El Partido Animalista PACMA ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que notifique el auto que paraliza la caza a todos los grupos políticos que pretenden modificar la ley de caza con el fin de reclamar que se depuren responsabilidades sin con el nuevo texto se pretende permitir una actividad "paralizada" por orden judicial.

Así lo ha afirmado la presidenta de PACMA, Silvia Barquero, quien ha acudido a las Cortes de Castilla y León este miércoles en el día en el que se dará luz verde a una ley que pretende "blindar" la caza en la Comunidad y que se pueda desarrollar esta actividad ahora paralizada.

Barquero considera que los se debe "obediencia" a este auto que paraliza una "actividad letal para las vidas de los millones de animales que están en juego" y ha reclamado que se depuren responsabilidades si con esta modificación de ley de caza se pretende permitir una actividad que se ha paralizado por orden judicial.

"No entendemos como a nivel político se pretende burlar una orden judicial que, a través de medidas cautelares, ha exigido la paralización de la caza", ha señalado la presidenta del PACMA, quien ha calificado de "incomprensible" que las Cortes no acaten y desobedezcan una decisión judicial "que ha quedado bastante clara".

A este respecto, ha recordado que la decisión se basa en la falta de criterios científicos que avalen una actividad cinegética que considera que podría "poner en juego" la conservación de las especies animales de toda Castilla y León.

Así, considera desde todo punto de vista "incomprensible" y por eso ha advertido de que llegarán "hasta las últimas consecuencias" por la vía judicial para impedir "que los políticos se pongan del lado del lobby de los cazadores", que a su juicio tienen unos intereses "muy particulares" pero que no es el interés general que ha afirmado que PACMA defiende y que consiste en "preservar el bienestar de los animales y la naturaleza".

Barquero ha insistido en que, "bajo su criterio", lo que prevalece es el auto que paraliza la caza, no se puede desarrollar la actividad y la ley que se va a aprobar es "papel mojado" porque se siguen incumpliendo las directivas europeas que exigen, para permitir la actividad cinegética de control poblacional, que se sepa el número de animales de cada especie, el territorio en que se distribuyen y la tasa de reproducción y, al carecer de estos criterios, "no se puede burlar la ley a través de una modificación legal".

"Advertencia"

Barquero ha advertido de que el escrito presentado ante el Tribunal castellanoleonés es un "paso previo" en el que se advierte a los grupos, al presidente de las Cortes, Ángel Ibáñez, y al de la Comunidad, Juan Vicente Herrera, de que lo que están haciendo podría constituir "un desacato a la autoridad y las órdenes judiciales" y creen que es "lo suficientemente grave" para que PACMA "ponga todo su empeño en que se cuumpla la ley".

En esta línea, ha señalado que hay costumbre en España de incumplir directivas y que se paguen sanciones, pero en este caso "lo que está en juego es la vida de miles de animales que pueden acabar abatidos bajo las balas de los cazadores" y quieren demostrar su compromiso con una causa que creen que cada vez tiene más apoyo, "que es la de respetar vida de animales y directivas europeas que preservan la biodiversidad en esta Comunidad".

En cuanto a las manifestaciones de cazadores o políticos que indican que hay una jueza del Tribunal que es sensible a las reivindicaciones de los animalistas, Barquero considera "terrible" que se ponga en "tela de juicio" al poder judicial, lo que supone una falta de democracia y pone en cuestión la independencia de los tres poderes que existen en el país y ve "sorprendente" que esta cuestión no se ha llevado a una instancia más alta.

Además, ha asegurado que no les va a "temblar el pulso" a la hora de denunciar irregularidades que a su juicio se cometen y ha criticado que se "señale con el dedo" a los jueces que dictan autos que paralizan actividades "que son irregulares" porque "es claro y obvio" que en Castilla y León no se respetan las directivas europeas para asegurar la biodiversidad y preservación de los ecosistemas y animales.

"Independientemente de lo que digan los políticos al servicio de los cazadores tiene que haber alguien que alce la voz para que haya justicia de verdad", ha agregado.

De la misma forma, ha apuntado que lo que ha conseguido la formación es una "decisión histórica", con un auto que paraliza la caza, aunque "es verdad que temporalmente", y ha aclarado que su objetivo es prohibir la caza, igual que en otros países.

Barquero ha explicado que consideran que la caza es una actividad violenta, que lucra a "unas pocas personas" pero que no es el sostén del entorno rural del que se quieren "apoderar" porque éste tiene "muchísimas" maneras de sobrevivir y prevalecer y no tiene que ser "a costa de la vida de animales y de prácticas tan violentas".

Además, ha añadido que la caza no sólo cuesta la vida a millones de animales, sino que hay decenas de personas que fallecen en accidentes de caza todos los años, pero además se contamina el campo con 6 millones de toneladas de plomo de las armas.