Castilla y León se ha convertido este miércoles en la primera Comunidad Autónoma de España en aprobar una Ley de Conciliación y de Eliminación de la Brecha Salarial, una norma, como ha defendido el consejero de Empleo y de Familia e Igualdad de Oportunidades, Carlos Fernández Carriedo, "innovadora, comprometida" y que genera "nuevos derechos", a pesar de lo que únicamente ha sido respaldada por el PP en las Cortes frente al voto en contra de PSOE y Podemos por no "ver avances" y la abstención de Cs y UPL.
Fernández Carriedo ha defendido esta norma en una intervención en la que ha agradecido de forma especial el trabajo realizado por la exconsejera de Familia e Igualdad de Oportunidades Alicia García, quien ha cesado de este cargo para concurrir como cabeza de lista del PP al Congreso por Ávila. No obstante, García sí ha seguido el debate de esta norma desde su escaño como procuradora en las Cortes.
En su intervención, el consejero ha asegurado que la Ley que hoy ha salido adelante aborda "de manera global" dos "grandes retos" como son el derecho a conciliar y la eliminación de la brecha salarial y de género. Además, como ha reiterado el consejero, con esta norma la Comunidad se convierte en la "primera" de España en presentar una norma de estas características.
"Se trata de una nueva ley innovadora y comprometida para seguir avanzando unidos en conciliación y corresponsabilidad, que supone la generación de nuevos derecho, mejorando nuestro sistema de bienestar y de protección social, y con el objetivo declarado de alcanzar una igualdad retributiva real y efectiva, que sea el principio del fin de cualquier tipo de desigualdad en el empleo", ha defendido Fernández Carriedo.
No obstante, el texto normativo no ha contado con el respaldo de PSOE y Podemos, cuyos procuradores han insistido en que la norma no avanza en los objetivos planteados. Sin embargo, esta Ley ha contado con la abstención de Ciudadanos que la enmarca dentro de la "lucha por la igualdad" y la del procurador de UPL, Luis Mariano Santos, "no mejora la Ley estatal".
La procuradora socialista Ana María Muñoz de la Peña ha insistido en su intervención ante la Cámara en que la Ley que hoy ha salido adelante está "obsoleta" antes de entrar en vigor, tras lo que la ha calificado de "rancia" y con "planteamientos viejos y anticuados". "No hace nada par avanzar en derechos", ha lamentado la procuradora del PSOE.
Además, Muñoz de la Peña ha lamentado que se relaten medidas a pesar de rechazar el origen de los problemas, ya que, como ha defendido, la "brecha salarial" genera una "discriminación" para las mujeres durante toda su vida y, además, pasa factura al reflejarse "en las pensiones".
"La precariedad tiene el nombre de las mujeres, igual que la segregación, los salarios indignos, sin cotizar, no tienen desempleo, ni pensión y son vulnerables a abusos y acoso", ha lamentado la procuradora socialista quien la aseverado que "la corresponsabilidad no se impulsa, se implanta".
Asimismo, ha relatado que la Ley que ha propuesto la Junta no "tiene imperativos" si no que está plagada de "principios". "No es más que una declaración de intenciones sin fuerza normativa, no concreta derechos", ha lamentado, tras lo que ha insistido en que la normativa básica estatal supone un "jaque mate" a la Ley autonómica porque ésta si contiene "medidas firmes y contundentes".
Por su parte, la procuradora de Podemos Laura Domínguez ha insistido en que se trata de una Ley que "no es buena" y "no es feminista" porque no incluye medidas que avancen en igualdad y se centra en otorgar "subvenciones" a empresas de "forma indiscriminada".
Finalmente, la procuradora de Ciudadanos Belén Rosado sí ha reconocido que se trata de una Ley pionera y, a pesar de la abstención de su grupo, ha reconocido que avanza en la eliminación de la brecha salarial. "Hay mujeres de izquierdas, de centro y de derechas pero todas somos mujeres y luchamos por lo mismo, la igualdad", ha concluido.
La ley
La norma se nutre de 86 acciones, 51 de conciliación, 23 para la eliminación de la brecha salarial y otras doce de carácter transversal o general, con un coste derivado de la implantación de 121,5 millones, de los que cerca de seis corresponde a nuevas acciones.
Entre algunas de las medidas que se pondrán en marcha figura promover el aumento de padres que cogen permisos y equiparar los de los padres en el ámbito público de las cuatro semanas actuales con el de las 16 de máximo a las que pueden acceder las madres, algo que la Administración se hará de forma "progresiva" para fomentar que en las excedencias y reducciones de jornada participen más los hombres.
Por otro lado, las deducciones fiscales irán encaminadas al cuidado de menores en centros pero también en domicilios o el fomento del uso de permiso de maternidad cedido por las madres al otro progenitor.
El texto tiene da "prioridad" al ámbito rural, para lo que trata de dirigir medidas al fomento de la natalidad para evitar la despoblación, establecer el impulso a la creación de centros infantiles de cero a tres años, nuevas formas de cuidado de personas o el acceso prioritario y atención a las particularidades de personas y familias que residen en el medio rural.
La norma incorpora un concepto "amplio" de conciliación, que otorga "especial importancia" a la sensibilización y formación, que impulsa la innovación social y aprovecha las nuevas tecnologías para fomentar la conciliación. También apuesta por avanzar desde unos horarios más "racionales y flexibles", fomentar el teletrabajo, tener en cuenta la igualdad a la hora de establecer categorías laborales o en el acceso a puestos de responsabilidad en el ámbito laboral.
En el ámbito de la empresa privada, se busca fomentar la inclusión de estas medidas en la negociación colectiva y la adhesión en los convenios de cláusulas de igualdad, al igual que en los contratos con la Administración.
Además de las citadas medidas la Ley recoge subvenciones para compensar la disminución de ingresos por reducción de la jornada laboral, a empresas que ofrezcan mejoras de horario o para contrataciones, además de cláusulas sociales en las bases de ayudas para empresas, el fomento del teletrabajo en la Administración o formación a distancia.
También se contemplan iniciativas en el ámbito educativo que incidan en la conciliación así como la formación de profesorado en estas materias, además de la flexibilización de horarios en centros educativos o, en el caso de los Servicios Sociales, en los centros de día o residenciales.