Las acusaciones piden la clausura inmediata de los crematorios de El Salvador

Acusaciones particulares en el caso del fraude funerario destapado a finales de enero de 2018 en el Grupo El Salvador, donde a lo largo de dos décadas se habría estado dando el 'cambiazo' a los ataúdes de alta gama antes del proceso de incineración, para luego reutilizarlos con otros clientes, han exigido vía judicial la urgente clausura de las instalaciones objeto de investigación.

Así lo han solicitado los bufetes de abogados Bárbara Royo y Castellana 266 a través de un escrito, al que tuvo acceso Europa Press en fuentes jurídicas, en el que instan a la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Valladolid, encargada del caso, a que proceda de forma urgente a la clausura temporal de los crematorios de la empresa El Salvador, hasta que se garantice que estas prácticas no se pueden volver a cometer.

La petición formulada se basa en la "extrema gravedad de los hechos acontecidos y la atrocidad de los delitos que se investigan, donde presuntamente se produjo una estafa continuada durante más de 20 años en concurso con otros delitos, en la que se cambiaron con absoluta impunidad y según fuentes policiales aproximadamente el 95 por ciento de los ataúdes en cremaciones, existiendo incluso cambios en la entrega de las cenizas".

Y es que la letrada Bárbara Royo recuerda además en su escrito que el exempleado condenado por extorsionar a la empresa funeraria para lograr una mayor jubilación y a partir del cual se destapó el presunto fraude declaró en su día en sede judicial que después de su jubilación, en febrero de 2015, y que las prácticas delictivas se seguían cometiendo.

"Lo que no se entiende bien, a partir de esta manifestación, es que a día de hoy se sigan realizando cremaciones en esta empresa con absoluta impunidad. Esta parte no puede dejar de obviar tampoco que alguno de los actuales investigados son empleados de esta empresa, que presuntamente llevan años realizando estas prácticas y se encuentran en libertad en estos momentos", añaden las acusaciones.

Por ello, los dos referidos despachos persisten en su petición de que se suspenda cautelarmente la actividad en los crematorios del grupo investigado y en el supuesto de no ser atendida tal solicitud plantean subsidiariamente, "con el único fin de asegurar que se cumpla de forma escrupulosa la legislación vigente respecto a sanidad mortuoria y que las cenizas se entreguen a los familiares con la máxima garantía y seguridad", una intervención adecuada de la empresa que asegure que estas "prácticas abominables" no se vuelven a producir. "Todo ello con la intención de salvaguardar los derechos de los trabajadores y posibles acreedores de la misma".

En la actualidad figuran dieciséis personas investigadas por estos hechos, entre ellos el propietario del negocio, Ignacio M, y sus dos hijos, del mismo nombre, y Laura, todos ellos en prisión, junto con otros empleados del negocio.

El fundador del grupo se encuentra en prisión provisional, comunicada y sin fianza, mientras a su hijo Ignacio y su hija Laura la juez del caso ha impuesto fianzas de 800.000 y 400.000 euros, respectivamente, para poder recuperar la libertad.

https://www.noticiascyl.com/valladolid/sociedad-valladolid/2019/02/19/cambio-importante-para-los-posibles-afectados-en-la-trama-de-los-ataudes/

https://www.noticiascyl.com/valladolid/sociedad-valladolid/2019/02/13/royo-ahora-muchos-dudan-sobre-si-las-cenizas-son-de-su-familiar/