Pública y Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León, pero en lo que se refiere exclusivamente a la resolución definitiva del concurso convocado respecto a los solicitantes de puestos adscritos a las escalas sanitarias de los cuerpos de la Administración Especial.

USCAL ha recordado que su recurso se presentó contra un concurso en el que se ofertan 6.000 puestos de trabajo y en el que participan más de 5.800 funcionarios de los Cuerpos de Administración General, Especial y Sanitaria y ha afirmado que, aunque el auto sólo afecta a 500 sanitarios, "indirectamente" se verán afectados todos los puestos compartidos entre la Administración General y Especial, por lo que la resolución definitiva de más de 1.000 puestos de trabajo tendrá que esperar a que la sentencia del contencioso planteado por USCAL sea firme o se levante la suspensión.

En esta línea, ha recordado que recientemente otro auto del Juzgado número 3 también suspendía cautelarmente la oferta de las 31 plazas ofertadas para los letrados de la Junta por la misma causa, que radica en la dependencia de estas plazas con el catálogo de puestos tipo anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).

A este respecto, el sindicato ha explicado que ya son cuatro las sentencias que anulan el acuerdo 42/2017, de 31 de agosto, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el catálogo de puestos tipo de personal funcionario al servicio de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y de sus Organismos Autónomos, algo que recuerdan que anunciaron durante toda la tramitación de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) y del concurso abierto y permanente.

A pesar de ello, ha criticado que la Consejería de la Presidencia se haya "obstinado" en tramitar de nuevo el catálogo, esta vez en forma de Decreto, pero adoleciendo de los mismos errores de base que les ha llevado a los tribunales de justicia, y que de seguir por esos cauces, les obligará de nuevo a recurrirle.

USCAL ha apuntado que el Catálogo de Puestos Tipo es la base fundamental con la que se modificaron las actuales Relaciones de Puestos de Trabajo (que también ha recurrido el sindicato) y que sirven para ofertar los 6.000 puestos de trabajo vacantes objeto del concurso abierto y permanente que dos juzgados diferentes suspenden parcial y "encadenadamente".

El sindicato ha recordado que la de CESM-USCAL es la cuarta sentencia del TSJCyL que por defectos de forma como "inmotivación documental e indebida tramitación procedimental", y sin entrar en el fondo de las cuestiones planteadas, anula por cuarta vez consecutiva un catálogo que, no solo en opinión de esta organización, sino del juzgado, estaba "cargado de despropósitos, irregularidades, limitaciones, y lo más grave, arbitrariedades".

En vista de ello, ha afirmado que no comparten con la Junta los recursos ante el Supremo de las sentencias que anulan el catálogo de puestos tipo "con el único fin de demorar su ejecución, y mucho menos las prisas" con las que se pretende tramitar de nuevo el catálogo con la presentación en las nuevas mesas de negociación de un conjunto de documentos que "por su importancia, volumen y contenido requieren un análisis sosegado por parte de todos los funcionarios y sus representantes sindicales".

A su juicio, la inseguridad jurídica a la que lleva la Consejería de la Presidencia a sus 15.000 funcionarios "no tiene precedente" y ha censurado una "errática" política de personal se "derrumba como un castillo de naipes", algo que considera que "tira por los suelos" tres años y medio de trabajo sindical.

"Lo más grave", en opinión de USCAL, es que "desorienta y desasosega" a los empleados públicos de Castilla y León, que "lejos de ver incentivado su trabajo diario con decisiones justas, firmes y coherentes, están viendo cómo se minusvalora su esfuerzo y profesionalidad con decisiones rayanas en la arbitrariedad".