CSIF aprieta a la Junta por los derechos del funcionariado

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha convocado este martes una concentración frente a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca para evidenciar su hartazgo ante las promesas incumplidas por parte de la Administración desde el año 2015. Para el sindicato, la Junta “no puede retrasar más” la negociación del acuerdo para recuperar las condiciones laborales de los empleados públicos alcanzado entonces.

Entre las reivindicaciones del sindicato destaca la recuperación de la jornada de 35 horas y, en el caso de los docente, la reducción del horario lectivo. Además, reclaman que existan sustituciones cuando sea necesario y que se planteen ofertas de empleo suficientes para incrementar las plantillas. Además, piden participación en la elaboración de la Ley de la Carrera Profesional que “ha sido presentada por el PP sin pasar por la Mesa de Negociación”.

Una propuesta en la que aprecian un “agravio comparativo” para los docentes por obligarlos a escoger entre la carrera profesional horizontal o los sexenios. “Debemos diferenciar porque la carrera profesional es un reconocimiento a la trayectoria y el esfuerzo evaluables, y lo sexenios, son un complemento formativo automático”, aseguran desde el sindicato. Por ello solicitan que el profesorado pueda otra en convocatoria extraordinaria a la carrera profesional.

CSIF recuerda, asimismo, que el 2018 ha sido un año repleto de movilizaciones. Entre ellas, ante la Consejería de Presidencia, la Delegación de Valladolid, las Cortes Regionales... “y aún no hemos conseguido nada”. En este sentido, el sindicato ha mantenido distintas reuniones con los partido políticos representados en Cortes para separa la carrera profesional y los sexenios y, por el momento, la norma está en fase de enmiendas.

Además, el sindicato ha salido a la calle porque quiere “recuperar las ayudas de acción social que nos robaron y la negociación de los fondos adicionales”. Se refieren a una serie de prestaciones que los empleados públicos disfrutaban con cargo a un fondo de acción social de la Junta para sus estudios y los de sus hijos, guardería y educación infantil, en situaciones excepcionales o para adquisición de prótesis. “Esto se aceptó como medida extraordinaria para reducir el déficit, pero según el Gobierno hay un nuevo escenario y creemos que ya es hora de recuperar todo lo que hemos perdido”.