Este sábado, 30 de marzo, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la derogación de la normativa de las juntas vecinales, aprobada el año pasado por el entonces ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, que limitaba el ejercicio de la función de secretario en las entidades locales menores.
El real decreto que publica el BOE reconoce que es “inviable en la gran mayoría de los casos” que ejerzan la función de secretarios en las juntas vecinales funcionarios de habilitación nacional del ayuntamiento correspondiente ya que existen municipios que “pueden tener más de 40” entidades locales menores.
El texto también considera de “urgente necesidad” la adopción de esta medida con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica “debido a los conflictos que se pueden generar tras la celebración de las elecciones locales”.
El real decreto cifra en 3.704 el número de pedanías existentes en España, de las cuales más de 1.200 se encuentran en la provincia de León.
“El Gobierno de Pedro Sánchez cumple con las pedanías leonesas y arregla los destrozos del PP” Así ha reaccionado el secretario general del PSL-PSOE, Javier Alfonso Cendón, a la publicación, este sábado en el Boletín Oficial del Estado, del real decreto que viene a derogar la normativa aprobada el pasado año por el entonces ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, que limitaba el ejercicio de la función de secretario en las entidades locales menores.
“El Ejecutivo del PSOE cumple lo que promete y garantiza la supervivencia de las juntas vecinales con el Real Decreto-ley 10/2019, que permite mantener viva la figura del secretario-vecino, como se venía haciendo hasta que el pasado año el PP adoptó la medida de limitarlo a funcionarios de carrera, lo que evidencia su profundo desconocimiento sobre el medio rural en general y sobre la provincia de León en particular”, manifestó Cendón.
El líder de los socialistas leoneses también destacó que lo aprobado este viernes por el Consejo de Ministros y publicado ya en el BOE, además, prorroga para 2019 el destino del superávit de las comunidades autónomas y de las entidades locales para inversiones financieramente sostenibles, “algo que los ayuntamientos estaban esperando como agua de mayo”.